ABORTO. DEBATAMOS SIN HIPOCRESÍA

El anuncio presidencial del 21 de Mayo sobre la despenalización del aborto en tres causales, ha desatado un debate que hacía falta y que por muchos años se pretendió silenciar desde los partidos políticos, el Parlamento y las jerarquías eclesiásticas, aun cuando el aborto inseguro realizado en condiciones de riesgo, durante décadas ha sido una realidad cotidiana que viven las mujeres en el país.

La AFLD ha venido sosteniendo (o levantando) el aborto libre seguro y gratuito como una libertad fundamental de las mujeres en el marco de los derechos humanos y se hace parte del debate puntualizando los siguientes aspectos.

1. La gran mayoría de los abortos que ocurren en el país obedecen a diversas causas económicas, sociales y subjetivas; sólo un número muy limitado se debe a embarazos que implican peligro de vida para la mujer, inviabilidad post parto del feto, o que son producto de violación. Países con estadísticas en la materia informan cifras inferiores a 10%. Por consiguiente, la propuesta del gobierno aborda la casuística excepcional y no responde al problema real que representa el aborto en el país, esto es, una vulneración de derechos humanos y libertades de las mujeres.

2. Todo embarazo no deseado violenta los cuerpos y la emocionalidad de las mujeres impactando su bienestar físico, mental y social en sentido amplio. La libertad de decidir la interrupción de los embarazos no deseados es, primordialmente, una cuestión de derechos humanos, en especial derechos sexuales y reproductivos, pero también, del derecho a la salud, del derecho a vivir sin violencia y del derecho a no ser sometidas a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

3. Aunque en Chile todos los abortos se realizan de manera clandestina, el acceso a la interrupción del embarazo está determinado también por la condición social de las mujeres. Quienes disponen de recursos económicos pueden acceder a aborto médico o por aspiración, con seguimiento profesional. Las mujeres pobres abortan además en condiciones inseguras, en su mayoría sin apoyo profesional. Son ellas las que corren el riesgo de ser  delatadas y encarceladas cuando demandan atención en los servicios de salud públicos por complicaciones que hacen peligrar sus vidas.

4. Los argumentos condenatorios de los sectores conservadores de dentro de la Nueva Mayoría y de la derecha tradicional, cuestionan la autonomía de las mujeres y su capacidad para decidir sobre sus vidas, objetando de facto su calidad de sujetas de derechos, imponiéndoles la obligación de ser madres y desentendiéndose de los acuerdos del 99% de la población mundial en materia de derechos humanos. No olvidemos que sólo el 1% de la población mundial comparte legislaciones punitivas como son las de Chile, Vaticano y Malta.

5. Habitualmente, en el debate se considera que las voces autorizadas son las del Parlamento, profesionales de la salud y del derecho, así como las de jerarquías eclesiásticas. La voz de las mujeres está ausente, cuando lo que está en discusión tiene que ver con sus cuerpos, su sexualidad, su reproducción, sus derechos, sus libertades, su futuro. Sus vidas están intervenidas desde el Estado y la sociedad.

6. Una sociedad con el nivel de exclusión y desigualdad como la chilena, con un Estado que no garantiza la libertad de decidir, la protección del derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria, a una vida libre de violencia y tortura, así como el derecho a la salud y al acceso universal a servicios de anticoncepción, si de verdad aspira a equipararse con los países más avanzados, requiere abrir el debate sobre el aborto más allá de las causales médicas, erradicar la cultura patriarcal y dar paso a una democracia efectivamente inclusiva, con igualdad de derechos y libertades entre mujeres y hombres.

 

¡Libertad de decidir!
¡Aborto ilegal, violencia estatal!
¡Aborto legal, seguro y gratuito!

Junio 2014