En los últimos días ha quedado en evidencia una profunda división en el mundo de las organizaciones medioambientales en torno al proyecto Pascua Lama, que también se expresa en el territorio con distintas posiciones adoptadas por las comunidades locales. ¿La razón? La estrategia en la cual se enmarca la asesoría que asumirá Patricio Rodrigo, ex secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la Patagonia (CDP), quien formó parte de la cara visible de la campaña ‘Patagonia Sin Represas’.

Este lunes, según afirmó Diario Financiero, el ambientalista sería contratado por la minera canadiense para realizar los estudios que debían entregar la información del proyecto a las comunidades. Ello, en el marco del Memorándum de Entendimiento suscrito por un grupo de comunidades diaguitas del Valle del Huasco, que ha recibido fuertes cuestionamientos ya que según sus detractores, el texto legal permanecería oculto incluso para los mismos integrantes de las comunidades firmantes del acuerdo.

El convenio obligará a que las partes intercambien información, lo que se traduce en que Barrick deberá hacer entrega del Estudio de Impacto Ambiental a terceros para ser revisado y posteriormente informado a las comunidades que adhirieron a este mecanismo. La jugada fue calificada por organizaciones medioambientales como “desesperada”.

Rodrigo quedaría entonces como encargado de realizar el trabajo de revisión de los antecedentes, proceso que realizaría en conjunto con otros profesionales a través del Laboratorio Lares, dependiente de la Universidad de Chile. En el acuerdo, el rol jugado por el abogado Lorenzo Soto fue fuertemente cuestionado por las comunidades opositoras.

La diferencia de fondo expresada no radica en cuestiones de orden técnico, sino político. Tal como en su minuto lo dijo Soto, su visión defiende que las comunidades tengan derecho a participar de los beneficios que reportan a las grandes empresas en el desarrollo de estos proyectos, por lo que la estrategia sería renunciar a la oposición cerrada y tajante para dar paso a un entendimiento con la empresa que permita reducir los daños a las comunidades afectadas. Una verdadera realpolitik aplicada a los conflictos, o una suerte de justicia medioambiental en la medida de lo posible.

Por otra parte, actores de las organizaciones medioambientales y parte importante de las mismas comunidades del Valle se mantienen firmes en la postura de que los daños proyectados no requieren de segundas revisiones,  y volverían completamente inviable el proyecto. Una movida que en el fondo sigue los pasos de la exitosa campaña que evitó la realización de HidroAysén en la Patagonia.

La información surgida respecto de la asesoría generó reacciones en diversos grupos relacionados al tema. Los primeros fueron los mismos integrantes del CDP, quienes salieron a aclarar que Rodrigo ya no ocupaba el puesto de secretario ejecutivo de la organización. En la declaración, además explicitaron su “claro cuestionamiento” al proyecto minero encabezado por Barrick, así como “las negativas prácticas en las que ha incurrido en años de intervención en las comunidades de la zona del Valle del Huasco”.

Posteriormente fue el turno de las comunidades que no suscribieron el acuerdo con la canadiense.  En una carta abierta firmada por catorce organizaciones interpelaron tanto a Patricio Rodrigo como la Universidad de Chile, donde llaman a ambas parte a que “no vista de técnica una maniobra política, prestándose para legitimar un proyecto socioambientalmente inviable”.

 

La explicación del ambientalista

Contactado por ElDesconcierto.cl, el ingeniero agrónomo aseguró que él no será contratado por Barrick, como lo aseguró el medio escrito especializado en economía. “Esa información es falsa. Ni la universidad  ni mi persona están siendo contratadas por la empresa, sino que son doce comunidades y tres asociaciones diaguitas las que se han acercado a nosotros para que les ayudemos a revisar el Estudio de Impacto Ambiental de Pascua Lama, y todos los antecedentes que hay vinculados al proyecto para aclararles cuáles serían los impactos sociales, ambientales y culturales que ellos podrían tener en sus modos de vida, en su agricultura”, aseguró.

Patricio Rodrigo, quien además dirige la Corporación Chile Ambiente, aseguró que la labor que le fuera encomendada forma parte del primer capítulo del Memorándum de Acuerdo entre Barrick y el grupo de comunidades. “La empresa se ve obligada a entregar los antecedentes, pero eso alguien tiene que revisarlo, ponderarlo, evaluarlo e informar a las comunidades sobre la verdad del proyecto en función de la información disponible. Aquí no hay un acuerdo, no hay negociación. Solamente las comunidades están pidiendo que se les informe del proyecto y cómo les impacta a ellos”, explicó.

Según aseveró, su vínculo con las comunidades se generó por medio de Solange Bordones, presidenta de una de las comunidades firmantes del Memorándum. Sin embargo, en la carta firmada por las comunidades opositoras de esta vía, aseveraron que el contacto fue realizado con Lorenzo Soto como intermediario. Esta afirmación fue tajantemente negada por Rodrigo.

