Ni acuerdo histórico, ni antes ni después, ni nuevas fórmulas… el memorándum de intercambio de información propuesto por Barrick Gold y suscrito por la directiva de algunas comunidades diaguitas, de manera poco transparente y sin consulta debida a las bases, es una remozada versión de las más viejas prácticas de las transnacionales en nuestro territorio: siembra dependencia para cosechar servilismo.

¿Cómo se siembra la dependencia? Mediante acuerdos, tratados, protocolos, memorándum -llámenle cómo quieran- que se publicitan como de mutua conveniencia, pero que llevan implícito un “rayado de cancha” a la medida del proponente.

Esto ocurre a todo nivel, y el accionar de Barrick da pie para que dimensionemos cómo opera a nivel local. Ya en el 2005, la transnacional suscribió el  “Protocolo de Acuerdo” con la Junta de Vigilancia del Valle del Río Huasco, justo cuando el sector agrícola estaba en bloque contra la aprobación de Pascua Lama. Entonces se dijo que los 60 millones de dólares pactados con la directiva -sin consulta a las bases-, permitiría la construcción de obras de mitigación, financiaría estudios independientes y velaría por el correcto desempeño del proyecto, el que, en caso de no cumplir con la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), debería dejar de operar en el territorio.

Sin embargo, lo concreto fue que con este “Protocolo” se quebró la resistencia, el proyecto se aprobó, los frágiles glaciares se destruyeron, las aguas se han contaminado, y la Junta, que debería impulsar las gestiones para exigir la revocación de la RCA,  nada ha dicho. Quienes sí dijeron son las comunidades organizadas que desde un comienzo han sostenido la inviabilidad del proyecto, porque conocen su territorio, ven los cambios severos que sufre y confían en su conocimiento ancestral. En ese entonces, el Estado, pese a tratarse de un acuerdo que comprometía las aguas de todo un Valle, dio un paso al lado señalando que era un  “acuerdo entre privados”.

A nueve años de aprobado el proyecto se anuncia por todos los medios este nuevo convenio, ahora no llamado Protocolo, sino “Memorandum de Entendimiento”, o sea ya desde el nombre ocultando la verdadera naturaleza del documento que no es otra cosa que un contrato de dependencia. Las condiciones son muy similares en lo grueso al año 2005, aunque ahora atravesadas por la constatación del daño en el propio territorio; antes el daño del accionar de Barrick que las comunidades conocían y que colaboraban al rechazo, venían de otras comunidades impactadas por la transnacional.

Hoy Pascua Lama goza de un rechazo generalizado, el proyecto está agónico, cuestionado en todo el mundo, con demandas y denuncias en los Tribunales Ambientales Chilenos y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; con causas penales abiertas, con fallos adversos de la Corte  de Apelaciones de Copiapó y ratificado por la Corte Suprema, con el pleno de la Cámara de Diputados recomendando la revocación del permiso ambiental, en fin, con la evidencia desde múltiples fuentes de que el daño en el ecosistema glaciar, los bofedales y el agua, es irreparable, aun antes de entrar en operaciones.

Y entonces, Barrick que ha sido sancionada por ocultamiento de información por el Estado, que ha engañado desde el comienzo a las comunidades, que ha ocultado los muertos en sus faenas, que ha invertido millones en campañas publicitarias de “Minería Responsable” mientras incumplía con los estándares socioambientales mínimos comprometidos a la institucionalidad ambiental, y que hasta en Canadá y EE:UU enfrenta demandas judiciales de sus accionistas exigiendo indemnizaciones millonarias por el perjuicio del ocultamiento de información en este caso; se compromete a entregar información transparente, claro que otra vez a espaldas de las comunidades, sin mostrar el acuerdo firmado, sin dar cuenta de cuánto ganan los lobistas como Lorenzo Soto, ni el mediador Alonso Barros, que dicho sea de paso es abogado de la empresa, y ya mostró sus “buenos oficios” tendenciando acuerdos suicidas entre la comunidad de Peine y minera Escondida.

Párrafo aparte merece la postura del Gobierno. Fue Bachelet quien aceleró acuerdos de tributación con Argentina por presiones de Barrick el 2009, luego de reunirse en privado con Aaron Regent, CEO de la minera, para dar el vamos a la construcción. Ahora la presidenta, también en privado, recibe a José María Aznar, ex presidente de España y miembro del Consejo Asesor Internacional de la empresa, en el marco de los múltiples intentos por viabilizar lo inviable. Es en esta línea que hay que entender el encuentro entre Cristina Fernández y Michelle Bachelet a comienzos de Mayo, luego del cual vinieron los dichos de la Ministra de Minería que aconsejaba a la empresa “trabajar con las comunidades”, cosa que evidentemente está haciendo. A lo que se suma la preocupante “celebración” del acuerdo del Ministro de Medio Ambiente y el también escandaloso silencio de la CONADI.

Claramente la empresa y sus aliados, entre ellos el gobierno de Chile, no quieren asumir que el bluf de Pascua Lama se ha desenmascarado y en su desesperación tiran manotazos de ciego cada vez más desafortunados. Este Memorándum no se sostiene por ningún lado. Nadie le cree a la empresa que será transparente, los firmantes están siendo cuestionados por sus propias organizaciones, el Estado no puede dar nuevamente un paso al lado, pues convenios como el 169 le exigen ser garante en este tipo de “entendimientos”.

El mismo principio que ha estimulado la transformación de América Latina en una bodega de materias primas y a Chile en el país más extractivista de la región, a costa de “tratados, acuerdos y protocolos”, hoy pretende socavar las bases de un proceso emblemático de apuesta por el agua y la vida en el Valle del Huasco. Conocemos a las comunidades desde el comienzo de este conflicto, sabemos de su entereza, de su amor por el territorio, de la felicidad que les produce una buena cosecha, por eso confiamos en que esta siembra de dependencia caerá sobre espinos y no dará fruto, más bien contribuirá a desenmascarar a profesionales inescrupulosos como el abogado Lorenzo Soto, y a mecanismos perversos del ejercicio del control social, como la Responsabilidad Social Empresarial, que a costa de talleres, viajes, mini buses, empleos y promesas varias mantiene “agarrado” a un sector de la comunidad.