Los recursos financieros ligados a la educación no son un gasto, sino una inversión social necesaria que implicará beneficios extendidos en vistas de mayores oportunidades y cohesión social.
Más del 80% de las mujeres que se encuentran privadas de libertad poseen hijos e hijas. En palabras de Marcela Lagarde(2005), la reclusión para este grupo, por un parte, un castigo por extensión a sus hijos e hijas que sufren la separación forzosa, pero que -además- no impide que las mujeres lleven en su espalda las labores de cuidado y las responsabilidades de su familia.
Es más, la misma autora señala que las mujeres privadas de libertad son consideradas culpables del delito, pero no validadas en la condición de víctimas que puede producir esta realidad.
Es común pensar que, para estas mujeres, sus hijos e hijas podrían significar una fuente de motivación para la reinserción, no obstante, es importante reconocer que las formas en que continúan cuidando a la distancia (o dentro de la cárcel si son menores de dos años), son parte de las labores reproductivas invisibilizadas por la sociedad.
¿Cómo viven las mujeres esta situación? Con un pesar profundo. Pese a la preocupante escasez de estadísticas que den cuenta del impacto real en su salud mental, la evidencia en el Cono Sur es contundente: el encierro no anula el mandato del cuidado.
Resulta revelador observar cómo ellas persisten en el sostenimiento afectivo y material de sus familias incluso en las condiciones de privación de libertad. Cuando ello no es posible, esta responsabilidad es asumida por sus propias madres, reproduciendo los roles de género donde el trabajo del cuidado recae, invariablemente, sobre los hombros de las mujeres.
La cuestión es, por qué a pesar de lo evidente que puede ser este sufrimiento, aún no se ha avanzado en la creación de políticas y programas que promuevan un mayor bienestar para este grupo de la población. Desde nuestro quehacer como Red chilena de Pedagogía en Contextos Carcelarios y Exclusión Social, consideramos que -si bien aspiramos a cambios profundos y estructurales- el desarrollo de espacios educativos posee un rol esencial en la reflexión y problematización de estos pesares en las propias mujeres, motivando la expresión de emociones reprimidas que pueden ser altamente perjudiciales.
Es decir, una educación situada no solo tiene como finalidad la "nivelación de estudios" para la reinserción, sino que se convierte en un espacio de humanización donde las mujeres pueden reconstruir su identidad y proyectarse hacia el futuro con dignidad y autonomía. Así, la educación debe permitir el reconocimiento de las potencialidades, más allá de los roles tradicionalmente impuestos por la sociedad.
En este sentido, la educación debe considerar las propias necesidades humanas, tales como fomentar una mayor agencia en la toma de decisiones lo que implica un alcance de mayor autonomía y la construcción de un proyecto de vida con metas y propósito propio, así como también fomentar la capacidad de expresar emociones y cuestionar el lugar de las mujeres en lo social. Todo esto permite ser agentes activas de su propio destino, capaces de enfrentar desigualdades sociales y enfrentar las violencias sociales, familiares e institucionales.
Es por esto que cuando se piensa en las consecuencias del encierro, en la separación forzosa de las mujeres con sus hijos e hijas y en las estrategias de cuidado que se continúan generando desde la cárcel, se debe tener presente que los recursos financieros ligados a la educación no son un gasto, sino una inversión social necesaria que implicará beneficios extendidos en vistas de mayores oportunidades y cohesión social.
*También escribieron esta columna Rosita Rodríguez Contreras, Subdirectora Red PECE y María Paz Rodríguez Aburto, Coordinadora de redes Red PECE.