Fue en esa etapa cuando ejerció como gestor de intereses en representación de diversas empresas ante organismos regulatorios ambientales.
Recientemente, su exjefe en el Ministerio del Medio Ambiente, Felipe Riesco, celebró la remoción de los 43 decretos medioambientales retirados de la Contraloría, firmados por el propio Vial, lo que abrió uno de los primeros focos de críticas hacia la nueva administración.
“Frente al retiro de los DS del procedimiento de toma de razón de la Contraloría General de la República, me parece no solo conveniente, sino que muy prudente (…) Revisaré los demás DS, pero creo que habrá más sorpresas”, publicó Riesco en redes sociales.
Las reuniones de lobby de Vial ante organismos ambientales
El paso de José Vial por el mundo privado se caracteriza por la representación de empresas ante organismos vinculados al medio ambiente. Según registros de InfoLobby, el actual subsecretario participó en 29 reuniones de gestión de intereses.
De ellas, trece se realizaron ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), cuatro ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), tres con la unidad que hoy dirige y otras tres con la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. La Dirección General de Aguas (DGA) completa el listado con dos encuentros.
Una de esas gestiones se realizó en representación de Soluciones Ecológicas del Norte (Solenor) S.A., empresa dedicada al procesamiento de residuos peligrosos provenientes de faenas mineras.
Sus representantes legales son Gonzalo Izquierdo Menéndez y su hijo Gonzalo Izquierdo Irarrázaval, parte de un grupo familiar con presencia en los sectores inmobiliario, pesquero, forestal y agrícola.
La reunión entre Vial y el SEA se concretó el 25 de octubre de 2025 y tuvo como objetivo discutir la “interpretación administrativa de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°86, de 31 de mayo de 2006”.
Dicha RCA aprobó el proyecto “Disposición de Residuos Sólidos Industriales en Relleno de Seguridad Solenor”, iniciativa que autorizó a la empresa a operar una instalación para la disposición final de residuos industriales —incluidos peligrosos— mediante celdas de confinamiento.
Ese mismo proyecto fue objeto de fiscalización por parte de la SMA, organismo que en 2016 formuló cargos contra la empresa por presuntos incumplimientos en la operación del relleno de seguridad. El proceso concluyó en 2018 con una sanción de 120,3 UTA, equivalente a entre $70 y $75 millones de la época.
Otra de las gestiones de interés en las que participó Vial fue para Sociedad Agrícola La Islita Limitada, representando al estudio jurídico donde compartía con Felipe Riesco. En esa misma reunión participó Carlos Seemaan Santos, propietario de la empresa y ex socio de Óscar y Alfonso Prohens Espinosa —hermanos del exsenador Rafael Prohens— en Subsole Logistics S.A.
La querella cruzada que involucra a Solenor y al exsenador Rafael Prohens
En paralelo, la empresa Solenor —representada por Vial en Infolobby— enfrenta actualmente un conflicto judicial de mayor escala con otra empresa de su mismo rubro.
En noviembre de 2024, Solenor presentó una querella contra Codelco y Enami acusando presuntas prácticas como malversación de fondos públicos, prevaricación administrativa, fraude al fisco y asociación ilícita, en el marco de la contratación de la empresa Confinor S.A.
La respuesta llegó en 2025 mediante una contraquerella que elevó el tono del conflicto. En ella se acusó a Solenor —a través de Gonzalo Izquierdo Irarrázaval— y al exsenador Rafael Prohens de cohecho.
El escrito sostiene que Prohens, con amplia influencia y conocimiento en la Región de Atacama, mantiene con Izquierdo una relación con “grados de opacidad”. Según la acción judicial, el exparlamentario se presentó en dos ocasiones ante autoridades medioambientales para impulsar decisiones que perjudicaran a Confinor.
El documento describe que la primera de esas gestiones fue una denuncia ante la SMA en junio de 2023, en la que se argumentaba que Confinor prestaba servicios a Codelco incumpliendo lo establecido en una determinada RCA.
La querella también sostiene que el contacto entre Prohens y Gonzalo Izquierdo se habría canalizado a través de un grupo de abogados vinculados a este último. Entre ellos aparece Felipe Riesco, exsocio del actual subsecretario del Medio Ambiente.
Tras ser contactado por El Desconcierto, Rafael Prohens rechazó el presunto delito de cohecho y aseguró que los antecedentes que presentó ante la SMA fueron entregados por Riesco, quien —según afirmó— le ha prestado asesorías en ocasiones anteriores, aunque descartó tener vínculo con el estudio jurídico al que pertenece el abogado.
De la misma forma, comentó que durante su periodo como consejero regional (1996-2002) también presentó antecedentes a organismos medioambientales por baterías que necesitaban una resolución ambiental. Sobre la querella, afirma que responde a una medida de “contraataque” y de “callarlo”.
Según una fuente conocedora del conflicto entre ambas empresas, el acuerdo entre Confinor y Codelco continúa vigente, incluso con otras contrataciones en ejecución.
La causa por cohecho, en tanto, sigue actualmente en tramitación. Cabe destacar, que el mismo año en que se presentó la querella, el ex senador también se vio envuelto en otra polémica que lo vinculó con el ex juez Antonio Ulloa, quien —según reveló Ciper— lo contactó en el marco de la acusación constitucional contra la ministra de la Corte de Apelaciones Silvana Donoso.
