El Segundo Tribunal Ambiental anuló el permiso ambiental del proyecto minero de Collahuasi por falencias en evaluación indígena.
Imagen referencial sobre faenas mineras - Agencia Uno
El Segundo Tribunal Ambiental dejó sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva de Collahuasi ”, una iniciativa valorizada en más de US$ 3.200 millones y considerada una de las inversiones mineras más relevantes actualmente en ejecución en Chile.
La decisión judicial ordenó retrotraer parte del proceso de evaluación ambiental, luego de detectar deficiencias en la forma en que fueron abordadas las observaciones presentadas por comunidades indígenas aymaras de la Región de Tarapacá.
El fallo apunta directamente a la evaluación realizada respecto de las asociaciones indígenas de Caleta Chanavaya, cuyos reclamos, según estableció el tribunal, no fueron correctamente caracterizados durante la tramitación ambiental del proyecto minero.
La instancia judicial concluyó que existían antecedentes insuficientes para descartar una eventual “susceptibilidad de afectación directa” sobre dichas comunidades, además de advertir que no se realizaron reuniones previas exigidas por el artículo 86 del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Asimismo, el tribunal sostuvo que observaciones formuladas por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), relacionadas con impactos en el medio marino, no fueron debidamente consideradas por el Comité de Ministros que anteriormente había rechazado los recursos contra la RCA.
La resolución judicial anuló tanto la decisión del Comité de Ministros como la RCA aprobada en diciembre de 2021 para el proyecto de expansión de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi.
La iniciativa busca extender la vida útil de la operación minera por cerca de 20 años, aumentando la capacidad de procesamiento de minerales sulfurados desde 170 mil a 210 mil toneladas por día, además de incorporar una planta desaladora como fuente complementaria de abastecimiento hídrico.
En su sentencia, el Segundo Tribunal Ambiental afirmó que la resolución impugnada “carece de una debida fundamentación”, ya que las observaciones ciudadanas fueron abordadas “de manera incompleta y sin una adecuada ponderación técnica y jurídica”.
Entre quienes presentaron reclamaciones se encuentran la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq'uta, la Asociación Indígena Aymara de Caleta Chanavaya, además de agrupaciones indígenas de Copaquire y otras organizaciones aymaras de Tarapacá.
