El pasado 9 de enero la Contraloría General de Repúlbica tomó razón de un polémico acto ministerial emanado desde la cartera de Agricultura. Se trata del Decreto N° 65 que modifica el reglamento de la Ley de Caza, el cual es denunciado por organizaciones que cautelan los derechos de los animales como una modificación que consagra el sacrificio de la población canina y felina como método de control en las zonas urbanas.

Para el mundo de las organizaciones pro defensa de los animales, la existencia de este decreto no había pasado inadvertida, pues desde enero del año pasado que venían advirtiendo a la población sobre las disposiciones que permitirían la caza de perros y gatos vagos en las ciudades del país. Incluso habían logrado que se retirará el decreto del órgano contralor, pero luego éste fue reingresado.

Así señalaron más de media decena de organizaciones a través de un comunicado publicado por “Ecópolis”. En ella aseguran que además de la aprobación del resistido decreto, se sienten “engañados” por parlamentarios y funcionarios de gobierno que han sido parte de las negociaciones por la tramitación de la Ley de Tenencia responsable de Mascotas, la cual, aseguran, está siendo denaturalizada al incorporar la eutanasia de los ejemplares que sean llevados hasta los Centros de Mantención Temporal, figura que quería ser eliminada para evitar el sacrificio de los animales.

El comunicado expresa además que ambos textos legales “atentan contra la ya feble Ley Sobre Protección de los Animales (N°20.380), desconociendo sus principios y objetivos, toda vez que entroniza el sacrificio como medida de control, entregando facultades ad hoc al SAG y a la CONAF. A la inversa, elimina la esterilización obligatoria y no incluye en glosa alguna del presupuesto nacional o de las reparticiones estatales fondos para educación o programas de esterilización”, indica el documento.

El punto de la polémica radica en la autorización de la caza de perros “salvajes o bravíos” que puedan amenazar la fauna silvestre. Dicha disposición, “se traduce en una cacería de todo tipo de perros -y zorros- sin distinción, usando crueles métodos expresamente autorizados para ello tales como ondas, boleadoras, cebos, vehículos con focos para encandilar, etc”, afirma la declaración.

Además, las organizaciones aseguran que la disposición dará manga ancha a las municipalidades que desarrollan la práctica de subir a los perros vagos en camionetas y dejarlos en zonas apartadas de los centros urbanos para dejarlos abandonados.

Dado que el decreto ya cumplió todas las etapas que debe pasar este tipo de disposiciones en Contraloría, sólo falta que su publicación en el Diario Oficial para que la nueva normativa entre en vigencia de manera inmediata.

 

Parlamentarias desconocen existencia del decreto

Denise Pascal Allende (PS), diputada del Distrito 31, aseguró no tener conocimiento del decreto que generó debate desde principios de 2013.”No tenía idea de esa normativa que me comenta, no se nos ha comunicado”, indicó.

Consultada por si opinión respecto de la hipotética caza indiscriminada de perros y gatos vagos en zonas urbanas, Pascal Allende aseveró que “si es así me parece mal pero yo no la conozco, prefiero no opinar sin conocer la normativa, ya que esto no pasa por la Cámara de Diputados y son directamente enviados por los ministerios a la Contraloría”.

La diputada por Isla de Maipo, Curacaví, Peñaflor y Talagante, entre otras comunas rurales de la Región Metropolitana, indicó que en la Comisión de Agricultura de la Cámara se relaciona con la Tenencia Responsable de Mascotas. “Ahí opinamos y vimos la necesidad de que la gente realmente se responsabilice por los animales, y que haya un control sobre el tema, porque para algunos es muy fácil tener perras, tener perritos e ir a tirarlos al estero, que es lo que hace la gente. Con eso están poblando las ciudades de perros vagos, porque no se responsabilizan”.

Asimismo, Adriana Muñoz (PPD) señaló desconocer la existencia de la nueva normativa. “No conozco la disposición, no por lo que no puedo opinar con propiedad de ellas”, sostuvo.

Para la representante del distrito N°9, la discusión sobre la caza de animales silvestres es compleja. “Ahí hay un conflicto fuerte porque yo represento una zona campesina de pequeños ganaderos, que tienen ovejas, cerdos, cabritas, etc. Y que son devorados por pumas y perros. Eso es lo que se ha tratado de ver qué es lo que se hace, porque los campesinos no pueden quedarse sin su ganado y hay que buscar alguna forma de regular esta situación”, indicó Muñoz.

La diputada explica la paradoja de resguardar especies protegidas como los pumas y, al mismo tiempo, la actividad y seguridad de los campesinos de su distrito. “Sé que ha habido un debate porque los pumas han estado bajando, por la sequía yo creo, han bajado desde los cerros altos hasta las mismas casas de los campesinos. Eso ocurre mucho en Las Higeras, e incluso han atacado a ancianos y guaguas, según han denunciado los mismos campesinos”, apuntó.

Finalmente Muñoz comentó que los afectados por estas situaciones han solicitado compensaciones por parte del Estado, puesto que dicha actividad es la única con la que cuentan en esas zonas.