Sigue la retroexcavadora del gobierno de Kast: Ahora firma resolución que elimina la Unidad de Pueblos Indígenas
El gobierno del presidente José Antonio Kast firmó una resolución que deroga la Unidad Funcional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, en el marco de un plan de racionalización del gasto público impulsado por el Ministerio de Hacienda.
De acuerdo al medio Contrapoder, la medida, contenida en una resolución exenta emitida por la División Jurídica del ministerio y fechada el 19 de marzo de 2026, deja sin efecto la Resolución Exenta N° 1534 del 14 de julio de 2017, que creó la unidad especializada.
Según el texto oficial, la decisión responde a “instrucciones del Ministerio de Hacienda orientadas a fortalecer las medidas de austeridad fiscal y racionalización del gasto público”, con el objetivo de “optimizar el uso de los recursos disponibles” en la estructura organizacional de los servicios públicos.
¿Qué era la Unidad de Pueblos Indígenas?
La Unidad de Pueblos Indígenas tenía como principal función garantizar la pertinencia territorial indígena, otorgar certeza jurídica sobre tierras ancestrales y facilitar el acceso de las comunidades a programas de vivienda y desarrollo.
Entre sus tareas destacaba la gestión, identificación y regularización de la ocupación de bienes fiscales con intereses indígenas.
Por eso, sus funciones eran:
Coordinación de Políticas: Implementar el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas.
Participación y Consulta: Orientar los procesos de consulta indígena para asegurar la pertinencia cultural en proyectos.
Apoyo Jurídico: Asesorar en temas legales relacionados con la tierra, cultura y derechos colectivos.
Revalorización: Promover la valoración de lenguas y prácticas ancestrales
El documento ministerial enfatiza que la supresión de la unidad “no afecta la vigencia ni el cumplimiento de los compromisos institucionales del Estado en materias indígenas”, ya que estos se sustentan en tratados internacionales ratificados por Chile, la normativa interna y las políticas públicas sectoriales, las cuales “constituyen obligaciones del Estado de Chile y forman parte del ordenamiento jurídico vigente”.
Hasta el momento, el gobierno no ha emitido declaraciones adicionales más allá del texto de la resolución, en la que se instruye a las divisiones y unidades del ministerio actualizar el organigrama institucional y adoptar las medidas administrativas correspondientes.
