Cuando el ajuste fiscal cruza una línea roja

Por eso, que este programa haya sido puesto bajo revisión no solo generó rechazo en la oposición, lo más significativo es que encendió alarmas dentro del propio oficialismo. Parlamentarios y figuras afines al gobierno han advertido públicamente que tocar la Junaeb es un error político grave, difícil de explicar y aún más difícil de sostener ante la ciudadanía.

Esa incomodidad interna no es menor. Revela que incluso dentro de su sector existe conciencia de que aquí se está cruzando una línea peligrosa. Sin embargo, lejos de recoger esas advertencias, la reacción del Presidente ha seguido un patrón cada vez más evidente: minimizar la polémica, eludir definiciones claras o trasladar la responsabilidad a la administración anterior.

Es una forma de gobernar. Cuando surgen críticas, incluso desde sus propias filas, no hay corrección de rumbo, sino evasión. Se instala la idea de que el problema es heredado, que las restricciones son inevitables, que no hay alternativas. Pero esa explicación pierde fuerza cuando las decisiones muestran otra cosa: aquí sí hay margen de elección, y se está optando por cargar el ajuste sobre los mismos de siempre.

Se insiste en la responsabilidad fiscal, pero se omite deliberadamente quién paga ese costo. No es lo mismo recortar asesorías que poner en duda la alimentación de niños. No es lo mismo ajustar ineficiencias que debilitar una política que impacta directamente en la vida cotidiana de millones de familias.

Aquí no hay zona gris. Poner en cuestión la alimentación escolar es cruzar una línea ética evidente. Es convertir un derecho básico en una variable de ajuste. Es, en los hechos, una política regresiva que castiga la vulnerabilidad en lugar de enfrentarla.

Y las consecuencias son concretas. Menor concentración en clases, mayor desigualdad, peores trayectorias educativas. Estudios del Banco Mundial han advertido que déficits en nutrición infantil pueden afectar significativamente el desarrollo cognitivo y los ingresos futuros. Es decir, el “ahorro” de hoy se transforma en un costo mayor mañana.

Por eso, lo que está en juego no es solo una partida presupuestaria. Es el tipo de país que se está construyendo. Uno donde el ajuste se distribuye de manera equitativa, o uno donde siempre recae sobre quienes menos tienen.

La pregunta, entonces, deja de ser técnica y se vuelve brutalmente política: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar este gobierno? Porque cuando incluso desde sus propias filas se levantan alertas que son ignoradas, lo que queda no es duda, es decisión. Y esa decisión tiene un trazo nítido: proteger arriba, ajustar abajo.

Si alimentar a los niños entra en la lista de lo discutible, ya no estamos frente a un problema fiscal, ni a un dilema de eficiencia. Estamos ante una señal cruda de prioridades invertidas. Un gobierno que relativiza algo tan básico no solo administra mal: revela, sin maquillaje, el tipo de país que está dispuesto a construir. Y ese país, por definición, deja a muchos atrás.