Los retrasos salariales se iniciaron tras la salida de los principales propietarios de la universidad, Instituto ICAL, ligado al Partido Comunista. Eugenio Ulloa, presidente del Sindicato de Trabajadores de la institución señaló que “Ical se retiró en diciembre de 2013 y de enero hasta la fecha hubo claramente un punto de inflexión, empezaron con problemas de pagos atrasados y ahora derechamente no nos han pagado en casi dos meses, adicionalmente no se han pagado las cotizaciones previsionales”.

A pesar de que los funcionarios llevan casi dos semanas en paro, decidieron hacer pública esta situación ahora porque en palabras de Ulloa, “esto se ha convertido en un drama humano”, asegurando que “hay gente con estados de depresión, hogares donde les han cortado la luz y servicios básicos, gente que ha tenido que ir a vender a la feria para llevar algo de sustento a sus casas”.

Hasta el momento son 336 funcionarios adheridos a la paralización, entre ellos hay administrativos a contrata y a honorarios, académicos y estudiantes de distintas carreras.

Interventor y sus primeras aplicaciones

El dirigente enfatizó en que la preocupación por la crisis de la universidad es generalizado y trasciende al no pago de sueldos: “nosotros queremos apoyar el proyecto de la universidad Arcis, no queremos destruirlo. Hay que ver los temas transversales de ésta universidad, no sólo el no pago de sueldos, sino también la situación de los estudiantes”.

En este sentido, Ulloa hizo el llamado a las autoridades de gobierno a evaluar la figura del interventor, que ya fue aprobada en la comisión de educación de la cámara baja. Esta figura a cargo de una futura Superintendencia de Educación, permitiría al Estado cumplir con las funciones de administración provisional y cierre a instituciones educacionales privadas en crisis. “Hacemos el llamado para que el ministerio de Educación y autoridades del país nos abran las puertas para que podamos ver la alternativa del Interventor y a su vez, colocar sobre la mesa que si bien esa alternativa resguarda a los alumnos, no vemos claramente cómo se resguardaría a los funcionarios y docentes”, agregó el dirigente sindical.

La crisis económica por la que pasa la Universidad Arcis se enmarca en una serie de cuestionamientos a los planteles de educación superior privada. La reapertura de la investigación a las universidades acusadas de lucro, más el cierre definitivo de la Universidad del Mar se suman a las tareas pendientes del nuevo Ministerio de Educación, que aún no ha detallado la reforma educacional.