lunes 16 de noviembre de 2026
Opinión

Entre las falsas acusaciones y el derecho a denunciar sin miedo: El relato en disputa

Sancionar la mentira acreditada y evitar que la falta de pruebas se convierta en prueba de una mentira son exigencias compatibles. De esa distinción depende que la ley proteja a quienes son injustamente acusados sin levantar nuevas barreras para quienes necesitan acudir a la justicia.

16 de noviembre de 2026 - 16:45

Sancionar una denuncia deliberadamente falsa es legítimo y necesario. Una imputación inventada puede afectar la honra, el trabajo, la libertad y las relaciones familiares de una persona, incluso cuando posteriormente se descarta su responsabilidad. El desafío consiste en responder a ese daño sin convertir las dificultades para probar un delito en una razón para sospechar de quien lo denuncia.

El proyecto de ley sobre acusaciones, denuncias o querellas falsas, propone establecer un procedimiento especial y sanciones para estas conductas. La discusión requiere examinar qué aporta esta regulación frente a la legislación vigente y qué garantías permitirían distinguir una imputación maliciosa de otra que no pudo acreditarse.

La diferencia es fundamental. Una investigación puede terminar sin condena porque no existen pruebas suficientes, porque no fue posible identificar al responsable o porque los antecedentes no permiten establecer que el delito ocurrió. Ninguno de esos resultados demuestra, por sí solo, que quien denunció haya mentido. Para atribuir falsedad es necesario acreditar tanto la falta de correspondencia con los hechos como la conducta de quien formuló la imputación, conforme a los requisitos que establezca la ley.

Chile ya contempla en el artículo 211 del Código Penal la acusación o denuncia calumniosa. Por eso, antes de crear nuevas figuras o procedimientos, el debate legislativo debe identificar qué limitaciones presenta la regulación actual y qué dificultades impiden aplicarla cuando existen antecedentes de una imputación deliberadamente falsa. Aumentar las sanciones no garantiza, por sí solo, una mejor respuesta si no se resuelven los problemas que la reforma busca corregir.

Esta distinción adquiere especial importancia en las denuncias por violencia intrafamiliar y delitos sexuales. Los hechos pueden ocurrir en espacios privados, sin testigos, y requerir la evaluación conjunta de testimonios, peritajes y otros antecedentes. La dificultad para obtener pruebas no demuestra que una denuncia sea falsa, del mismo modo que la denuncia no acredita automáticamente la responsabilidad de la persona señalada.

Una legislación adecuada debe proteger a quien enfrenta una acusación injusta y permitir que las personas acudan a la justicia de buena fe. Para ello, necesita criterios claros, decisiones fundadas y garantías que impidan atribuir mala fe únicamente porque una investigación no terminó en condena.

El Congreso tiene la responsabilidad de examinar si el procedimiento propuesto ofrece esas garantías, cómo se acreditará la falsedad y qué consecuencias tendrá su declaración. La precisión es especialmente importante cuando una misma causa puede involucrar derechos fundamentales, relaciones familiares y necesidades de protección.

La calidad de esta reforma no debiera medirse por la severidad de las penas, sino por su capacidad para distinguir conductas diferentes y establecer responsabilidades de manera justa. Una denuncia deliberadamente falsa merece una respuesta jurídica; una denuncia que no pudo probarse exige respetar el resultado de la investigación sin atribuir una intención maliciosa que no ha sido demostrada.

Sancionar la mentira acreditada y evitar que la falta de pruebas se convierta en prueba de una mentira son exigencias compatibles. De esa distinción depende que la ley proteja a quienes son injustamente acusados sin levantar nuevas barreras para quienes necesitan acudir a la justicia.

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