A comienzos de junio, varios dirigentes viajan invitados al XII Congreso de la DC italiana. Renán Fuentealba desde Italia hace un llamado a la oposición a “depurarse de los sectores reaccionarios y golpistas que buscan el derrocamiento y no la derrota democrática del gobierno actual”, e instó por el diálogo con el gobierno (diario El Siglo, 2 junio 1973, Amorós, 2020).

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El periodista italiano Roberto Savio, dirigente DC, amigo de varios dirigentes de la DC chilena presentes en Roma en aquellos días, invitó a una cena en su casa a Eduardo Frei, Radomiro Tomic y Gabriel Valdés. Sintió la tensión entre ellos, quienes debatieron sobre la situación en Chile. Años más tarde, Savio concedió una extensa entrevista al historiador italiano Raffaele Nocera, donde sostiene que ya en ese momento (comienzos de junio 1973), Frei consideraba “que el golpe militar era necesario para quitarse de en medio al MIR y toda la extrema izquierda. Y que una vez hecho esto, los militares entregarían el poder a la DC. Frei estaba totalmente convencido: Me contó que su ex edecán militar le había hecho creer –no sé si con mala fe- que así sería el golpe” (Nocera Raffaele, Acuerdos y desacuerdos. La DC chilena y el PDC italiano, 2015, citado en Amorós 2020).

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El 29 de junio se produce el levantamiento del regimiento Blindados N° 2 de Santiago, asonada golpista conocida como el “tanquetazo”, con la participación del grupo Patria y Libertad. La insurrección fue aplastada a las pocas horas por el Ejercito, con la activa participación de su Comandante en Jefe, el general Prats. La Democracia Cristiana emitió una declaración de respaldo al régimen constitucional a las 11 de la mañana, cuando el alzamiento ya estaba controlado. Al día siguiente rechazó en el Congreso la autorización de Estado de Sitio solicitada por el gobierno para enfrentar la grave situación de alteración del orden constitucional. En el momento más grave de alteración del orden vigente, intento de derrocar al gobierno constitucional con participación de civiles y militares, este partido niega al ejecutivo las herramientas legales para imponer el orden. No hubo tampoco declaraciones ni del Senado ni la Cámara de Diputados condenando el intento golpista. Ambas instituciones baluartes de la democracia, dirigidas por líderes DC, guardan silencio ante la sublevación.

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Durante el frustrado golpe militar del 29 de junio, en los sectores industriales de Santiago se produjeron decenas de tomas de industrias para impedir su paralización. Eran trabajadores organizados en los llamados Cordones Industriales y Comandos Comunales, surgidos durante el Paro de Octubre para impedir la paralización de empresas, y cumpliendo un gran papel con ese objetivo. Formaban parte del llamado Poder Popular, que sectores de la ultraizquierda, como el MIR, veían como organización paralela al gobierno y contra el sistema institucional, cuestión repudiada por el Gobierno, especialmente por Allende y también el Partido Comunista, para quienes debían constituir organismos de trabajadores de apoyo al gobierno dentro del marco institucional, y así lo declararon expresamente. Con todo, no eran ni fueron organismos armados, pero si podían verse como un muro de contención de los trabajadores ante un golpe de Estado que parecía inminente. Y en consecuencia, para el golpismo ya desatado, eran un estorbo que había que eliminar.

El 6 de julio la DC emite una declaración denunciando este poder popular y acusando a la izquierda de la creación de un ejército. Repudió la instalación “de hecho de un poder paralelo”, que organizado por sectores oficialistas y con amparo de funcionarios del Estado, usurpa industrias, recibe armas y constituye una milicia armada. El mismo día, la oposición en conjunto emite otra declaración sobre el tema en el mismo tenor, en donde hablan de reparto de armas a elementos extremistas. Este discurso se repitió desde esa fecha cotidianamente hasta el día del golpe de Estado. Fue el principal argumento para justificar el asalto al poder constitucional.

