El 22 de marzo se conmemoró el Día Mundial del Agua, cuyo lema este año fue: “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la que pone en el centro una dimensión que rara vez ocupa titulares: la relación entre agua, desigualdad y género. Comprender esta relación es clave, pues la crisis global del agua no afecta a todas las personas por igual. En contextos de escasez hídrica, quienes enfrentan mayores costos sociales y económicos suelen ser las mujeres, especialmente las de menores ingresos, en territorios rurales o que sus actividades económicas dependen en alguna manera del agua (Salinas et al., 2024). En Chile, esta realidad no es lejana: en regiones como Coquimbo o Valparaíso, son las mujeres quienes organizan la espera del camión aljibe, administran los bidones, y calculan cada día cuánta agua queda para cocinar, limpiar y cuidar. Es su tiempo y energía los que se destinan muchas veces a labores invisibles: no se estudia, no se sale a trabajar, no se descansa.
¿Quién sostiene el territorio cuando el agua escasea?
Chile aún enfrenta los impactos de más de una década de megasequía (2010 - 2022). Pero la crisis del agua no es solo climática: es también una crisis de poder, de instituciones y de injusticias estructurales de hace más de 40 años. La forma en que se distribuye, gestiona y gobierna el agua condiciona profundamente quiénes pueden adaptarse y quiénes quedan más expuestos en periodos de crisis hídricas.
En este escenario, la ruralidad se vuelve un espacio clave para comprender las desigualdades que enfrentan sus habitantes para que llegue el agua a los hogares. Allí muchas veces el abastecimiento depende de organizaciones comunitarias que llevan décadas operando sin el respaldo institucional que merecen o de un camión aljibe que no tiene día fijo de llegada.
En la cuenca del río Aconcagua, por ejemplo, los habitantes del territorio lo dicen sin rodeos “uno tiene la sensación de que somos ciudadanos de segunda categoría” (Documento de Trabajo N°2, Red por el Agua). Esa frase no describe una percepción individual, sino que da cuenta de un sistema donde el agua fluye con más fuerza hacia quienes ya tienen más: más tierra, más derechos de aprovechamiento de agua, más poder de negociación.
Por otra parte, los impactos no se distribuyen de manera uniforme dentro de las propias comunidades rurales. La crisis hídrica también reconfigura las relaciones sociales, y agrava de manera desigual los trabajos y las responsabilidades dentro de los territorios. Es en este punto donde el enfoque de género se vuelve fundamental.
Las mujeres rurales se ven particularmente afectadas por estas crisis. No se trata de una condición biológica, sino de desigualdades estructurales de género que persisten en el acceso a recursos, la participación en la toma de decisiones y la distribución del trabajo doméstico y de cuidados. En los territorios rurales, son principalmente las mujeres quienes gestionan el agua en los hogares, cuidan a quienes enferman cuando el agua está contaminada o reorganizan la vida cotidiana cuando el recurso escasea. Al mismo tiempo, su participación en espacios formales de gobernanza hídrica sigue siendo limitada, y su voz y experiencia son poco escuchadas.
Reconocer estas desigualdades es clave para diseñar políticas y estrategias que respondan adecuadamente a las distintas realidades del territorio, priorizando a quienes enfrentan mayores dificultades y son más vulnerables. Pero también es importante evitar reducir a las mujeres rurales únicamente a una posición de vulnerabilidad.
Ellas son también agricultoras, temporeras, dirigentas de servicios sanitarios rurales, guardianas de saberes locales y de semillas, y lideresas fundamentales en la gestión comunitaria del agua. Su aporte trasciende los territorios donde viven, conectando la sostenibilidad rural con la seguridad alimentaria y ambiental de las ciudades. En este sentido, reconocer y proteger el rol de las mujeres rurales no es solo un imperativo de justicia: es una condición para la sostenibilidad de la vida.
Aprender desde el territorio: la experiencia de la Red por el Agua en Aconcagua
Frente a este escenario, la Red por el Agua nace el 2024 como un espacio de articulación entre la academia, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y actores privados, con el objetivo de generar conocimiento colectivo, fomentar el diálogo territorial y, co-crear y promover estrategias de adaptación frente a la crisis hídrica. Su propósito: generar conocimiento colectivo desde y con los territorios para enfrentar la falta de agua.
Entre los aprendizajes que emergen de esta iniciativa destaca la necesidad de fortalecer la gobernanza del agua a escala de cuenca, integrando el conocimiento científico con el conocimiento local y promoviendo una gestión que priorice el consumo humano, no solo urbano, sino también de las comunidades rurales que hoy quedan al final de la fila, apoye a la pequeña agricultura y fomente soluciones basadas en la naturaleza. Estas orientaciones se recogen en el documento “Riesgos y adaptación al cambio climático en la cuenca del río Aconcagua: propuestas para fortalecer una gestión integrada y resiliente del agua ”, el primer Policy Brief de la Red por el Agua.
El desafío es claro: si queremos que donde fluya el agua también crezca la igualdad, debemos reconocer que la crisis hídrica es también una crisis social, por ende un tema de distribución de poder. Redistribuir el agua sin redistribuir las decisiones es solo perpetuar la injusticia. Eso implica políticas públicas que lleguen al territorio, que fortalezcan las organizaciones comunitarias y que pongan a las mujeres rurales no solo como sujetos de atención, sino como protagonistas de la gobernanza del agua.
Donde fluye el agua puede crecer la igualdad, pero para eso debemos construir sistemas de gestión del agua que no solo enfrenten la escasez, sino que también promuevan justicia hídrica con perspectiva de género, resiliencia territorial y un futuro más sostenible para todas las personas.
*Esta columna también fue escrita por Daniella Gac, Paulina Aldunce, Gabriel Barrantes, Marco Billi, María Christina Fragkou, Catalina Moreno y Bernardo Reyes, de la Red por el Agua.
