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Comité de Ministros aprueba proyecto en Salar de Atacama rechazado en los últimos 4 gobiernos por impacto ambiental

El proyecto del Grupo Errázuriz fue rechazada en 4 ocasiones desde 2012 debido a deficiencias técnicas y dudas sobre sus impactos en los ecosistemas.

Por Nicole Donoso 8 de mayo de 2026 - 17:57

En su cuarta sesión bajo la actual administración del presidente José Antonio Kast, el Comité de Ministros revisó dos iniciativas de carácter ambiental y productivo que, en conjunto, implican una inversión de US$120 millones. Una de ellas ha sido rechazada durante los últimos cuatro gobiernos.

La instancia, encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, resolvió otorgar la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable a un proyecto vinculado a la producción de sales de potasio, además de confirmar con condiciones la RCA de una obra de infraestructura destinada al control de aluviones en la Región Metropolitana.

Planta de Producción de Sales de Potasio

El comité acogió la solicitud y aprobó la iniciativa del Grupo Errázuriz ingresada al SEIA en 2009, que cuenta con una inversión de US$43,2 millones y que busca la recuperación de sales de potasio desde prospecciones en el sector oeste del Salar de Atacama en Peine, en la Región de Antofagasta.

El objetivo es alcanzar una producción estimada de 200.000 toneladas anuales de cloruro de potasio con una vida útil de 20 años desde su etapa de construcción hasta su fase de cierre.

La iniciativa fue desestimada por primera vez en octubre de 2012 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Antofagasta, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Las autoridades ambientales concluyeron que no fue posible determinar adecuadamente el impacto del proyecto debido a múltiples deficiencias en la información presentada por la empresa. Entre las principales observaciones, se identificaron falencias en la línea de base ambiental, especialmente en la caracterización de ecosistemas sensibles del Salar de Atacama, como vegas, bofedales y sistemas lacustres.

Asimismo, se advirtió la ausencia de antecedentes suficientes sobre hidrogeología, hidrología y biodiversidad, incluyendo posibles efectos sobre especies protegidas, como el flamenco andino, catalogado como vulnerable y cuyo principal sitio de nidificación se encuentra en la zona.

A ello se sumaron cuestionamientos técnicos sobre el modelo hidrogeológico utilizado para proyectar los efectos de la extracción de salmuera. Según los organismos evaluadores, el titular no logró demostrar con certeza cómo el bombeo afectaría los niveles de agua ni acreditó la existencia de barreras naturales que separen las áreas de extracción de ecosistemas sensibles cercanos.

Además, se observó que varios parámetros de monitoreo y alerta se basaban en información de terceros y no en estudios propios realizados en terreno. Finalmente, las autoridades señalaron que el proyecto tampoco incorporaba medidas claras de compensación o reparación frente a los posibles impactos ambientales detectados.

Posteriormente, en noviembre de 2017, volvió a recibir una calificación desfavorable por parte del SEA de Antofagasta, esta vez bajo la administración de Michelle Bachelet II, debido, nuevamente, a la falta de antecedentes técnicos relacionados con sus eventuales impactos sobre el ecosistema del salar.

Luego en 2021, el Comité de Ministros del segundo gobierno de Piñera rechazó un recurso administrativo presentado por la empresa titular del proyecto, manteniendo así la decisión ambiental adversa. Sin embargo, el escenario cambió en 2023, cuando el Tribunal Ambiental de Antofagasta anuló las resoluciones previas, ordenando una nueva revisión del caso.

Pese a ello, la iniciativa volvió a enfrentar un nuevo revés en agosto de 2025. En esa oportunidad, y durante el gobierno de Gabriel Boric, la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Antofagasta rechazó por cuarta vez y de manera unánime el proyecto, insistiendo en las observaciones respecto de sus impactos ambientales y la insuficiencia de antecedentes técnicos presentados.

Control aluvional en la Quebrada de Ramón

El Comité de Ministros también evaluó la iniciativa de obras de control aluvional y de crecidas líquidas en la Quebrada de Ramón, en la Región Metropolitana.

El proyecto contempla la construcción de siete retenedores con capacidad total de 860.650 metros cúbicos y la instalación de seis mallas dinámicas, destinadas a disminuir los caudales máximos en eventos extremos. La inversión asociada asciende a US$76,5 millones.

En la sesión participaron también los ministros de Salud, May Chomalí; de Economía, Fomento y Turismo y de Minería, Daniel Mas; y de Agricultura, Jaime Campos.

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