La oposición exigió que las Fuerzas Armadas aplicaran la ley de control de armas (aprobada en su momento con el voto favorable del Partido Comunista). El llamado tuvo efectos inmediatos, porque el día 8 de julio se dio inició una serie de allanamientos a diversos sectores industriales en todo el país, a cargo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, en busca de estas armas. Los resultados fueron negativos, no se encontró arma alguna y no podía ser de otra manera. El Presidente Allende y el gobierno no estaban armando a nadie, no tenían como hacerlo aunque quisieran, y estaban tras una búsqueda de salida institucional a la crisis política. El MIR no tenía ninguna capacidad orgánica para hacerlo, y el PS solo vociferaba sobre el enfrentamiento, sin que supiera con qué y cómo hacerlo.

También el día 6 de julio, la Sociedad de Fomento Fabril se entrevistó con el ahora presidente del Senado, Eduardo Frei. Hoy sabemos que este organismo patronal participaba directamente en la estrategia de derrocamiento desde septiembre de 1971. Existe un acta de dicha reunión, tomada por el abogado Rafael Rivera, publicada muchos años después, en 2017. Los dirigentes le expresan su preocupación por las tomas de industrias y el peligro de una dictadura marxista. Frei les respondió que el problema solo se arregla con fusiles. Que plantearan estas inquietudes a los Comandantes en Jefe. Relató que un alto oficial le había confidenciado que él y su familia corrían serio peligro, y que él respondió que los militares tenían las armas, y que deberían saber lo que tienen que hacer para salvar el país (Economía y Sociedad, N° 92, agosto – septiembre, 2017).

El expresidente se siente en peligro, él y su familia. No puede ser de otra manera, ante el mensaje recibido directamente. Como antecedente está el asesinato de Pérez Zujovic. ¿Cómo puede explicarse una situación así? ¿Quién está haciendo llegar estos mensajes aterradores? Recordemos la información desclasificada de las operaciones clandestinas de la CIA en septiembre de 1970, con el objetivo de influenciar a Frei, de manera siniestra: “poner artículos de prensa falsos en diarios de todo el mundo, afirmando que los comunistas planeaban destruir a Frei como líder político e incluso como persona, una vez que Allende asumiera. Después Frei sería -informado directamente- de la existencia de estos reportajes” (Informe Senado EEUU 1976).

Observamos que ahora el ex presidente está siendo “informado directamente”, y a través de personas en las que confiaba plenamente, como sus ex edecanes, de quienes ahora sabemos que participaban directamente en la organización del golpe. Como resultado, Frei envía a los dirigentes empresariales a hacer sus denuncias a los militares, dando su venia a la sublevación. Con estas informaciones, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara, Eduardo Frei y Luis Pareto, en declaración conjunta a comienzos de julio de 1973, acusan al gobierno de promover la constitución de un poder popular y de un ejército paralelo, en el que intervenían numerosos extranjeros, y exigieron que las armas fueran requisadas.

Con una visión diferente de la situación, el senador DC Radomiro Tomic dirige a Patricio Aylwin una carta en donde expone su discrepancia con las actuaciones de la directiva. Afirma Tomic que el país asiste a los estertores del régimen constitucional. El país se dirige de manera vertiginosa hacia el abismo del golpe de Estado y la dictadura, sin que el partido haga lo que está a su alcance para impedirlo. Critica el silencio desconcertante del Congreso Nacional frente a la insurrección militar del 29 de junio. Censuró la alianza permanente con la derecha que calificó de un error fatal para la DC y mortal para la democracia. En su respuesta, Aylwin sostiene que, mientras el gobierno permita y ampare la instalación de un poder popular armado, una milicia marxista al margen de las Fuerzas Armadas, no puede hablarse de Estado de Derecho, ni de convivencia democrática, ni de diálogo. No se puede dialogar con alguien que pone una metralleta sobre la mesa (Repositorio digital Archivo Patricio Aylwin, Amorós, 2020).

