Nuevas intoxicaciones en Quintero y Puchuncaví dejan en evidencia el vacío de monitoreo en el aire y en la salud de afectados, a pesar de fallo de la Suprema.
Suspensión de clases por la contaminación en Quintero y Puchuncaví.
Foto: Agencia UNO.Una vez más, cientos de niños, niñas y adultos de Quintero y Puchuncaví terminaron en urgencias por otro episodio de intoxicación masiva sin que exista claridad sobre el orígen responsable de la contaminación ni el tipo de gas que está impactando en la salud de la población desde hace décadas.
Esta incertidumbre no es específica del último episodio, sino que en la gran mayoría de las ocasiones, las intoxicaciones masivas ocurren y se olvidan sin que se logre dilucidar el orígen, establecer responsabilidades y entregar por ende un tratamiento acorde.
Además, vecinos y organizaciones locales denuncian que nunca se ha establecido un seguimiento de largo plazo para personas que han sufrido casos de intoxicación, para conocer los efectos de corto y largo plazo que se acumulan en el cuerpo de las y los vecinos.
Esto preocupa especialmente porque las intoxicaciones afectan sobre todo a niños y niñas que son más vulnerables ante la contaminación, así como adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.
“Las propias comisiones investigadores que se han hecho por este tema recomiendan que se haga un seguimiento longitudinal en la salud de niños y niñas que sea masivo para esta zona y hacemos llamado a todos los gobiernos y a todos los sectores políticos a que esto quede incorporado en la ley de presupuesto, porque tiene un costo fiscal pero hay que asumirlo para poder defender a las y los niños de Quintero y Puchuncaví”, declara el senador Diego Ibáñez.
“La ausencia de estudios concluyentes sobre qué está intoxicando a las personas es un problema gravísimo, considerando la antiguedad y gravedad de esta situación, así como los posibles impactos futuros en la salud de las personas afectadas, especialmente niñas, niños y adolescentes”, declara la abogada de Greenpeace, Roxana Núñez.
La abogada acusa una falta de voluntad política para abordar este problema de forma integral, siendo que existe una sentencia histórica de la Corte Suprema de hace ya siete años, cuya primera orden fue que el Estado debía medir y conocer los contaminantes específicos que afectan a las personas en la bahía, así como su origen.
El senador Ibañez explica que una de las falencias para resolver esta situación tiene que ver con la forma en que se miden y regulan los contaminantes en Chile. “Hoy se miden por separado y eso impide conocer los efectos sinérgicos. Recién hace dos semanas aprobamos una modificación a la ley de Bases del Medio Ambiente que incorpora la medición de los efectos sinérgicos. Eso es clave porque te cambia la ecuación con la cual se miden los contaminantes en casos como este donde tienes 15 empresas y todas se miden individualmente entonces no eres capaz de sopesar el efecto de la suma de todos esos contaminantes en niñas, niños y adolescentes”, acota.
Nuñez también destaca que hay problemas comunicacionales que aumentan la incertidumbre sobre la situación. En ocasiones, autoridades locales o empresas han apuntado a la mala mantención del alcantarillado en los colegios como un posible origen, ya que este problema sí ha generado ciertos casos puntuales.
“La mala mantención del alcantarillado en los colegios sí es un problema pero es una situación puntual. Cuando tienes cientos de niños afectados en distintas escuelas de distintas zonas, eso no es el alcantarillado y eso termina distrayendo del punto central que es determinar el origen de la contaminación industrial”, declara Benjamín Angulo, concejal de Puchuncaví.
“Si la sospecha sobre el sistema de alcantarillado fuera realmente seria, cabría esperar una paralización del cordón industrial para permitir la toma de muestras sin interferencias ni alteraciones provocadas por emisiones provenientes de las industrias de la zona. Sin embargo, el cordón industrial es siempre lo último que se detiene. En cambio, se prioriza el cierre de escuelas, lo que nos parece inaceptable”, sostiene por su parte Nuñez.
En efecto, las intoxicaciones masivas recurrentes vuelven a despertar un llamado que por años se ha propuesto en la zona: que ante estos episodios se frene la actividad industrial y no las clases, y se hagan funcionar una por una las industrias para medir y determinar el origen de los gases, además de resguardar la salud de la población hasta que termine el episodio crítico.
Además, organizaciones locales declaran que las intoxicaciones no solo están afectando el derecho de las personas a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino también el derecho a la educación por la suspensión de clases y la limitación de actividades al aire libre durante episodios de mala calidad del aire.