El ambientalista defendió además el camino escogido por las comunidades que firmaron el acuerdo con Barrick, pues “las comunidades tienen derecho a que se les informe cabalmente qué significa el proyecto para sus vidas” y aseguró que “no es ninguna maniobra política, es un proceso que las comunidades han llevado adelante para defender sus derechos ancestrales”

Rodrigo aseguró además que “este es un proceso inédito producto del éxito que han tenido estas comunidades, nunca en Chile se había dado esto de estar de igual a igual conversando las quince comunidades y asociaciones con la empresa para transparentar la información”.

El ambientalista defendió su decisión de sumarse a este camino de entendimiento entre la empresa con las comunidades asegurando que “el norte ha sido una zona minera históricamente, y no estoy tan convencido de que haya una gran cantidad de población que se oponga a que se siga realizando minería”, indicó.

“Lo que pasa es que los proyectos mineros hay que hacerlos bien hecho, en términos de controlar sus impactos, y de hacer participar a las comunidades en los beneficios de esos proyectos, cosa que no se ha dado. En este cambio de paradigma, donde se incorpora la sustentabilidad como criterio relevante en la gestión de los proyectos, es algo en donde la minería tiene un pendiente”, concluyó.

 

La decisión política

Un viejo y conocido amigo de Rodrigo es su tocayo Patricio Segura. Él, junto a tres integrantes más, asumió el interinato en el puesto de la secretaría ejecutiva del Consejo de Defensa de la Patagonia, tras la salida del primero.

Compañeros de ruta en muchas luchas ambientales, Segura y Rodrigo fueron parte de la cara visible en la exitosa campaña de ‘Patagonia Sin Represas’. Hoy, Segura lo defiende asegurando que “tengo la mejor impresión de él, como profesional y como persona”, pero plantea matices a la hora de hablar de la nueva tarea que tiene su ex colega en el Valle del Huasco.

“Personalmente tengo un fuerte cuestionamiento hacia Barrick Gold por lo que ha significado su proyecto, pero Patricio Rodrigo es un actor legítimo para desarrollar las actividades que estime conveniente también”, aseguró y agregó que “también tengo una visión crítica del Memorándum, porque no se conoce tampoco”.

Segura afirmó que para él, la ruta escogida por Rodrigo forma parte de una estrategia “válida”, pero que él no comparte. “Yo no caeré en calificarlo de vendido ni de traidor, que es lo que muchos hacen en este caso”, dijo y agregó que “es una decisión personal y profesional que él adopta para lo cual tendrá sus razones”.

“Nosotros decíamos ‘Patagonia sin Represas’ sin matices, pero las estrategias para lograrlo son múltiples. Yo, en lo personal, no daría entrevistas ni para las empresas ni para universidades. Esa es mi opción dentro de lo que considero estratégico. Pero hay opciones distintas, y no por eso están equivocados. Son opciones estratégicas, tácticas o políticas diferentes, pero eso no nos convierte, entre mucha gente que tenemos una mirada y objetivo común, en enemigos”, explicó.

“Si me preguntan a mí, yo no trabajaría con algo que esté vinculado con Barrick, ni para Colbún, ni Endesa. Pero esa es mi opción”, concluyó Segura.

 

La sorpresa de las comunidades

“Causó bastante sorpresa”. Así resume Rubén Cruz, miembro de la Asamblea Guasco Alto, la reacción de las organizaciones que se oponen al camino iniciado por Lorenzo Soto, al que ahora se suma Patricio Rodrigo.

“Lo vemos con desconfianza. Al principio no sabíamos quién era y en el camino nos hemos ido informando de que también estaba cuestionado en la Patagonia”, aseguró Cruz.

Los cuestionamientos hacia el Memorándum se basan en las irregularidades que ya han denunciado. “Se están haciendo mal las cosas con esas comunidades, esto se firmó incluso sin el consentimiento de las mismas comunidades que dicen representar”, aseveró el dirigente.

Consultado sobre la invitación a participar de Patricio Rodrigo, Cruz señaló que “descartamos de pleno participar de ese memorándum. Hay comunidades que por más de 14 años han levantado la oposición a Pascua Lama y no han necesitado del financiamiento de ninguna empresa”.

Finalmente, el vocero de la Asamblea Guasco Alto afirmó que “es una falta de respeto decir que nos va a explicar con peras y manzanas el proyecto. Hemos recibido apoyo de científicos nacionales y extranjeros en esto y tenemos la información suficiente para decir que es inviable”, concluyó.

 

Laboratorio Lares aún no define participar del estudio

ElDesconcierto.cl se contactó con representantes de Lares, laboratorio dependiente de la Universidad de Chile, que según las informaciones sería el organismo encargado de revisar todos los antecedentes disponibles para entregar una visión independiente al respecto.

Sin embargo, la información entregada por fuente internas señala que aún falta la autorización del Decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, el profesor Roberto Neira. “Hasta el momento no hay nada oficial porque es él el que tiene que autorizar este estudio, y perfectamente podría no ocurrir nada. Además es un proceso que podría demorar más de un mes”, señala la fuente consultada.

De todas maneras, se confirmó que la tarea principal del organismo sería revisar con un equipo multidisciplinario el Estudio de Impacto Ambiental para determinar los puntos críticos del proyecto, lo cual aún debe definirse oficialmente por la autoridad universitaria correspondiente.