Se trata del segundo recurso presentado por el consorcio HidroAysén, que agrupa a Colbún y Endesa Chile, en el marco de la estrategia que busca anular la decisión del Comité de Ministros que el pasado 10 de junio revocó los permisos ambientales del proyecto.

Anteriormente, el Tribunal Ambiental de Santiago acogió a trámite el 13 de agosto la reclamación de HidroAysén contra el Comité de Ministros, pero ahora la empresa decidió sumar otro recurso de similares características ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia, el cual fue declarado admisible este miércoles.

El argumento principal en ambas acciones judiciales es que existió una injustificada demora de parte del Comité de Ministros en responder dentro de los plazos que contempla la ley para este tipo de casos. La instancia que estuvo conformada por las carteras de Energía, Minería, Salud, Agricultura, Medio Ambiente y Economía, resolvió el pasado 10 de junio anular la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con la que contaba el proyecto, decisión que demoró tres años en llegar, cuando tenía como plazo máximo sólo dos años.

Cabe recordar que la instancia presidida por el ministro Pablo Badenier resolvió contra el proyecto tras haber invalidado un primer pronunciamiento del Comité en enero pasado, cuando María Ignacia Benítez presidía la instancia durante la administración de Sebastián Piñera, y que había solicitado nuevos estudios de impacto ambiental sobre el proyecto.

La estrategia diseñada busca defender la RCA que tanto costó obtener para el proyecto, cuya obtención habría demandado cerca de US$340 millones, parte importante de las inversiones realizadas por la empresa.

 

Consejo de Defensa de la Patagonia mantiene la calma

El Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), uno de los actores más relevantes en la oposición a HidroAysén, se mostró confiado en que los tribunales ambientales ratifiquen la decisión adoptada por el Comité de Ministros, y aseguró que en Chile “todas las personas tienen derecho a defenderse, e HidroAysén también”.

Así lo expresó la abogada del CDP, Macarena Soler, que agregó que la decisión adoptada por parte de HidroAysén “es bastante obvia, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha invertido en el estudio de impacto ambiental”.

Para la abogada, respecto del fondo de la acción judicial, afirmó que “hay que tener presente que este es un proyecto que rechaza la ciudadanía en su conjunto con un nivel altísimo”, y recordó que la negativa resolución de la autoridad se debía a que “no cumple con los estándares ambientales necesarios. Ese hecho no ha cambiado”.

Respecto de la argumentación que apela a la tardanza del Comité de Ministros en resolver, Soler afirmó que ello forma parte de “estrategias legales”, y afirmó que “también podríamos decir que ellos están fuera de plazo en su reclamación” ya que existía un plazo de 30 días para apelar ante los Tribunales Medioambientales respecto de la medida.

“Son puras estrategias llenas de tecnicismos jurídicos, y son todas súper discutibles. Los plazos no son tan  radicales, ahí no hay una sola verdad. Donde hay dos abogados hay veinte opiniones”, indicó la abogada.

Macarena Soler aseguró que “el proyecto sigue siendo inviable tanto desde el punto de vista político, desde la ciudadanía y jurídicamente también”, y agregó que “por supuesto que confío en que el tribunal va a mantener la decisión” de la autoridad.