A fines de octubre de 1971 el avance en la ejecución del programa de gobierno UP es significativo. El 90% de los bancos ya pertenece al área estatal de la economía, también 70 empresas monopólicas, y se ha acelerado la reforma agraria y el fin del latifundio. Las minas de cobre, la principal riqueza del país, ya está en manos de los chilenos desde julio del mismo año. Este avance ha sido dentro de la legalidad, comprando acciones, por medio de las leyes y decretos anteriores vigentes, como los que permitían requisar e intervenir empresas en ciertas condiciones.

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En este escenario, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), convoca en septiembre a una reunión de grandes empresarios de todas las áreas, en Viña del Mar. Su presidente de entonces Orlando Sáenz, plantea que el gobierno ha tenido éxito en su programa de transformación, que la libre empresa está en grave peligro, y que no hay forma de detener este proceso si no es por medio del derrocamiento. Así se acuerda, tempranamente, el objetivo estratégico del empresariado de terminar con el gobierno constitucional por medio de la violencia. En seguida se organizan como para una guerra, incluyendo un aparato de inteligencia a cargo de un coronel en retiro, que llegó a tener más de 70 agentes, infiltrados incluso en partidos del gobierno y en el gobierno mismo. Allí comienza la insurrección empresarial, comienza la guerra según Sáenz (Sáenz O. Testigo Privilegiado, 2017).

Posteriormente, Sáenz convoca a una comida en su casa a los más altos dirigentes opositores de su confianza. El objetivo, conforme al plan de combate resuelto en Viña del Mar, es crear un equipo de estudios económicos, tanto para análisis de coyuntura económica como para preparar un programa de gobierno alternativo. Acuden Eduardo Frei, Onofre Jarpa, Julio Durán y Jaime Guzmán. Todos presidentes de partidos, menos Frei, quien no preside la DC. La Sofofa financió a este grupo durante todo el periodo, según lo acordado, y este apoyo no sería público.

Los invitados se comprometieron a convencer a sus economistas para integrarse a este grupo, que abarcaría desde Sergio de Castro a Alberto Baltra, y desde Alejandro Foxley a Manuel Cruzat. Todos los análisis que elaboraba este grupo, de coyuntura y de programa alternativo, “los compartían los cuatro partidos fundadores (Partido Nacional, Partido Democracia Radical, Democracia Cristiana y Movimiento Gremial UC) y los utilizaban de acuerdo a sus propias instancias internas”. Este es el grupo que elaboró el denominado “ladrillo”, que sirvió como plan económico a la Junta Militar (Sáenz, 2017).

A la Democracia Cristiana le preocupaba el rápido avance en la conformación del área social, sin que estuvieran definidos formalmente sus límites, y sin que estas acciones pasaran por el parlamento, donde el gobierno era minoría. En octubre de 1971 este partido presenta una reforma constitucional para delimitar las áreas de la economía, y establecer la obligatoriedad de una ley para futuras estatizaciones; declara nulas las compras de acciones de empresas a partir de la fecha de presentación del proyecto de reforma (un vicio legal evidente, por cuanto comienza a regir antes de aprobarse y promulgarse). A su vez, limitaba las facultades existentes de intervenir y requisar empresas.

La reforma se aprueba por la oposición unida en febrero de 1972, y en la misma oportunidad el senador Hamilton (DC), enuncia una interpretación de la reforma constitucional de 1970, en el gobierno de Frei, que facultaba al Presidente a convocar a plebiscito si el parlamento rechazaba sus vetos a una reforma constitucional. La Constitución vigente establecía que una reforma constitucional tenía la misma tramitación de una ley, y los vetos del presidente a una ley podían rechazarse en el parlamento con un quórum de dos tercios. Aquella reforma de 1970 no derogaba el precepto constitucional que exigía dos tercios del parlamento para rechazar los vetos del Presidente. Al contrario, fortalecía el poder presidencial, incorporando la facultad de convocar a plebiscito en caso de discrepancia entre los dos poderes. Pero la DC y la derecha interpretaron que tácitamente sí lo derogaba, y que por tanto el parlamento podía rechazar estos vetos por mayoría simple. Este es el meollo del conflicto.

Había una discrepancia jurídica entre los dos poderes. El gobierno se negó a promulgar la reforma constitucional mientras no se resolviera el impase. Tal interpretación opositora entrega a la mayoría parlamentaria la posibilidad de modificar la Constitución por simple mayoría, siendo que una ley requiere de dos tercios para imponerse al Presidente. Hay una clara inconsistencia jurídica. El régimen dejaría de ser presidencial y pasa a ser parlamentario, no es menor la interpretación de la oposición. El parlamento podría entonces, acortar el mandato presidencial por mayoría simple, y la oposición se deshace de Allende y del gobierno de izquierda con toda facilidad. La interpretación es inadmisible para el gobierno, y para cualquier gobierno.

La DC no acepta la legítima discrepancia jurídica y proclama que el gobierno no respeta la Constitución. Ya en el mes de marzo su lenguaje comienza a ser similar al de la derecha. En un conclave partidario en Cartagena, el senador Fuentealba acusa al gobierno de pretender “establecer en nuestro país un Estado totalitario, al más puro estilo estaliniano”. En el mismo cónclave el senador Tomic niega que el gobierno estuviera empeñado en preparar la lucha armada y la dictadura del proletariado, y agrega, “creo que una apreciación errónea de la DC en este asunto crucial sería un trágico error para Chile, y además, para nuestro partido” (Amorós 2020).

