Entre purificadores de aire para la contaminación, algunos de ellos mal mantenidos, Puchuncaví vuelve a clases con recuerdos de las intoxicaciones de 2025.
Contaminación industrial en Puchuncaví y Quintero.
Años de contaminación emitida por el complejo industrial Ventanas en Quintero y Puchuncaví, ha tenido un impacto acumulativo en la salud de las personas, y uno de los grupos más afectados son los niños y niñas, especialmente vulnerables a intoxicaciones por el tamaño de sus cuerpos.
A pesar de las medidas que se han tomado para cumplir el fallo de la Corte Suprema que en 2019 exigía acciones estatales, las intoxicaciones siguen ocurriendo. En un nuevo marzo de retorno a clases, las comunidades escolares de Quintero y Puchuncaví vuelven con miedo a la contaminación, entre purificadores de aire, protocolos de emergencia y recuerdos de la seguidilla de intoxicaciones en septiembre y octubre de 2025.
La hija de Katherine Inostroza, habitante de la zona, sufrió una intoxicación en el colegio en 2025, donde luego se suspendieron las clases. Declara que su hijo también ha visto afectada su salud, perdiendo además días de clase por la contaminación.
La apoderada declara que siente temor por la vuelta a clases. Cuando hay episodios de mala calidad del aire, la instrucción es que se queden dentro de las salas de clases, pero explica que a veces no hay purificadores de aire. También señala que el monitoreo e identificación de contaminantes ha sido poco claro.
“Cuando hay contaminación, ni siquiera se sabe cuánta hay ni cuándo empezó, por ende las medidas de precaución se caen antes de levantarse. Ni siquiera sabemos con exactitud cuáles son las empresas contaminantes en sí”, sostiene.
Una de las críticas principales entre habitantes de la zona ha sido la imposibilidad de conocer qué empresas y qué contaminantes específicos generan los episodios de intoxicación, a pesar de que este era uno de los principales requerimientos del fallo de la Corte Suprema.
Dirigentas de la zona, como la fundadora de Mujeres de Zonas de Sacrificio, Katta Alonso, sostienen que para cumplir con el fallo debería haberse suspendido la actividad industrial para luego hacer funcionar cada planta industrial por separado, midiendo e identificando los contaminantes de cada una, y luego estudiar el impacto acumulado.
“Lamentablemente los protocolos que se activan son elaborados por y para las mismas industrias contaminantes. Aquí lo que falta y lo que dicta el sentido común es que el complejo industrial tiene que detener su funcionamiento hasta q haya una investigación exhaustiva una por una de cada empresa contaminante y también en conjunto. No puede ser que la actividad económica, que es muy legítima por supuesto, vaya en desmedro de la salud de las personas”, declara la abogada de la Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso.
Desde Defensoría Ambiental están esperando por el inminente fallo de una demanda por daño ambiental, que apunta al Estado y a cada una de las empresas del cordón industrial, por lo que se trataría del juicio ambiental más grande en el país.
“Han pasado casi 10 años y estamos esperando sentencia. Es cierto que es el juicio más grande de Chile en materia ambiental porque es una demanda contra el Estado y cada una de las empresas que forman el cordón industrial. Las audiencias probatorias fueron súper extensas y yo me imagino que es muy difícil negar la existencia de daño ambiental. Jurídicamente se configuran todos los presupuestos para que se acredite. El problema que tiene el tribunal es determinar quién es el responsable. Sin dudas el Estado ha cometido una serie de omisiones, pero las empresas contaminantes también lo han hecho más allá de la norma”, explica Donoso sobre este caso.
Tras la seguidilla de intoxicaciones ocurrida en septiembre y octubre de 2025, que afectó sobre todo a niños y niñas en escuelas, las organizaciones AIDA y Greenpeace interpusieron un recurso de protección. A raíz de esta acción legal, el Ministerio de Educación elaboró un informe con las medidas que se han tomado en colegios.
Según el texto se han definido protocolos de actuación en caso de emergencia, se han registrado las y los estudiantes afectados entregando los listados a la autoridad sanitaria, se ha mejorado la ventilación y aislación de recintos, se han instalado purificadores de aire con filtro, y se han monitoreado los casos de intoxicación en comunidades educativas.
También se declaran acciones de apoyo y capacitación con talleres para funcionarios de los colegios sobre cómo actuar e identificar síntomas, talleres de salud mental y contención emocional para afectados y arte terapia.
Pese a esta implementación, se identifican brechas como la falta de mantención o funcionamiento deficiente de equipos de purificación de aire, y también en el monitoreo robusto dentro de colegios para tomar decisiones en tiempo real, así como la falta de comunicación clara para las familias.
Además, organizaciones alertan que parte de las medidas de monitoreo son financiadas por las mismas empresas contaminantes, lo que despierta dudas entre personas de la zona sobre la idoneidad y transparencia de estas medidas.
Desde la ONG Greenpeace critican que “la respuesta institucional ha estado centrada principalmente en la suspensión de clases frente a episodios de contaminación, en lugar de abordar estructuralmente las fuentes emisoras que originan el riesgo sanitario. Esta situación ha implicado que, en la práctica, sean los propios estudiantes quienes asuman las consecuencias de la crisis ambiental”, declaran.
“Suspender clases puede ser una reacción ante la emergencia, pero no puede transformarse en la respuesta principal frente a una crisis de esta magnitud. Cuando no se actúa sobre las causas, son niños, niñas y adolescentes quienes terminan absorbiendo el costo de la contaminación”, declara Roxana Núñez, abogada y encargada de incidencia de Greenpeace.
