Patricio Herman, de Defendamos la Ciudad, denuncia guetos verticales, sueldos millonarios en el CDE y el negocio fallido de Ibáñez en el Parque Pumpin.
Patricio Herman es columnista habitual de El Desconcierto y Presidente de la fundación Defendamos la Ciudad, organización dedicada a la fiscalización del Estado de Derecho y la denuncia de irregularidades en materia urbana, inmobiliaria y de corrupción.
En esta conversación con El Desconcierto Herman repasó cuatro casos que considera emblemáticos del estado de la institucionalidad chilena: las querellas paralizadas por los guetos verticales de Estación Central, el negocio inmobiliario frustrado en el Parque Pumpin de Valparaíso, los altos sueldos y la doble militancia (público-privada) de los integrantes del Consejo de Defensa del Estado y el choque entre el ministro Poduje y la gramial inmobiliaria por las respuestas e indemnizaciones post-venta.
- Patricio, partamos con el tema de Fernando Marín y los guetos verticales de Estación Central.
Fernando Marín es un arquitecto, vicepresidente del Colegio de Arquitectos y presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos. A él no lo conozco personalmente. Cometió el exabrupto —por no decir otra cosa— de declarar en el Diario Financiero, muy suelto de cuerpo, que los guetos verticales de Estación Central eran todos legales. Son alrededor de 80 o 90 torres de entre 20 y 30 pisos. Lo dijo sin mayor fundamento y encima le echó la culpa a terceros.
Por eso tuve que denunciarlo: lo denuncié en el Colegio de Arquitectos y lo denuncié en columnas, partiendo por El Desconcierto, señalando que estaba profundamente equivocado. Además, le envié una nota a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados, a la Comisión de Vivienda del Senado, al Colegio de Arquitectos y a la propia Asociación de Oficinas de Arquitectos que él preside. No les pedí una opinión: les pedí una declaración pública. Que se mojaran el potito, como decimos en Chile. Ninguno lo hizo.
- ¿Qué significa ese silencio para usted?
Que la corrupción está tolerada por el sistema. Así de simple. Si todos se quedan callados, nadie sabe nada.
Por eso, junto a nuestro abogado, Gabriel Muñoz, ya fuimos al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago la semana pasada para solicitar una entrevista con la fiscal Jimena Chong. Hay querellas por los guetos verticales que llevan más de seis años paralizadas. Queremos entregarle nuevos antecedentes para que ella haga su trabajo. Espero que nos reciba, aunque cabe la posibilidad de que no. Pero el mensaje ya está dado: las instituciones no es que no quieran funcionar; no se les permite funcionar. Y eso es distinto.
- Cambiemos de tema. Ha salido una noticia que indica que varios integrantes del Consejo de Defensa del Estado ganan más que el Presidente de la República. ¿Qué opinas de eso?
Es una brutalidad. Estamos hablando de sueldos del orden de los 18, 19 o 20 millones de pesos al mes. Y no solamente eso: los consejeros pueden desempeñarse en paralelo en el sector privado, porque se trata de un cargo semi-vitalicio —tienen como tope los 75 años— y la ley no les prohíbe ejercer fuera. Entonces ambas rentas se acumulan. Y encima, con los impuestos que tendrán que pagar por esa acumulación, devolverán algo al fisco. Algo que sea.
- ¿Debería haber una norma que atara los sueldos del sector público al sueldo mínimo?
Has dado en el clavo. Lo he planteado incluso en columnas de El Desconcierto: los sueldos del sector público deben tener una relación directa con el sueldo mínimo. El mínimo hoy está en torno a los 500 mil pesos. Mi propuesta es que los sueldos de estos cargos no superen entre 10 y 12 veces ese valor para cargos regulares, y hasta 15 veces para los de mayor exigencia técnica. Lo que tenemos ahora es una locura. El que trabaja por 500 mil pesos se levanta a las seis de la mañana, anda en metro, no en Uber. Es una vida mucho más sacrificada. Espero que el CDE vea esta entrevista, porque es una propuesta concreta que les estamos haciendo.
- Y el CDE tampoco ha tenido un desempeño impecable defendiendo el patrimonio del Estado, según lo que tú has experimentado.
No siempre. Tengo que recordar una situación muy decepcionante de hace unos ocho meses. En la fundación detectamos que el exalcalde de La Dehesa —Joaquín Lavín— consintió, por una decisión equivocada, en pagar 10 millones de dólares —más de 10 mil millones de pesos— a una inmobiliaria con cargo al patrimonio municipal.
Fui al CDE, conversé con un abogado fiscal, y el funcionario me dijo textualmente: "Le agradezco mucho que venga con estos antecedentes, pero para que nosotros actuemos, quien debe solicitarlo es el alcalde o la alcaldesa." Eso es permisología pura. Ellos deberían actuar de oficio si hay una irregularidad acreditada. Yo fui, la acredité, hice todo lo que correspondía. Incluso concurrí con una concejala de entonces. Pero la alcaldesa de La Dehesa no tomó acción. Si fue por no querer perjudicar vínculos políticos o simplemente por desidia, no lo sé. El hecho concreto es que no le interesó defender el patrimonio municipal.
