El conflicto trasciende el ámbito de lo estrictamente legal para instalarse en el terreno de la legitimidad social; un Estado que avanza en reformas sin consultar no solo incurre en una ilegalidad, sino que erosiona los cimientos del pacto social.
Las acciones del recién electo gobierno de José Antonio Kast en materia indígena —desde el desmantelamiento institucional hasta la omisión deliberada del derecho a consulta— configuran un patrón de regresión que no solo amenaza derechos adquiridos, sino que ignora la consolidación de los pueblos originarios como interlocutores políticos ineludibles, cuya participación resulta indispensable para la estabilidad democrática y la paz social en Chile.
En menos de ocho días desde la investidura del presidente conservador José Kast, el exembajador Domingo Namuncura observa con preocupación los primeros movimientos de una administración que, lejos de tender puentes, ha optado por una estrategia de desmantelamiento de las estructuras institucionales construidas durante décadas.
En primer lugar, el gobierno forzó la renuncia del director nacional de la CONADI, un funcionario independiente que había accedido al cargo mediante un proceso de concurso público. Por otra parte, mediante decreto, eliminó la Unidad de Pueblos Originarios del Ministerio de Bienes Nacionales —una instancia técnica creada en 2017 por la presidenta Michelle Bachelet — bajo el argumento de la austeridad fiscal y la supuesta transversalidad de sus funciones.
De manera significativa, esta decisión se produce a pesar de que su presupuesto representaba menos del 0,3% del gasto total de la cartera y de que, durante diez años, había rendido resultados fundamentales en materia de regularización de tierras indígenas. En paralelo, la diputada Gloria Naveillan, del Partido Libertario, anunció su intención de impulsar una reforma a la Ley Indígena 19.253 tras 32 años de vigencia, un proyecto que, por mandato constitucional y convencional, requeriría inexorablemente la implementación del derecho de consulta legal y obligatoria a los pueblos indígenas. Así se configura la hoja de ruta inicial de la relación que el gobierno conservador pretende establecer con los pueblos originarios de Chile.
Frente a este escenario, la Consejera Nacional ante la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Ana Llao, ha emergido como una de las voces más críticas, calificando las declaraciones de la diputada Naveillan como “graves e irresponsables”. En su intervención, Llao sostuvo que la Ley Indígena no es un mero instrumento administrativo, sino el resultado de décadas de lucha en las que se consagraron derechos fundamentales en materia de tierras, aguas, desarrollo y cultura, los cuales no pueden relativizarse.
De igual modo, advirtió que cualquier intento de modificación profunda —ya sea a la ley principal o a la denominada Ley Lafkenche— constituye una amenaza directa a derechos ya conquistados, lo que generará un rechazo transversal. Asimismo, vinculó estas propuestas legislativas con una preocupante regresión institucional, evidenciada por la eliminación de oficinas especializadas en asuntos indígenas en distintos ministerios.
“Vamos a defender nuestra historia, nuestros derechos y nuestras conquistas”, sentenció, dejando claro que la comunidad organizada no permanecerá pasiva ante lo que percibe como un intento de borrar su legado político.
La eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales no es, por tanto, un hecho aislado de gestión interna, sino que se inscribe en una lógica más amplia que genera alarma entre las organizaciones mapuche. La exconvencional Rosa Catrileo advirtió que la atención a los derechos indígenas exige unidades especializadas, no solo por la complejidad legal, sino por el cumplimiento de tratados internacionales que el Estado de Chile ha suscrito.
En su opinión, la decisión gubernamental revela una incomodidad frente a la existencia misma de los pueblos originarios. En la misma línea, Hugo Alcamán, presidente de la Corporación de Profesionales Mapuches Enama, calificó la medida como contradictoria, especialmente si se contrasta con el discurso de ciertos sectores que dicen buscar superar la pobreza en La Araucanía. Rosa Catrileo recordó que la Seremi de Bienes Nacionales debería priorizar la regularización de los títulos de dominio de miles de familias, un proceso que quedará ahora paralizado ante la existencia de más de 16 mil carpetas en trámite, que ya tienen una espera cercana a los 5 años.
A esta tendencia se suma una acción ejecutiva de mayor calado; el retiro del reglamento arqueológico que había sido impulsado por la administración anterior. En sus primeros días, el gobierno de José Antonio Kast retiró de la Contraloría más de 40 normas medioambientales y cinco en materia energética. Entre ellas, destacó el decreto supremo 23-2024, que establecía un nuevo reglamento sobre intervenciones arqueológicas y paleontológicas, derogando una normativa vigente desde 1990.
Este reglamento, que aumentaba las facultades del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y endurecía el sistema de permisos, había sido observado con preocupación por sectores empresariales como la Cámara Chilena de la Construcción, que lo consideraba un potencial cuello de botella para los proyectos de inversión. La decisión de retirar el decreto, sumada al nombramiento de Emilio de la Cerda Errázuriz —una figura asociada a la simplificación administrativa del primer gobierno de Piñera— en la subsecretaría de Patrimonio Cultural, sugiere una clara orientación hacia la desregulación.
No obstante, desde el mundo indígena se plantea una objeción de fondo; mientras la Contraloría había revelado serios problemas de gestión en el CMN que retrasaban obras, la solución no puede consistir en ignorar el deber de protección del patrimonio cultural, ni mucho menos soslayar los derechos que, en materia de consulta, poseen las comunidades indígenas. El caso del Hospital de La Unión, paralizado durante casi tres años tras hallazgos arqueológicos que llevaron a solicitar una consulta indígena, ilustra la complejidad de un conflicto donde la eficiencia económica y la protección de derechos no deberían presentarse como opuestos excluyentes.
Más allá de las disputas jurídicas sobre la obligatoriedad de la consulta indígena, la relevancia primordial para entender el conflicto no reside únicamente en si el gobierno deberá cumplir o no con un trámite legal antes de modificar la Ley Indígena; la cuestión de fondo es que los pueblos originarios han dejado de ser meros sujetos pasivos de políticas públicas para convertirse en actores políticos con una institucionalidad, una memoria histórica y una capacidad de movilización que el Estado chileno no puede seguir ignorando.
La pretensión de modificar leyes que consagran derechos conquistados en democracia sin su participación directa, o de desmantelar oficinas técnicas que canalizaban sus demandas, revela una mirada que aún concibe lo indígena como un obstáculo administrativo en lugar de reconocerlo como un sujeto político legítimo. Así, el conflicto trasciende el ámbito de lo estrictamente legal para instalarse en el terreno de la legitimidad social; un Estado que avanza en reformas sin consultar no solo incurre en una ilegalidad, sino que erosiona los cimientos del pacto social, profundizando la brecha de desconfianza que históricamente ha caracterizado la relación entre el Estado nación y los pueblos que le precedieron.