Proponen frenar industrias de Quintero hasta medir cada contaminante: “La actividad económica no puede estar sobre la salud”
En 2019 la Corte Suprema ordenó una serie de medidas al Estado para remediar el grave problema de contaminación y sufrimiento ambiental en la zona de Quintero y Puchuncaví. La primera medida era buscar un mecanismo idóneo para identificar cada contaminante que se emite al aire y su origen, y medir cada uno, así como su efecto sinérgico.
A seis años de este fallo, nuevos episodios de intoxicación afectan hace más de un mes a niños, niñas y adultos del lugar, que llegan en masa al centro de salud con síntomas como vómitos, cefaleas y mareos. Sin embargo, aún no se puede saber a ciencia cierta qué contaminantes son los que los intoxicaron ni quién los emitió, por lo que los vecinos tampoco pueden recibir un tratamiento específico.
Frenar la actividad industrial
Ante la situación persistente de intoxicaciones que siguen ocurriendo cada año y la falta de medidas realmente efectivas para identificar los contaminantes y su origen, vecinos y abogados de la zona levantan una propuesta: frenar la actividad industrial y medir de forma controlada y exhaustiva las emisiones de cada empresa una por una, y luego la sinergia entre todos los contaminantes.
“Lamentablemente los protocolos que se activan son elaborados por y para las mismas industrias contaminantes. Aquí lo que falta y lo que dicta el sentido común es que el complejo industrial tiene que detener su funcionamiento hasta q haya una investigación exhaustiva una por una de cada empresa contaminante y también en conjunto. No puede ser que la actividad económica, que es muy legítima por supuesto, vaya en desmedro de la salud de las personas”, declara en el programa Minuta ED de El Desconcierto la abogada de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso.
Para Katta Alonso, dirigenta histórica de la zona y representante de la organización Mujeres de Zonas de Sacrificio, esto es lo que debería haberse hecho en 2019 para cumplir con la primera orden de la Corte Suprema, que llamaba a identificar uno por uno los contaminantes. Frenar el funcionamiento del cordón industrial y hacer funcionar una empresa a la vez para hacer las mediciones adecuadas, y luego evaluar los efectos sinérgicos.
Desde el fallo de la Corte Suprema hasta la fecha, ha habido avances en el monitoreo del aire por parte del Estado y en la dictación de nuevas normas que imponen límites para algunos de los contaminantes. Para Donoso, estos avances aún presentan falencias ya que hay contaminantes que aún no tienen norma y por ende no se miden, y las normas de los que sí están regulados no alcanzan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud.
Juicio ambiental más grande
Mientras en la zona se decretó alerta ambiental hasta enero y el concejo municipal de Puchuncaví pide la renuncia del seremi de Salud y del delegado presidencial, desde la Defensoría Ambiental esperan una sentencia del Tribunal Ambiental, ante la causa por daño ambiental interpuesta por la abogada en representación de los vecinos en 2016.
“Han pasado casi 10 años y estamos esperando sentencia. Es cierto que es el juicio más grande de Chile en materia ambiental porque es una demanda contra el Estado y cada una de las empresas que forman el cordón industrial. Las audiencias probatorias fueron súper extensas y yo me imagino que es muy difícil negar la existencia de daño ambiental. Jurídicamente se configuran todos los presupuestos para que se acredite. El problema que tiene el tribunal es determinar quién es el responsable. Sin dudas el Estado ha cometido una serie de omisiones, pero las empresas contaminantes también lo han hecho más allá de la norma”, explica Donoso sobre este caso.
En relación a las empresas, también declara que están en juego estatutos de empresas y derechos humanos y a raíz de ello, desde la defensoría han comunicado los nuevos hechos de intoxicación a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también las relatorías especializadas de la ONU.
