Cada medida de las anunciadas por la Nueva Mayoría en su programa de gobierno ha resultado una sorpresa para quienes, finalmente, están llamados a ser sus potenciales beneficiarios o víctimas.

Así ha pasado con la pretendida reforma educacional, la que entre cambios, ofertas y modificaciones, dejará las cosas tal cual como son ahora, sin entrar en modificaciones de verdad relevantes, porque entre otras cosas, mantiene la columna vertebral de la educación de mercado, como es el financiamiento por subvención.

Caso similar es el esfuerzo por realizar una reforma tributaria, anunciada para resolver las aberrantes diferencias que hacen de Chile el país más desigual del planeta. Pero ya se sabe, que lo que entró al parlamento no es lo mismo que saldrá de él.

Se creará una AFP Estatal, que en boca de la propia presidenta no cambiará el problema de fondo; o sea no entregará mejores pensiones y eso no es lo que quieren ni por lo que votaron millones de compatriotas.

Y, en el plano de los cambios políticos que buscan modificar el sistema binominal, lo único que se puede esperar es que aumenten los honorables, dejando intactas las actuales proporciones que se reparten la exuberante torta de asignaciones, viáticos y salarios millonarios.

Pero cuando ya se creía agotada la capacidad de asombro, llegan los resultados de la negociación que ha reunido a la CUT con el Gobierno para acordar el monto del salario mínimo.

No hace mucho tiempo, para ser precisos el 1 de mayo de 2013, la presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa decía: “¿Quién cree hoy que un trabajador con 205.000 puede superar la pobreza? …. el salario mínimo no debería ser inferior a 370.000 pesos brutos.”

No pasó mucho tiempo para que cambiara de opinión, interesada más que en aumentar la alicaída capacidad adquisitiva de los trabajadores, en mantener plena coherencia con un gobierno que una vez más da la espalda a los trabajadores.

Para decirlo con toda crudeza, acordar un salario mínimo de 225.000 pesos es una bajeza que no se condice con un gobierno que ha ofrecido, pero que no ha cumplido, ni con una dirigencia sindical que ha dicho una cosa, pero luego parece trabajar para el gobierno más que por los trabajadores.

La ilegitimidad de la Central, cuya conducción está en manos del Partido Comunista, ahora integrante del bloque político que gobierna el país, queda una vez más al descubierto. Esta forma de hacer sindicalismo en Chile está en una desintegración moral que exige a los sindicatos y gremios que aún se mantiene en la CUT, decir vivamente su palabra.

No se puede aceptar que  la conducción de una Central que se supone al servicio de los trabajadores, se transforme en un apéndice del Ministerio del Trabajo y de los empresarios.

Hipotecar las expectativas de los trabajadores que menos ganan y que por esa razón se ubican en los rangos de los más pobres del país, a un tiempo en que producto de las variaciones del IPC, ese miserable dinero ya no valdrá lo mismo, es una burla.

Es necesario que los trabajadores digan su palabra. Es necesario que las organizaciones gremiales y sindicales se opongan a ese acuerdo espurio que afecta a los más desposeídos.

Y es absolutamente indispensable que se retome la discusión acerca de la función de la Central Unitaria de Trabajadores, que en el lapso que ha durado la post dictadura ha perdido su esencia y se ha transformado en una correa transmisora de los intereses mezquinos de los partidos políticos que la han dirigido.