La rebaja presupuestaria en salud 2026 no es un ejercicio de eficiencia: es una apuesta que afectará a la red asistencial.
"A veces uno con menos recursos hace más", señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al referirse a la rebaja de más de 400 mil millones de pesos a la partida del Ministerio de Salud. Y si bien apuntar a mayor eficiencia en el sistema de salud es un objetivo deseable, los datos muestran que esta rebaja presupuestaria carece de sustento técnico.
El Decreto 333 de Hacienda formaliza una rebaja superior a $400 mil millones a la partida del Ministerio de Salud, concentrada en los gastos de personal, bienes y servicios, iniciativas de inversión y atención primaria de salud. El instrumento se presenta como un ajuste de eficiencia que generaría ahorros sin afectar prestaciones.
Conviene mirarlo en perspectiva: año tras año, los Servicios de Salud sobre-ejecutan el presupuesto aprobado por ley justamente en esas mismas partidas, lo que obliga a Hacienda a entregar recursos adicionales. La pregunta, entonces, no es si la rebaja es eficiente en el papel, sino si tiene sustento técnico en la operación real del sistema.
El argumento del Ejecutivo asume que la baja en ausentismo libera recursos para reducir el gasto en personal. La evidencia muestra que esto no es suficiente para revertir un problema estructural: entre 2022 y 2025 el ausentismo cayó de 35 a 26,1 días promedio por funcionario y, aun así, el gasto real en personal creció 17%, sobre-ejecutando cada año el presupuesto aprobado entre un 13% y un 15%. La gestión del ausentismo —que se debe sostener— no alcanza para contener las presiones estructurales de dotación, recomposición de la fuerza laboral y ajustes salariales del sector público. La rebaja desconoce esas presiones.
El gasto en licencias médicas es otra área donde el Ejecutivo ha anunciado búsqueda de eficiencia. Es un objetivo deseable y compartido. Los datos, además, muestran avances concretos: en 2025 se emitieron 7,0 millones de licencias —12,9% menos que en 2024—, lo que se tradujo en una disminución del gasto en Subsidio de Incapacidad Laboral (SIL) de un 18,4%. Son buenas noticias que se deben sostener.
Pero la eficiencia no reemplaza la necesidad de financiamiento adecuado para garantizar la prestación: el informe de ejecución presupuestaria del primer trimestre mostró que las licencias de pago directo presentan una ejecución aproximada del 48% de su presupuesto anual. Por más eficiencia que se logre, si la operación requiere recursos adicionales, esos recursos deben entregarse. De lo contrario, habrá pacientes FONASA con sus licencias aprobadas y sin pago.
El decreto también rebaja el presupuesto de bienes y servicios de los Servicios de Salud, lo que se ha justificado con economías de escala de Cenabast, reducción de compras de urgencia e interoperabilidad de bodegas, entre otras medidas. Las iniciativas son correctas y necesarias, pero requieren tiempo de maduración. Mientras tanto, lo que se financia en este subtítulo es lo concreto del día a día hospitalario: medicamentos, insumos quirúrgicos, reactivos de laboratorio, exámenes de imagen y servicios clínicos externalizados.
En los últimos ocho años el gasto ejecutado en esta partida creció 40,9% en términos reales, superando el presupuesto aprobado por ley entre un 25% y un 30% cada año. Es decir, Hacienda debió entregar más recursos —no menos— para que la red asistencial pudiera operar. Esperar que medidas aún en implementación reviertan en doce meses una tendencia estructural de ocho años es, sencillamente, imposible. Lo que está en juego es la disponibilidad efectiva de medicamentos, exámenes e insumos para dar atención a los pacientes.
Un sistema de salud más eficiente es, por cierto, una tarea primordial. La evidencia internacional señala algunas luces. Primero, mecanismos de pago inteligentes: desde 2015 Chile ha avanzado en la implementación de herramientas de pago estratégico, en particular los Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD), con un despliegue paulatino y robustecido a lo largo de la última década.
Es, curiosamente, una de las líneas afectadas por esta rebaja. Segundo, una atención primaria robusta y resolutiva: los sistemas que fortalecen la APS como nivel resolutivo real logran reducir hospitalizaciones evitables, descomprimir las urgencias hospitalarias y resolver en el nivel local condiciones que, sin una puerta de entrada adecuada, escalan al especialista y al hospital, multiplicando el costo para el sistema.
Por lo mismo, es incomprensible que este decreto afecte los recursos disponibles en la atención primaria. Tercero, interoperabilidad y digitalización: una agenda compartida que se debe impulsar de manera sostenida. Sin embargo, esta área requiere inversión inicial y sus retornos en eficiencia se materializan en el mediano plazo: está lejos de generar los ahorros anunciados para 2026.
La rebaja al presupuesto de salud ocurre al mismo tiempo que el ejecutivo tramita una reforma tributaria que reducirá la recaudación disponible para el Estado. La experiencia internacional muestra que el gasto en salud crece de manera sostenida incluso considerando mecanismos de eficiencia apropiados. Ajustar hacia abajo el gasto en salud mientras se estrecha la base de ingresos fiscales no es administración eficiente de recursos: es una decisión que trasladará el costo a los pacientes.
La discusión sobre eficiencia en salud es legítima y necesaria, y un sistema más resolutivo —con atención primaria robusta, pago estratégico maduro y digitalización efectiva— es una agenda compartida. Pero esa transformación requiere tiempo, inversión inicial y continuidad: sus retornos se materializan en el mediano plazo, no en un ciclo presupuestario.
Proyectar para 2026 ahorros que la operación del sistema aún no puede sostener no constituye un ejercicio de eficiencia, sino un supuesto presupuestario que tensiona la ejecución. Y ese supuesto, de no cumplirse, deberá resolverse por la vía de suplementaciones oportunas durante el año o, en su defecto, por una menor disponibilidad de prestaciones para los pacientes de la red asistencial. La eficiencia es un objetivo legítimo; el ajuste presupuestario, una decisión política. Confundirlos no produce ahorro: produce déficit operacional.