Auditoría de Contraloría reveló que organismo entregó créditos a personas que no cumplían requisitos legales, incluyendo beneficiarios con casos de marihuana.
Imagen referencial sobre agricultura - Agencia Uno
Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) puso en cuestionamiento al Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), luego de detectar múltiples irregularidades en la entrega de créditos de fomento agrícola en la Región Metropolitana durante 2024.
El Informe Final N°80 de 2026 reveló que el organismo estatal otorgó beneficios a personas que no cumplían con los requisitos establecidos, además de constatar débiles mecanismos de fiscalización y control interno.
Entre los hallazgos más llamativos, la auditoría identificó a 10 beneficiarios que poseían vehículos motorizados valorizados en casi $130 millones (más de 3.500 UF de hace dos años).
Asimismo, otras dos personas registraban un capital propio tributario superior al límite permitido para acceder a este tipo de ayudas estatales destinadas a pequeños agricultores.
La Contraloría también detectó que INDAP no fiscalizó adecuadamente a tres beneficiarios vinculados a actividades ilícitas en los predios declarados para acceder a los créditos.
Dos de los casos estaban relacionados con cultivos de marihuana, mientras que otro involucraba una situación de usurpación de aguas. Según el ente fiscalizador, la institución no acreditó haber realizado acciones de supervisión o reevaluación de estos beneficiarios pese a los antecedentes existentes.
Debido a ello, la CGR instruyó a INDAP reevaluar dichos casos y reforzar los mecanismos de control respecto del uso de los recursos públicos.
Otro punto crítico del informe apunta a que 16 personas recibieron créditos por más de $51 millones pese a que sus principales ingresos provenían de actividades no agrícolas, como honorarios, arriendos o remuneraciones.
La normativa establece que los beneficiarios de estos programas deben tener como principal fuente de ingresos la actividad agrícola, condición que no se cumplía en estos casos.
Además, la auditoría detectó que 23 personas accedieron a créditos por más de $62 millones sin acreditar tenencia legítima de los terrenos declarados, figurando en muchos casos solo como “ocupantes” de los predios.
La Contraloría también cuestionó las deficiencias en la evaluación socioeconómica de los usuarios.
El informe señala que ocho beneficiarios, que obtuvieron créditos por cerca de $51 millones, no cumplían con el requisito de pertenecer al tramo entre el 0% y el 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares. A ello se suman otras 95 personas que recibieron más de $503 millones pese a presentar una calificación socioeconómica superior al límite exigido.
Asimismo, se detectó que 481 créditos fueron entregados a usuarios acreditados hace más de cinco años sin que existieran reevaluaciones periódicas de su situación como pequeños agricultores.
