Fundación Libera y Ecoceanos denuncian una campaña de “amedrentamiento e intimidación” tras la polémica por los aranceles de EE.UU.
En salmoneras existiría trabajo forzoso - Agencia Uno
Fundación Libera y el Centro Ecoceanos denunciaron una campaña de “amedrentamiento e intimidación” luego de participar ante autoridades de Estados Unidos en investigaciones relacionadas con trabajo forzoso y condiciones laborales en sectores exportadores de Chile.
Según una declaración, ambas organizaciones sostienen que los ataques se han desarrollado a través de redes sociales y que habrían sido alentados por declaraciones de “figuras públicas del Estado y del empresariado”. Por estos hechos, solicitaron protección.
La controversia se relaciona con la participación de Fundación Libera y Ecoceanos en investigaciones desarrolladas bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos, instancia en la que expusieron cuestionamientos sobre las condiciones laborales en sectores como la agricultura y la salmonicultura.
La situación escaló posteriormente en medio de la polémica por los nuevos aranceles aplicados por Estados Unidos a productos chilenos, contexto en el cual ambas organizaciones fueron vinculadas públicamente con esa decisión.
Fundación Libera y Ecoceanos, sin embargo, descartaron haber solicitado la aplicación de aranceles contra Chile. Su posición, según la declaración citada por BioBioChile, es que recurrieron a mecanismos internacionales para denunciar situaciones de explotación laboral y promover cambios regulatorios.
Las organizaciones que respaldaron el pronunciamiento cuestionaron que se responsabilice a las ONG por decisiones adoptadas por la administración estadounidense. En la declaración calificaron esa vinculación como “falaz y éticamente reprochable” y advirtieron que contribuye a generar un ambiente de desconfianza y hostilidad hacia organizaciones de la sociedad civil.
De acuerdo con lo señalado por las organizaciones, el 27 de julio activaron el protocolo de protección de defensores de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Derechos Humanos.
Las ONG afirman que, al momento de la declaración, todavía no habían recibido respuesta a esa solicitud.
Además, señalaron que pusieron los antecedentes en conocimiento de Naciones Unidas, específicamente del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos. Según su propio relato, desde el organismo internacional les comunicaron que los antecedentes se encuentran en estudio.
La declaración cuenta con el respaldo de 166 organizaciones y 122 personas de distintos países, según el documento difundido por las entidades.
Entre las organizaciones internacionales mencionadas aparecen Anti-Slavery International, Greenpeace USA, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Human Rights Law Centre y Worker Rights Consortium.
En Chile, entre las organizaciones firmantes figuran ANEF, CODEPU, Corporación Humanas y Serpaj, entre otras.
Los firmantes solicitaron terminar con cualquier campaña de hostigamiento contra Fundación Libera y Ecoceanos y llamaron a autoridades y representantes empresariales a evitar declaraciones que, a su juicio, estigmaticen a quienes denuncian vulneraciones laborales.
Las organizaciones también solicitaron al Estado chileno adoptar medidas “concretas y verificables” de protección para defensores de derechos humanos.
Junto con ello, plantearon avanzar hacia una política obligatoria de debida diligencia en derechos humanos para los sectores exportadores, con especial énfasis en la agricultura y la salmonicultura.
Los firmantes sostienen que la labor de quienes documentan y denuncian vulneraciones de derechos humanos en el ámbito empresarial no constituye un obstáculo para el desarrollo económico, sino una condición necesaria para compatibilizar ese desarrollo con la dignidad humana.
