Ley miscelánea: La reforma del "después vemos"

Sin embargo, el problema de la propuesta de reforma que hoy se discute no radica tanto en su orientación como en su ejecución. Aquí es donde la discusión deja de ser teórica y se vuelve concreta. La iniciativa revela una contradicción estructural difícil de ignorar: es ambiciosa en su retórica, pero frágil en su diseño. Más que una modernización del Estado, lo que se perfila es un debilitamiento de sus capacidades, especialmente en el ámbito del financiamiento.

El eje de esta fragilidad es claro. Por un lado, se anuncian medidas que reducen significativamente la recaudación fiscal. Por otro, no se explica con claridad cómo se compensará esa merma de ingresos. Esta omisión no es menor. Durante décadas, Chile ha construido una reputación de responsabilidad fiscal basada en un principio simple pero fundamental: los gastos permanentes deben financiarse con ingresos permanentes. Romper con esa regla no solo introduce incertidumbre, sino que compromete la sostenibilidad de las políticas públicas en el tiempo.

Más aún, la falta de claridad no es solo técnica, sino también política. Dentro del propio gobierno emergen señales contradictorias respecto de los límites fiscales y el alcance de la reforma. Mientras algunos intentan imponer criterios de prudencia, otros relativizan esas restricciones. El resultado es una narrativa inconsistente que erosiona la credibilidad del proyecto. Y en economía, la credibilidad no es un lujo: es un requisito. Sin ella, incluso las reformas bien intencionadas pierden eficacia.

A esto se suma un factor que no puede pasarse por alto: la prisa. La urgencia por avanzar en la tramitación legislativa, sin haber resuelto vacíos fundamentales, sugiere que el impulso responde más a una lógica comunicacional que a una maduración real de la propuesta. En política pública, acelerar sin claridad no es sinónimo de liderazgo, sino de riesgo.

En paralelo, se instala una percepción de doble estándar que agrava el cuadro. La severidad con que se abordan ciertos temas —como la persecución a deudores del CAE o el control de manifestaciones— contrasta con una aparente laxitud en otros ámbitos, como la evasión tributaria o el uso de recursos públicos.

Del mismo modo, los llamados a la austeridad conviven con decisiones que parecen contradecir ese discurso. Independientemente de cuán precisas sean estas comparaciones, lo relevante es la percepción que generan: una sensación de inequidad en la aplicación de normas y en la asignación de prioridades.

Esa percepción no es trivial. La legitimidad de cualquier reforma depende no solo de su contenido, sino también de la confianza que inspire en la ciudadanía. Cuando las señales son contradictorias, esa confianza se debilita. Y sin confianza, no hay reforma que logre sostenerse en el tiempo.

En definitiva, el problema no es la magnitud de la reforma ni su orientación ideológica. El verdadero desafío está en su coherencia y en su sustento. Reducir el Estado puede ser una estrategia válida en ciertos contextos, pero hacerlo sin un plan claro de financiamiento, sin protección social adecuada y sin consistencia política es una apuesta riesgosa. Más que resolver problemas, puede profundizarlos.

La discusión de fondo, entonces, no debería centrarse en etiquetas, sino en estándares. ¿Está la reforma bien diseñada? ¿Es fiscalmente sostenible? ¿Cuenta con coherencia política interna? Mientras esas preguntas no tengan respuestas claras, lo que se presenta como una transformación estructural seguirá siendo, en el mejor de los casos, una promesa incompleta. Y en el peor, una fuente adicional de incertidumbre.