- Y a eso se suma el problema de los abogados integrantes de los tribunales.
Exacto. Es otro tema que le he planteado a la presidenta de la Corte Suprema. Los abogados integrantes actúan como jueces cuando el titular no está disponible. El problema es que muchos de ellos ejercen paralelamente como lobbyistas o asesores de privados. Y se da la casualidad de que sus votos, en forma sistemática, favorecen al sector privado. Un caso concreto: en Iquique, uno de los involucrados en el caso de la cancha de tenis era abogado integrante de la Corte de Apelaciones. Son demasiadas "coincidencias".
- Hablemos del Parque Pumpin en Valparaíso. Estaban pidiendo una cifra enorme.
El tema es bastante simple. El año 2013 aproximadamente, el empresario Nicolás Ibáñez —inversionista, ex dueño de Papa John's, ligado a los supermercados Líder, cuya familia fundó los supermercados Almac en Valparaíso— intentó construir más de 20 torres en un terreno que pertenecía a la compañía de tabacos y a la familia Pumpin, propietaria del parque del mismo nombre.
El permiso de edificación se otorgó en 2015 y tenía irregularidades evidentes. Yo, junto a otras personas, entre ellas el exalcalde de Valparaíso Jorge Charpe, presentamos las denuncias correspondientes. La Contraloría señaló con claridad que la tramitación era ilegal. El asunto llegó a la Corte Suprema, que falló con tres votos contra dos a favor de Ibáñez, en un resultado muy discutible. El juez Sergio Muñoz y la ministra Adelita Ravanales votaron en contra de Ibáñez; los otros votos, incluido el de la ministra conocida como "la muñeca bielorrusa", le dieron la razón al privado.
Pero en 2021 Ibáñez se desistió públicamente del proyecto. Declaró que se había aburrido, que vivía en Inglaterra, que no quería más problemas con los negocios chilenos. Sin embargo, recientemente, a través de una empresa denominada SOGIM, presentó una demanda en el Tercer Juzgado de Letras de Valparaíso reclamando una indemnización de alrededor de 100 mil millones de pesos.
- ¿Y cómo terminó esa demanda?
El juzgado falló hace poco más de una semana. La jueza María José Naranjo —una magistrada muy inteligente— se percató con claridad del artificio que SOGIM había construido para intentar sacar ventaja. Le otorgó a la empresa poco más de 100 millones de pesos: aproximadamente el 2% de lo que pedían. El negocio no va a ocurrir, el terreno ya no es apto para ese tipo de desarrollo, y el chanchullo quedó en nada. El mérito en este episodio es completamente de la jueza Naranjo. Uno tiene la obligación de destacar lo bueno cuando ocurre.
- En una nota más positiva, algo que te sorprendió gratamente: Iván Poduje enfrentándose a la Cámara Chilena de la Construcción.
Iván Poduje es arquitecto y urbanista. Es conocido por ser muy puntudo, llegando a veces al límite de la insolencia, y no precisamente por sus buenos modales. Pero en este caso particular me parece muy recomendable que la gente lo sepa.
La Cámara Chilena de la Construcción es la asociación gremial que en la práctica maneja el negocio inmobiliario en Chile, más que el propio Ministerio de Vivienda. Muchos creen que es el ministerio el que manda, pero el poder fáctico está en la Cámara: tiene medios, lobby, capacidad de presión. Pues bien, la Cámara se molestó con Poduje porque él impulsó con fuerza la postventa de las viviendas, es decir, la responsabilidad que les cabe a los constructores una vez que la vivienda es entregada al comprador.
La Cámara alegó que eso encarece el negocio y genera más trámites. Lo de siempre: "permisología". Pero Poduje se mantuvo firme. El resultado es que los plazos para reclamar por fallas estructurales en viviendas sociales se extendieron de 5 a 10 años. Eso favorece directamente a las personas que compran vivienda social, que es el segmento más vulnerable. Hay que reconocerlo: en este episodio, Poduje actuó bien.
- Y para cerrar, la palabra "permisología" que está tan de moda.
Es una palabra inventada por especialistas al servicio de intereses privados para atacar la labor del Ministerio del Medio Ambiente, el Consejo de Monumentos Nacionales y las Direcciones de Obras Municipales. Lo que llaman "permisología" no es otra cosa que la tramitación que se activa cuando un privado presenta un proyecto con irregularidades o deficiencias técnicas y legales. El exceso de trámite es consecuencia de la incapacidad o de las faltas del propio titular del proyecto. Eso no lo dicen. El sistema los protege y los medios los amplifican. Mientras tanto, Chile sigue siendo un país muy curioso, lleno de cosas para fiscalizar.