Lamentablemente, la experiencia del modelo de crecimiento vigente en Chile, aún con la legislación ambiental e indígena que su gobierno se propone debilitar, es que las inversiones extractivas tienen gran impacto ambiental.
Presidente José Antonio Kast anuncia reforma a Ley Indígena. Créditos: Agencia Uno.
Las falencias de la primera cuenta del Presidente Kast el pasado 1 de junio han sido ya constatadas por diversos analistas. Lo que no ha sido expuesto, sin embargo, es lo paradójico que resultan sus anuncios en relación a la protección de los que en ella identifica como “bienes públicos”.
En efecto, llama la atención el doble estándar del Presidente cuando al referir a las afectaciones de las que han sido objeto los bienes patrimoniales en los últimos años, insta a la ciudadanía a proteger el “bien común”, a “recuperar la cultura de cuidar lo nuestro” y a evitar la “destrucción de los bienes públicos". Junto a este llamado, propone para estos efectos medidas drásticas, como el “registro de vándalos e incivilidades”. Ello a objeto de sancionar a quienes incurran en, entre otros actos, aquellos que deterioren la infraestructura pública.
Más allá de tratarse esta última de una medida contraria a los derechos humanos –restringe para quienes sean incorporados en él los denominados beneficios sociales, beneficios que no son tales, sino derechos cuyo aseguramiento constituye una obligación del Estado- cabe preguntarse: ¿el agua, el aire, los bosques, los mares, no son también bienes públicos nuestros, que también deben ser cuidados? Lamentablemente en su cuenta pública hay escaza, sino nula referencia al respecto.
Así en sus afirmaciones en materia económica llamó a destrabar “proyectos de inversión pendientes de evaluación por miles de millones de dólares…”, “atrapados en una maraña de permisos, trámites y reclamaciones que los paralizaban”. En el mismo ámbito aseveró que “en pocos meses resolvimos el 60% de la inversión que estaba trabada por esta vía y redujimos en 45% los tiempos de resolución”. Seguidamente anunció que desde que asumió su gobierno habían ingresado proyectos de inversión por más de 22 mil millones de dólares “a trámite ambiental”.
Cabe preguntarse en relación a estos anuncios presidenciales: ¿cuáles son esos proyectos de inversión de miles de millones de dólares? De acuerdo a información pública disponible, la mayor parte de dichos proyectos son de carácter extractivo, específicamente proyectos mineros de gran envergadura, que requieren uso intensivo de aguas y generan contaminación del aire y la tierra.
Igualmente nos preguntamos, ¿cuáles son las implicancias de destrabar la evaluación y reducir a casi a la mitad los tiempos de su aprobación? Ella implica, entre otras cosas, rebajar los requerimientos ambientales de dichos proyectos, la participación ciudadana, la consulta de los pueblos indígenas a los que el Estado está obligado por la ley nacional y tratados internacionales.
También nos preguntamos: ¿y qué pasa con bienes públicos como el agua, el mar, los bosques ante estos proyectos de inversión? El Presidente Kast afirmó en la cuenta que dichos proyectos deben hacerse “sin renunciar al cuidado del medio ambiente”, agregando que “crecer y cuidar no son opuestos”. Lamentablemente, la experiencia del modelo de crecimiento vigente en Chile, aún con la legislación ambiental e indígena que su gobierno se propone debilitar, es que las inversiones extractivas tienen gran impacto ambiental.
Así, por ejemplo, las inversiones mineras como la extracción de litio, afectan el agua, y privan a las comunidades de este recurso esencial para sus actividades tradicionales agrícolas y ganaderas. Las inversiones de la industria salmonera, han afectado los ecosistemas marinos de manera crítica e irreversible. Las inversiones forestales han dañado gravemente los ecosistemas terrestres desecando ríos y praderas, dejándolos expuestos a incendios, como los recientes ocurridos en la Región del Biobío.
Sus anuncios, por lo mismo, resultan paradójicos. A todas luces no son consistentes con el cuidado de “lo nuestro” que retóricamente sostiene, sino más bien se constituyen en una amenaza de “destrucción de los bienes públicos”.