La Comisión de Medio Ambiente aprobó normas clave de la Ley Miscelánea de Kast, mientras crecen advertencias por su eventual impacto fiscal.
Comisión de Medio Ambiente aprobó la Ley Miscelánea de Kast - Agencia Uno
La Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó parte importante de las normas ambientales de la denominada “Ley Miscelánea” impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, en medio de críticas de la oposición y advertencias sobre un eventual impacto para las arcas fiscales por compensaciones a inversionistas.
El proyecto, denominado oficialmente “Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social ”, reúne medidas económicas, tributarias, laborales y medioambientales que el Ejecutivo busca despachar con rapidez en el Congreso.
Entre las materias visadas por la comisión se encuentran modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), ajustes a la Ley de Tribunales Ambientales y cambios vinculados a proyectos de inversión y concesiones acuícolas.
Según lo aprobado, se establecieron límites temporales para medidas cautelares que paralicen proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable y también se incorporó la posibilidad de apelar resoluciones relacionadas con dichas cautelares.
Asimismo, la iniciativa propone eliminar la obligación automática de ingreso al SEIA para algunas relocalizaciones de concesiones acuícolas y contempla ajustes para proyectos energéticos, dejando al reglamento la definición de qué iniciativas deberán ingresar obligatoriamente al sistema ambiental.
Uno de los puntos que generó mayor controversia fue la norma que permitiría compensar a inversionistas cuando una RCA sea anulada por decisión judicial, siempre que ya hayan ejecutado gastos asociados a sus proyectos.
El diputado Jaime Bassa advirtió que la medida podría significar un alto costo fiscal y beneficiar incluso a proyectos cuestionados judicialmente. El parlamentario mencionó como ejemplo el caso de Collahuasi, donde la inversión comprometida supera los US$3.000 millones.
Desde el oficialismo, el diputado Guillermo Ramírez (UDI) defendió la iniciativa y aseguró que busca entregar certezas a los inversionistas para evitar la paralización de proyectos.
En paralelo, la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, sostuvo que el mecanismo pretende dar una señal de confianza a quienes desarrollan inversiones en el país y afirmó que el Estado debe asumir parte de los riesgos asociados a esos procesos.
Tras el despacho desde las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente, la Ley Miscelánea enfrentará durante esta semana su votación en la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
El gobierno necesita al menos 78 votos para aprobar el proyecto en general y enviarlo al Senado, escenario donde la negociación con sectores de centro y con el Partido de la Gente aparece como clave para el Ejecutivo.
La iniciativa también ha generado cuestionamientos desde organismos y expertos por su impacto fiscal, debido a propuestas como rebajas tributarias, exenciones y garantías para grandes inversiones.
