El desafío no es eliminar el impuesto, sino corregir sus bordes. Y esa es una tarea que, desde lo local, se puede liderar con responsabilidad y sentido de justicia.
Presidente Kast junto a los ministros Quiroz y Alvarado / Agencia Uno
Frente a las soluciones simplistas impulsadas por la ultra derecha, nosotros proponemos gradualidad, focalización y decisión democrática local, reconociendo y atendiendo las dificultades reales de las personas mayores.
En Chile, muchas políticas públicas comparten un problema estructural: sus límites son tajantes. Funcionan con líneas de corte que, aunque necesarias para operar, generan efectos difíciles de justificar en la práctica. Si un beneficio aplica al 60% más vulnerable, quien está dentro no paga nada, mientras quien queda apenas por fuera —en el 61%— paga todo, sin transición ni matices, solo un salto abrupto.
El sistema de contribuciones no escapa a esa lógica. Hoy existen exenciones y rebajas para las personas mayores, pero operan bajo criterios rígidos de ingreso y avalúo. En consecuencia, hay personas que quedan justo fuera del beneficio por márgenes estrechos y enfrentan el pago completo de un impuesto que, en su situación, puede ser efectivamente oneroso, no porque sean pobres, sino porque el diseño de la política no logra capturar su realidad.
Esto es particularmente visible en comunas como Providencia, Ñuñoa o Santiago, donde el aumento sostenido del valor de las propiedades ha elevado el avalúo fiscal de muchas viviendas sin que eso se traduzca en mayores ingresos para quienes las habitan. Así, personas mayores, o familias que enfrentan caídas temporales en sus ingresos, quedan atrapadas en un sistema que no distingue entre patrimonio e ingreso disponible.
Pero reconocer este problema no implica aceptar cualquier solución. Las propuestas de eliminación de contribuciones impulsadas por sectores de ultra derecha, como las del presidente José Antonio Kast, parten de un diagnóstico atendible, pero llegan a respuestas que no difieren sustantivamente entre sí: eliminar el impuesto como salida general.
Porque si bien hay casos donde el impuesto resulta excesivo, eso no significa que deba eliminarse para todos. Hacerlo implica también beneficiar a quienes no lo necesitan, transformando una política que busca aliviar situaciones de vulnerabilidad en una medida de carácter regresivo.
El problema, entonces, no es la existencia del impuesto, sino la ausencia de gradualidad en su aplicación. Lo razonable no es pasar de pagar todo a pagar nada, sino construir un sistema que ajuste la carga según las condiciones reales de las personas: ingresos, valor de la vivienda, composición del hogar. En otras palabras, suavizar los bordes de la política pública.
En ese marco, la discusión abre una oportunidad más interesante que la simple eliminación: repensar el uso de los recursos. Hoy, una parte importante de las contribuciones se destina al Fondo Común Municipal, un mecanismo clave de redistribución territorial que permite financiar comunas con menos ingresos. Ese componente no debiera tocarse. Mantenerlo íntegro no solo es fiscalmente responsable, sino también socialmente necesario.
La pregunta relevante está en la otra parte: los recursos que quedan en las arcas municipales. En las comunas del distrito 10, esos ingresos podrían convertirse en una herramienta mucho más flexible y justa si se canalizan hacia un fondo local orientado a aliviar los costos de la vivienda.
Un fondo de este tipo permitiría apoyar a propietarios en situación de vulnerabilidad que hoy enfrentan dificultades para pagar sus contribuciones, pero también a arrendatarios que atraviesan caídas de ingresos y a vecinos que no logran cubrir sus gastos comunes, afectando la vida comunitaria.
Para que esta política sea efectiva, debe incorporar dos elementos clave. Primero, temporalidad: los beneficios deben ser postulables por períodos acotados y sujetos a reevaluación. Segundo, progresividad: el apoyo municipal debe ajustarse en tramos —100%, 80%, 60% o 20%— según la situación del hogar.
Finalmente, el destino de estos recursos debe ser decidido democráticamente en el Concejo municipal. Allí corresponde deliberar dónde enfocar el apoyo económico,, en un contexto de recursos siempre limitados.
La eliminación generalizada de contribuciones puede ser una respuesta políticamente atractiva, pero técnicamente deficiente. En cambio, avanzar hacia esquemas graduales y mecanismos de apoyo focalizados permite abordar el problema real sin generar efectos regresivos. Porque el desafío no es eliminar el impuesto, sino corregir sus bordes. Y esa es una tarea que, desde lo local, se puede liderar con responsabilidad y sentido de justicia.
Andrés Argandoña - Concejal de Ñuñoa
María Eugenia Pino - Concejala de Providencia
Verónica Chávez - Concejala de Ñuñoa
Cristóbal Lagos - Concejal de Providencia
Ximena Peralta - Consejera Regional Santiago