El litigio de Antofagasta Minerals que llegó a la Corte Suprema
La única vez que José Vial llegó con una causa a la Corte Suprema fue en representación de la empresa minera Antofagasta Minerals, cuyo controlador es Inversiones Los Pelambres Chile Limitada, ligada al empresario Andrónico Luksic.
Poder Antofagasta Minerals Vial Barros
En 2017 la empresa presentó una reclamación administrativa en respuesta a una multa de 1.000 UTM —$46,6 millones de la época— impuesta por la Seremi de Salud de Atacama.
La sanción se originó tras un evento climático extremo ocurrido en la faena “El Encierro”, donde una avalancha dispersó residuos industriales y peligrosos hacia el lecho de un río.
Tras ser notificada el 12 de mayo de 2017, el 19 de del mismo mes, la empresa acusó que el procedimiento contenía una serie de “ilegalidades”, como la falta de pruebas y la omisión de criterios de proporcionalidad en la cuantía de la multa, por lo que solicitó anular la sanción.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE), por su parte, sostuvo que la reclamación se encontraba fuera del plazo legal para interponerla, argumento que inicialmente fue acogido por los tribunales y confirmado por la Corte de Apelaciones de Copiapó . En en esa ocasión la resolución fue respaldada por los ministros Pablo Krumm, Aida Osses y el ex juez Antonio Ulloa.
Sin embargo, la empresa representada por Vial llevó el caso hasta la Corte Suprema. El máximo tribunal determinó que en primera instancia se había aplicado incorrectamente el cálculo del plazo procesal, revocó la sentencia y ordenó revisar nuevamente el fondo del asunto, devolviéndolo a su etapa de origen.
Finalmente, fue la Tercera Sala de la Corte Suprema la que dictó revocar la sentencia aplicada por los tribunales anteriores, en un fallo cuya redacción estuvo a cargo del exministro Sergio Muñoz, quien rechazó la resolución de enviar la causa a un tribunal inferior, argumentando que lo mejor era fallar en virtud del fondo del asunto para evitar dilaciones.
Las ministras que aceptaron revocar la sentencia fueron la exministra Ángela Vivanco y María Eugenia Sandoval. Actualmente, la causa se encuentra archivada en el 3° Juzgado de Garantía de Copiapó.
Las otras empresas que representó el actual subsecretario
Según los registros de InfoLobby, la empresa que en más ocasiones representó José Vial fue Club Andino Osorno, en siete oportunidades. Le siguen Empresa Eléctrica Pilmaiquén S.A., Sociedad Agrícola La Islita Limitada y Sociedad de Rentas Inmobiliarias Limitada.
En el caso de esta última, Vial participó en una reunión con la Dirección General de Aguas en 2022, cuando la empresa se encontraba en medio de un litigio por un proyecto inmobiliario de 16 edificios que se construirían sobre el humedal Sargento Silva, en Puerto Montt.
La finalidad de la reunión entre Vial y la DGA era conocer los “fundamentos del pronunciamiento de la dirección regional” mediante un oficio incluido en el recurso de apelación formulado por la contraparte de la inmobiliaria, integrada por Agrupación GAYI en defensa de los humedales.
Esta causa llegó hasta la Tercera Sala de la Corte Suprema, donde se confirmó la sentencia dictada en los tribunales inferiores: los humedales no figuraban en la declaración oficial del Ministerio del Medio Ambiente. Asimismo, el máximo tribunal rechazó las pruebas presentadas por la agrupación de vecinos, bajo la premisa de que carecían de la validación técnica necesaria.
Por otra parte, el máximo tribunal dio más peso a los documentos emanados de organismos técnicos como el Ministerio del Medio Ambiente, la DGA y la Municipalidad de Puerto Montt.
El fallo fue confirmado de forma unánime por Ángela Vivanco, Adelita Ravanales, Mario Carroza y Jean Pierre Matus, este último a cargo de la redacción del fallo e hizo una prevención, señalando que respaldaba la resolución pero bajo sus propios fundamentos.
De esta forma, la inmobiliaria representada por José Vial logró sacar adelante el proyecto, el cual, según pudo conocer este medio, ya se encuentra en marcha.
Según la plataforma InfoLobby, el actual subsecretario del Medio Ambiente también representó en diversas ocasiones a Inmobiliaria y Constructora IC Veinte —ligada al mismo proyecto en Puerto Montt—, CMPC Maderas SpA., Porkland S.A. y la empresa Blumar Seafood por un proyecto de piscicultura en Bahía Huenquillahue.
Esta redacción se intentó comunicar con el Ministerio del Medio Ambiente para plantear consultas acerca de cómo manejaran estos posibles conflictos de interés, pero hasta el cierre de este artículo no hubo respuesta a nuestros mensajes.
El recorrido profesional de Vial refleja así un tránsito frecuente entre el sector público y el privado en materias ambientales: primero como funcionario en organismos regulatorios, luego como abogado de empresas ante esas mismas instituciones y, ahora, nuevamente desde el Estado, como una de las autoridades encargadas de supervisar ese sistema.
