Entre celebraciones en el Palacio de La Moneda, defensas tan predecibles como indulgentes y una memoria histórica que se activa solo cuando conviene, la frontera entre lo público y lo privado vuelve a diluirse. No es un accidente, ni un desliz: empieza a parecer un hábito. Y uno bastante incompatible con aquella austeridad que se prometía casi como virtud fundacional.
José Antonio Kast con una bandera chilena de fondo / Agencia Uno
Porque no, no era una inocente mesa de té. Era un agasajo, discreto, por supuesto; siempre discreto, para los amigos de la generación universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Un grupo selecto, con sotanas ocasionales y corbatas perfectamente alineadas, más familiarizado con las sobremesas largas que con cualquier forma de transporte público. Hasta ahí, nada extraordinario. El detalle es el “dónde”.
El lugar elegido fue el Palacio de La Moneda. Porque, al parecer, llegar a la Presidencia también habilita una reinterpretación creativa del concepto de “lo público”. Una especie de membresía tácita que permite usar la sede del gobierno como extensión de la sala de estar, siempre que se haga con suficiente naturalidad.
El problema, incómodamente simple, es que el Palacio no es un club social. No es un centro de eventos, ni un salón de reuniones generacionales. Y, sin embargo, ahí estaban funcionarios públicos cumpliendo funciones que difícilmente figuran en su descripción de cargo, todo financiado por quienes no estaban invitados. Pero tranquilidad: se pagó “de su bolsillo”. Como si el problema fuera la cuenta y no el contexto. Como si bastara con sacar la billetera para convertir lo impropio en aceptable. Una lógica interesante: privatizar el beneficio, socializar el escenario.
Para figuras como Francisco Vidal, nada de esto parece digno de mayor análisis. Y ahí es donde el asunto deja de ser anecdótico y se vuelve revelador. Porque cuando quienes debieran poner límites optan por relativizarlos, el mensaje es claro: todo es discutible, siempre que haya una explicación suficientemente creativa. Hoy es un almuerzo; mañana, quién sabe. Total, siempre habrá alguien dispuesto a explicar que “no es para tanto”. La probidad, en este formato, es más un recurso retórico que un principio operativo.
Y si de relativizar se trata, los comentarios de Marta Larraechea aportan una cuota adicional de desconcierto. O de claridad, según se mire. Porque hay algo casi pedagógico en ver cómo una ex Primera Dama trivializa el uso de bienes públicos con tanta soltura. Lo que intenta ser franqueza termina siendo una ordinariez política sin matices: no por lo que dice, sino por lo que revela. Que ni siquiera quienes ocuparon ese espacio parecen haber entendido del todo qué significa. Más que una opinión, suena a confesión involuntaria. Y no precisamente tranquilizadora.
La pregunta cae por su propio peso: ¿qué habría pasado si esto lo hacía Gabriel Boric en otro contexto político? La respuesta es tan obvia que casi aburre: escándalo inmediato, indignación transversal, defensa apasionada de la austeridad republicana y columnas recordando que el Estado no es una extensión de la vida privada. Pero cuando el protagonista pertenece al círculo correcto, la indignación entra en modo ahorro de energía. Todo se vuelve opinable, matizable, comprensible. Una austeridad bastante exigente… con los demás.
Y no, no es un episodio aislado. Ya hubo una especie de ensayo general en la toma de mando: cerca de mil invitados, barra abierta y una austeridad que, por alguna razón, decidió no asistir. La cuenta quedó flotando en ese limbo donde suelen quedar las cosas incómodas, mientras el discurso insistía en que los recursos escaseaban. Un fenómeno digno de estudio: escasez en el relato, abundancia en la práctica.
Pero si de memoria hablamos, conviene usarla completa. Tras la salida del régimen de Pinochet, el Palacio de La Moneda fue recibido prácticamente desmantelado: muebles desaparecidos, espacios vacíos y una sensación general de que alguien había entendido “administración del Estado” como sinónimo de retiro de pertenencias. Y, como broche final, los célebres vales de Copec en reemplazo del servicio del casino. Sí, vales de bencina como legado institucional. Una escena tan absurda que termina siendo perfectamente coherente: cuando no hay límites, cualquier cosa cabe.
La diferencia es que aquello hoy se podría recordar con escándalo retrospectivo. Lo de ahora, en cambio, se administra con explicaciones creativas en tiempo real. Quizás esa sea la verdadera evolución: ya no se niega, se justifica.
Porque al final, la elegancia nunca ha estado en la corbata ni en el protocolo, sino en la conducta. Y es precisamente ahí donde este tipo de episodios deja al descubierto algo más incómodo que un simple error: un estándar en descenso libre. El tono del gobierno, incluida su vocería, no desentona; acompaña. No corrige; confirma.
Se prometió un gobierno distinto, casi inmune a las viejas prácticas. Pero la realidad ha resultado menos épica y bastante más reconocible: decisiones discutibles, nombramientos difíciles de defender y una notable capacidad para parecerse a aquello que se criticaba con entusiasmo. El cambio, al final, fue más estético que estructural. Una actualización de forma, no de fondo.
La aprobación empieza a acusar recibo. Incluso entre quienes creyeron en el relato inicial, aparece una duda incómoda: no si se quiso hacer algo distinto, sino si alguna vez hubo intención real de hacerlo. Y si hay algo que sí se cumple con precisión casi admirable, es el calendario: un mes más, otro más… avanzando con disciplina en lo único que no requiere explicación.