Una investigación periodística apunta a posible conflicto de interés sobre Alex Hernández, funcionario que pasó del Ministerio de Energía a lobista de las termoeléctricas.
Planta Termoeléctrica Guacolda en Huasco - Agencia Uno
Un nuevo caso de “puerta giratoria” entre el sector público y privado en Chile quedó al descubierto tras una investigación periodística, luego que un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Energía pasara a trabajar en el gremio de las empresas termoeléctricas tras participar en el diseño de una norma ambiental que habría beneficiado directamente a la central Guacolda, ubicada en Huasco, Región de Atacama.
El reportaje publicado por Reportea Chile en una alianza internacional llamada “Las Ruinas del Carbón”, identifica a Alex Santander, exjefe de la División de Planificación Estratégica y Desarrollo Sostenible del Ministerio de Energía, como uno de los funcionarios que impulsó modificaciones a la norma de emisiones para centrales termoeléctricas a carbón durante 2024.
Según la investigación, una vez terminada la tramitación de la normativa, Santander dejó el gobierno de Gabriel Boric y pasó a desempeñarse en Generadoras de Chile, gremio que agrupa a empresas del sector energético y donde participa Guacolda. Todo esto, sin informar a las autoridades sobre su nuevo destino ni tampoco sobre sus reuniones previas.
El punto más cuestionado corresponde a una modificación introducida en la normativa sobre emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), que permitió extender plazos y flexibilizar límites para termoeléctricas que optaran por procesos de reconversión tecnológica.
De acuerdo con el reportaje, Guacolda sería la principal beneficiada por el cambio, debido a su proyecto de co-combustión de carbón con amoníaco verde, tecnología que la empresa evalúa implementar para prolongar sus operaciones más allá de 2040.
La central termoeléctrica, considerada la mayor a carbón del país, posee una capacidad instalada de 760 MW y aporta cerca del 3,1% de la generación eléctrica nacional, según datos de la propia empresa.
Uno de los antecedentes expuestos en la investigación indica que Santander envió en agosto de 2024 una carta al Ministerio del Medio Ambiente solicitando ampliar hasta 2040 el plazo para que las centrales que informaran procesos de reconversión pudieran acogerse a límites más altos de emisiones contaminantes.
Durante la discusión técnica de la norma, representantes ambientales advirtieron que las modificaciones parecían “un atraje a medida” de Guacolda.
La directora de la organización Chile Sustentable, Sara Larraín, cuestionó en las reuniones técnicas que el articulado beneficiara específicamente a una sola tecnología y a un único actor del mercado energético.
Según las actas citadas en la publicación, desde el Ministerio del Medio Ambiente se argumentó que los cambios buscaban evitar impactos laborales y permitir una “transición socioecológica justa” para las regiones dependientes de la generación a carbón.
El caso pone sobre la mesa la falta de regulación en Chile respecto al tránsito de funcionarios públicos hacia industrias que previamente fiscalizaron o regularon.
La investigación sostiene que actualmente no existen normas estrictas que impidan este tipo de movimientos entre organismos estatales y empresas privadas, pese a las discusiones surgidas tras diversos casos de conflictos de interés conocidos en la última década.
Hasta la publicación del reportaje, ni Alex Santander ni ejecutivos de Guacolda respondieron las consultas enviadas por los periodistas sobre eventuales conflictos de interés o gestiones relacionadas con la nueva normativa.