A solo dos meses del golpe, en medio de esta vorágine de declaraciones, de visiones aterradoras sobre ejércitos paralelos y milicias extranjeras, cuando todas las puertas se están cerrando, cuando los moderados de uno y otro lado, los únicos con posibilidades de resolver la crisis, ya no están en contacto y no pueden conversar, los rectores de universidades no estatales, hacen un dramático llamado por encontrar un cierto grado de leal consenso democrático, y por la apertura de un diálogo.

Fernando Castillo, Rector de la Universidad Católica, militante DC, dirige una extensa carta al presidente de la DC. El Rector señala que observa con alarma que ciertas formas equivocadas de combatir los excesos del gobierno, han generado en la base social una mentalidad cada vez más proclive al totalitarismo, a la aceptación de una dictadura. Subrayó la responsabilidad histórica de la Democracia Cristiana en el momento que se vive. Sostiene que en una hora tan grave como la presente se hace necesario que el partido, con perspectiva histórica, sepa descubrir los signos de los tiempos, y realice los esfuerzos más audaces para asegurar la vigencia democrática (Repositorio Digital Archivo Patricio Aylwin, citado en Amorós, 2020).

Ninguna de estas súplicas quiso escuchar el presidente DC. Sólo al Cardenal escuchó días más tarde. El 16 de julio el Cardenal Raúl Silva Henríquez, hace un dramático llamado a una tregua que permita construir un entendimiento entre gobierno y oposición. El presidente Allende responde positivamente en un discurso ante la CUT, y plantea sus premisas de este diálogo, considerando las demandas DC: rechazo a la existencia de grupos armados paralelos, un poder popular vinculado a la institucionalidad y no paralelo, reafirmación del camino político institucional al socialismo, definición del régimen de propiedad de las empresas, etc. La disposición del Presidente es favorable.

El 26 de julio se inicia la huelga de los camioneros, y con ello, la segunda y última huelga insurreccional. Pero hay más: En la madrugada del 27 de julio, un comando armado de Patria y Libertad asesina en su propia casa al edecán naval Arturo Araya. Es un acto terrorista infame, destinado a provocar a las Fuerzas Armadas, mostrar una situación incontrolable, hacerles ver que están en grave peligro e inducirlas al golpe. Se desata una campaña para responsabilizar del crimen a la escolta presidencial, la embajada cubana y al mismo gobierno. Personeros DC como Claudio Orrego y Luis Pareto, ambos diputados, dan cobertura a esas monstruosidades. El presidente DC también, quien declara que de ser ciertas las acusaciones, “constituyen un hecho gravísimo” (de una infame conjetura, infiere un hecho).

El único llamado a buscar un acuerdo que escucha Aylwin, es el del Cardenal. Tal vez la autoridad moral del prelado le impedía negarse. El día anterior a las conversaciones, Aylwin convoca a una reservada reunión a Sergio Arellano Iturriaga, militante de su partido, hijo del general Sergio Arellano, ex edecán del presidente Frei, y uno de los conspiradores del Ejército.

El presidente DC desea saber cuál sería la posición del Alto Mando acerca de una eventual incorporación de los militares al gabinete. Es válida su inquietud, pero debería formularla al Comandante en Jefe, y no a uno de los generales subalternos que participa directamente en la conspiración, cuestión que asumimos conocida por Aylwin a través de Frei.

Arellano Iturriaga le transmite que el llamado Comité de los 15 de las Fuerzas Armadas, conformado por cinco generales y almirantes de cada rama, considera factible que cuatro o cinco altos mandos se incorporen al gabinete, con plenas facultades. El interlocutor de Aylwin no es ajeno a la preparación del derrocamiento, es uno de los únicos tres civiles que estarán en el Ministerio de Defensa el día 11 de septiembre: Álvaro Puga, Federico Willoughby, y Arellano Iturriaga (dos ultraderechistas y un demócrata cristiano), todos hombres de plena confianza de los sublevados (Amorós, 2020).