En el mismo mes de marzo de 1972 el presidente Allende encarga al Partido Izquierda Radical (PIR), el más moderado de la coalición, que buscara un acuerdo con la DC en relación al conflicto del área social. El PS no está de acuerdo con iniciar estas conversaciones. El ministro de Economía P. Vuskovic, interviene 40 empresas con el objeto de incorporarlas al área social. Desde luego las negociaciones terminan de inmediato y la DC acusa al gobierno de un doble juego, con toda razón. El daño que el PS y los demás sectores insurreccionales hacen al proceso allendista se manifiesta muy concretamente en hechos como éste.

En su afán de resolver el grave conflicto por medios institucionales, en mayo el gobierno acude al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre la controversia acerca de los vetos. Pero este organismo, llamado por ley a resolver la interpretación de la Constitución, se declaró incompetente, dejando caer el país en el vacío. Previamente, la oposición en conjunto había advertido que cualquier resolución de este tribunal en la materia, no tendría validez. La oposición no quiere soluciones.

Considerando que el 6 de julio de 1972, se formaliza la coalición de toda la oposición para la elección parlamentaria de marzo de 1973, cuando se inscribe la denominada Confederación de la Democracia, y teniendo presente que previo a este acuerdo se discutió la opción de un partido único de la oposición, podemos sostener razonablemente que en los meses previos de mayo y junio estas conversaciones estaban en curso. En estas negociaciones participa el presidente de la Sofofa, Orlando Sáenz, según su testimonio, de modo que en las gestiones para la unidad política y electoral de la oposición participan los empresarios que están dirigiendo la estrategia de derrocamiento (O Sáenz, 2017).

Por iniciativa del Presidente Allende, durante mayo se reanudan en forma reservada las conversaciones con la directiva DC buscando resolver el conflicto institucional sobre las áreas de la economía. Cuando las conversaciones salen a la luz a comienzos de junio, hubo reacciones indignadas desde el resto de la oposición, el Partido Nacional y Patria Libertad. Este último hablaba de “traición de los falangistas”. También se opone públicamente la Confederación de la Producción y el Comercio, la más poderosa organización de los grandes empresarios. La prensa se llena de avisos en contra de las negociaciones (Valenzuela A, 1989). La estrategia de la derecha y el gran empresariado peligraba, su objetivo de arrinconar al gobierno para derribarlo, se le escapaba de las manos.

El diálogo esta vez resulta fructífero. Las conversaciones llegaron a un principio de acuerdo que contenía lo siguiente: Traspasar a las áreas social y mixta unas ochenta grandes empresas monopólicas y estratégicas; se consensuaron las formas de pago de las indemnizaciones a sus propietarios; en adelante sería requisito una ley para nuevas estatizaciones; se regularon las atribuciones del ejecutivo para intervenir temporalmente empresas, acortando los plazos; se acordó la creación de una cuarta área de la economía, las empresas de trabajadores, un tema crucial para la DC.

El 29 de junio el gobierno solicita una prórroga en el plazo, para terminar los documentos que formalizaban el acuerdo. Sin embargo la DC decide poner fin al diálogo y emplaza al gobierno a buscar una solución en el marco de la reforma constitucional, incluyendo el tema de los vetos. En declaración pública la DC justifica su decisión en que el plazo se había cumplido, y en que aún había discrepancias que consideraban fundamentales, como creación de una empresa de trabajadores en cuatro bancos, la eventual estatización de la papelera, y la facultad del gobierno para adquirir acciones de empresas privadas. Es decir, dado que hay asuntos pendientes, en vez de continuar conversando, no conversemos más.

En ese momento faltan nueve días para el 8 de julio, cuando de hace público el acuerdo electoral entre la derecha y la DC. El partido estaba negociando a dos bandas. Eduardo Frei, estando en Europa, envía instrucciones de no aceptar ningún acuerdo, porque no cree absolutamente nada del gobierno y cualquier acuerdo es un engaño, dicho por su biógrafo (Magasich, 2018). Lo acontecido marca un hito en la historia de este proceso político. La democracia chilena pierde allí su última oportunidad de encauzar el conflicto por vías institucionales. Es el momento más importante, el que señala el rumbo futuro en las relaciones DC – Gobierno. En adelante, sólo es cuestión de tiempo, seguir arrinconando al gobierno y creando las condiciones de violencia y caos para un golpe de fuerza. Se ha impuesto la estrategia derechista, los dados están echados. Se avecina la huelga insurreccional de octubre de 1972.

El centro político se inclinaba definitivamente hacia la estrategia derechista, antidemocrática, abandonado su rol esencial de intermediación en un conflicto polarizado. Esta es la reflexión de Arturo Valenzuela: “Aunque los sectores progresistas tenían mayoría en el partido, éstos fueron incapaces y renuentes a imponer su propia solución. Como grupo, la Democracia Cristiana demostró su reticencia a arriesgarse y a adoptar resueltamente un curso intermedio” (Valenzuela A, El Quiebre de la Democracia en Chile, 1989).