Joaquín Meliñir, representante del lonko de la Comunidad Quinquen; Gustavo Paillamanque, de la Comunidad Indígena Maicolpy y representante de la Asociación Mapu Lahual de Osorno; y Pablo Cayul de la Comunidad Pacunto Pedregoso de Lonquimay, junto al abogado y codirector del Observatorio Ciudadano, José Aylwin, integrante del Consorcio ICCA, entregaron ayer ante la comisión de Medio Ambiente del Senado -que preside el senador Patricio Walker- sus puntos de vista respecto al proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Boletín N°9.404-12).

El primero en intervenir fue José Aylwin, quien dio a conocer distintas directrices del derecho internacional que no han sido consideradas por el proyecto de ley, afectando derechos humanos de pueblos indígenas, así como la ausencia de consulta previa frente a una iniciativa que debió ser consultada con estos pueblos en su etapa prelegislativa, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, ratificado y vigente en Chile. Por lo que dicho proyecto adolece “de problemas de forma y fondo”, aseveró.

Entre las razones de fondo, Aylwin destacó que “el mismo no da cuenta de una visión más moderna de conservación, ni de los aportes a la conservación que las comunidades indígenas vienen desarrollando ancestralmente, reconocido expresamente por la Convención de Biodiversidad en su artículo 8j, que ordena respetar, preservar y mantener las área de conservación indígena, la que garantiza a la vez su derecho participar en los beneficios”, señaló. En este sentido, recordó además que varios parque nacionales se superponen con tierras ancestrales y áreas de conservación indígenas, como el Parque Lauca, emplazado en un 90% en territorio aymara; Parque los flamencos, en territorio licanantay; Parque Villarrica, en territorio mapuche; y Parque O’Higgins, en territorio kawescar.

Asimismo, recordó que la UICN reconoce la gobernanza compartida y como áreas protegidas aquellos territorios indígenas de conservación, también que ésta plantea -haciéndose eco del Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas- la necesidad de hacer restitución de esas tierras, por lo que “no se deberían crear más áreas protegidas por parte del Estado en territorios indígenas, sin su consentimiento previo, libre e informado, y que cuando se está ante tierras de ocupación tradicional, debe haber restitución de las mismas. Más aún cuando el 80% aproximadamente de las Área Protegidas existentes en el país, son tierras de propiedad y posesión indígenas”, agregó.

Finalmente, frente ante a las figuras gestión y vigilancia compartida, Aylwin planteó que “parece bien que el proyecto de ley se haga cargo de reglamentar la gobernanza de privados de áreas protegidas, pero no se entiende que no sea el caso tratándose de pueblos indígenas, el cual, de acuerdo a las directrices entregadas y del Convenio 169, debiera considerar área de co-manejo y gobernanza indígena en tierras de ocupación tradicional conservadas por estos pueblos, más aún cuando muchas son áreas de gran significación espiritual, tampoco reconocidas por el proyecto. Si hay concesión a las comunidades locales, no se ve porque no las haya para pueblos indígenas”, finalizó.

 

Experiencias indígenas de conservación

Tras estas referencias al marco general de derechos indígenas y directrices de biodiversidad aplicables a estos pueblos, se dieron a conocer experiencias exitosas desarrolladas por comunidades y organizaciones indígenas de las comunas de Lonquimay, Quiquen y Osorno.

Joaquín Meliñir, a nombre de la Comunidad Quinquen, compuesta por 52 familias mapuche pehuenche en la Araucanía andina, destacó que “la comunidad ha hecho significativos aportes a la conservación cultural y la biodiversidad, como un corredor biológico que es parte de la reserva de la biosfera de la Araucaria y que hemos ayudado a preservar, entre otras cosas porque su fruto, el piñón, da forma a nuestra existencia como comunidad y nuestros modos de vida tradicionales, frenando con ello la llegada de las forestales a este territorio y logrando la protección la araucaria”, sostuvo. Del mismo modo, destacó que tanto “WWF como Codeff han reconocido esta labor y el plan de vida que hemos elegido como pueblo, que desarrolla diversas áreas de conservación, no solo de la Araucaría, sino también de una diversidad de especies. Hoy queremos defender esta diversidad contra proyectos mineros o hídricos que intentan emplazarse en nuestros territorios y que puedan alterar nuestras forma de vida”, afirmó.

Por su parte Gustavo Paillamanque, de la Asociación Mapu Lahual en la costa de Osorno, compuesta de tres comunas, presentó el trabajo que vienen realizando con “la creación de parques destinados a la conservación por propia iniciativa, para lo cual hemos ido consiguiendo recursos que nosotros mismos hemos gestionado. Allí hacemos manejo sustentable del bosque nativo, ecoturismo, agricultura y ganadería de subsistencia, así como de gobernanza de áreas de conservación”, aclaró. Asimismo, “junto con la Asociación Mapu Lahual, tenemos una cooperativa y un sindicato de pescador. Hemos implementado un plan de conservación y administración de estos parques indígenas, que incluyen un plan de ordenamiento y un plan de manejo, convirtiéndolos en sitios prioritarios de conservación que han sido reconocidos a nivel mundial la WWF, la FAO y el propio Ministerio del Medio Ambiente, contando con sello bicentenario, siendo urgente que la ley considere la conservación indígena que hemos hecho sin el apoyo estatal”, añadió, por lo que solicitó que estas áreas de protección indígenas sean incorporadas al proyecto y se destinen recursos por parte del Estado para su mantención.

 

Derecho a ser consultados y a definir sus prioridades en materia de desarrollo

El cierre de las intervenciones estuvo a cargo del también abogado de la Comunidad Pacunto Pedregoso de Lonquimay, Pablo Cayul, quien planteó hizo un llamado a los parlamentarios a ver la tramitación de este proyecto como una oportunidad para fortalecer los derechos de pueblos indígenas y dar respuesta a situaciones de hecho que no han tenido la debida atención por parte de las autoridades. “Tenemos que aprovechar esta oportunidad para avanzar en consultar a los pueblos indígenas en torno a situaciones que nos afectan directamente, como establece el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas en la materia; y resolver además un problema práctico, que es la superposición de tierras, una situación de hecho que se hace imprescindible regular en el marco de un estado de derecho, respetando los compromisos internacionales y las garantías fundamentales que Chile se ha comprometido respetar. Frente a estos casos, nosotros planteamos la restitución de dichos territorios de conservación, y la necesidad de apoyo financiero para mantenerlos, esperando que estas demandas sean escuchadas”, señaló.

Cayul recordó, a su vez, que el Convenio 169 en su artículo 7 confiere también a los pueblos indígenas el derecho a definir sus propias prioridades en materia de desarrollo. “El mapuche y la tierra son un solo ser, y entendemos como mapuche hemos tomado la decisión de vivir en equilibrio con la naturaleza, ese es nuestro plan de vida y desarrollo. Uno de esos medios, son los territorios de conservación indígena, que son un aporte para la diversidad biológica, por eso exigimos se les reconozca como una categoría en el proyecto, y que se reconozca además, explícitamente, la gobernanza indígena”, sostuvo.

“Este proyecto de ley nos invisibiliza y viola nuestros derechos, que están en los tratados que el Estado chileno ha ratificado y de los cuales ha hecho caso omiso. Lo que pedimos, es que se aplique el estado de derecho, el mismo que se aplica con severidad cuando al mapuche no le queda más que protestar por la violación sistemática a sus derechos territoriales. Queremos ser parte de este país, pero queremos que se nos reconozca, así como a nuestros derechos”.