Se debe tener presente que el 70% de las viviendas registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no están afectas al pago de contribuciones de bienes raíces y en la actualidad existe una exención respecto de estas contribuciones.
Es evidente que los creativos publicistas y expertos en marketing del gobierno de Kast fueron los que, a la libérra reforma tributaria en trámite, la denominaron Reforma de Reconstrucción Nacional, la que busca, en opinión de quienes la pulsan, con mínima intervención del aparato público, el crecimiento económico sin ataduras de ninguna especie. Vale decir, dejando a un lado la tradicional perversa burocracia existente en el país.
De esta manera, los distintos sectores empresariales, tanto nacionales como extranjeros, estarán en óptimas condiciones para invertir con la certeza absoluta de que sus proyectos no serán cuestionados por nadie. Así se aplica, dicen ellos, el contenido de la Escuela Austríaca de Economía que reniega del Estado.
En paralelo se modificará, vía Decreto Supremo firmado por Kast y Poduje, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), para hacerla coherente con los nuevos tiempos, la que mereció una intrascendente objeción del debilucho Colegio de Arquitectos. Asimismo, dado que el sector privado merece un tratamiento especial, el Ministerio de Medio Ambiente ya tiene precisas instrucciones para modernizarse, estableciéndose, entre otras materias, que las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) aprobadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que sean rechazadas posteriormente por la Justicia, los gastos incurridos por la empresa serán reembolsados por el Estado.
Respecto de la OGUC, leímos recientemente en un medio, que algunos alcaldes la criticaban estimando ellos que, con su próxima vigencia, se iban a admitir guetos verticales similares a los levantados en la comuna de Estación Central, luego dando por cierto que esas elevadas torres de viviendas se habían construido respetando las normas contenidas en esa OGUC.
Esos edificios, que son aproximadamente 90, todos menos dos, cuentan con recepciones finales de obras y fueron declarados ilegales por la Contraloría General de la República y hasta por la Corte Suprema, gracias al buen cometido del abogado Cristóbal Osorio. En relación a esos 2 edificios paralizados, ya que tienen la misma irregularidad que el resto, en rigor, conforme al principio "a igual razón, misma disposición", también debieran contar con recepciones finales.
Como una muestra del acomodo de la Justicia a lo que desea el gobierno, la Corte de Apelaciones de Santiago el reciente 6 de mayo de 2026 falló a favor de una inmobiliaria y en contra de la Municipalidad de Pudahuel por una interpretación asociada a un proyecto en terrenos del loteo Ciudad de los Valles.
El municipio hacía valer el contundente dictamen de auditoría N° 403/2020 de la Contraloría General de la República para sustentar su posición, pero los jueces Juan Cristóbal Mera, Sandra Araya y Mauricio Rettig, aunque reconocieron el valor probatorio de lo resuelto por el ente fiscalizador, livianamente optaron por darle la razón al privado.
Entonces se concluye que las normas urbanísticas contenidas en los instrumentos regulatorios, aunque sean muy claras, están sujetas a lo que desean los dueños de los terrenos, con el agravante de que, por lo menos en este caso, los jueces que firmaron el veredicto solidarizaron con los avispados interesados.
No aludo a todas las medidas de la Reforma Tributaria, pues ya son conocidas por la opinión pública, pero por ser una de las más burlescas y hasta abusivas, cuestionada por casi todos los alcaldes del país, pues si llegara a prosperar, sus municipios se verían sumamente perjudicados en sus presupuestos, a continuación tenemos el deber de precisar lo que acontece con la exención del impuesto territorial que beneficiaría impúdicamente a la élite, conformada por el 0,5% de la población.
En efecto, se debe tener presente que el 70% de las viviendas registradas en el Servicio de Impuestos Internos (SII), no están afectas al pago de contribuciones de bienes raíces y en la actualidad existe una exención respecto de estas contribuciones, para las mujeres con edades superiores a los 60 años y para los hombres mayores de 65 años que sean propietarios de las viviendas en donde residen. Lo anterior, siempre y cuando esos inmuebles localizados en sectores urbanos o rurales, tengan un cierto avalúo fiscal y las declaraciones de ingresos monetarios anuales de sus dueños al SII correspondan a un determinado monto de dinero.
Ahora el gobierno desea ampliar esta regalía a todas aquellas personas que vivan en sus "primeras viviendas", sin importar mayormente sus avalúos ni menos los ingresos contenidos en las declaraciones a la renta al SII de tales sujetos. Se debe saber que, por los terrenos y por todo tipo de inmuebles que pertenezcan a las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro, los clubes deportivos, las instituciones públicas y otras que, por su naturaleza, no persiguen interesen propios, juiciosamente la ley señala que no pagan este impuesto territorial.
Dado que la prensa no se ha referido con exactitud al asunto de las contribuciones, debido a que un alto porcentaje de los individuos que disponen de subidos patrimonios, aparte de tener exagerados ingresos, solo con el propósito de obtener provechos tributarios, sus viviendas las tienen inscriptas en los Conservadores de Bienes Raíces (CBR) a nombre de sus sociedades de inversión. Por ende, aplicándose un básico sentido común, se concluye que el futuro obsequio de la exención del impuesto territorial a los capitalistas que poseen la concentración de la riqueza, está orientada exclusivamente a las personas naturales y bajo ninguna circunstancia a las personas jurídicas que lucran en los mercados.
Finalmente, no logro comprender que una jefa de gabinete de un ex director del SII haya ordenado (sic) un perdonazo de $ 22,7 mil millones a una empresa del grupo económico Fernández León, según nota del medio de investigación Reportea.cl, conglomerado que es el principal accionista del Banco Consorcio y de las importantes empresas Entel y Pucobre. Este ignorante columnista no sabía que las jefas de gabinete tenían tantas atribuciones legales y nos preguntamos qué sucederá con esa suma de dinero.
Aprovecho la ocasión para felicitar al abogado, ex diputado y ex profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, Renato Garín, por publicar muchas verdades en sus libros que incomodan a los que mandan.