El abogado cuestionó el actuar de la Fiscalía en el caso Hermosilla, especialmente en la arista Guerra: "El problema no es tanto la corrupción sino la impunidad", afirmó.
Mauricio Daza / Crédito: El Desconcierto
En conversación con El Desconcierto, el abogado Mauricio Daza, querellante en la arista Manuel Guerra y en el caso Dominga, analizó el momento judicial del caso Hermosilla. La entrevista se da en un contexto marcado por la petición de fiscalía de 17 años de cárcel contra Hermosilla, la formalización de Gabriel Silber y la separación de la causa contra Andrés Chadwick en la arista Parque Capital.
-El caso Hermosilla ha tenido movimientos importantes: el exdiputado Gabriel Silber fue formalizado en la trama bielorrusa y la Fiscalía pidió 17 años para Hermosilla. ¿Cómo evalúa el avance de estas causas?, ¿se han demorado mucho los procesos?
Son investigaciones complejas. Estamos hablando de una red de corrupción judicial como pocas veces se ha visto en nuestro país, que habría operado Luis Hermosilla e involucraba a los distintos actores del sistema de persecución penal. Parte por Ángela Vivanco, quien fuera vocera de la Corte Suprema. En la Corte de Santiago logró instalar a Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, ya destituidos e imputados. El exdirector de la PDI Sergio Muñoz Yáñez era una suerte de mocito de Hermosilla, a quien le informaba gestiones reservadas.
A eso hay que agregar el Ministerio Público. Hermosilla tenía un nexo ilícito con Manuel Guerra, exfiscal regional metropolitano oriente y en varios momentos fiscal nacional subrogante, hoy en prisión preventiva por recibir coimas. Y Carlos Palma, exfiscal regional de Aysén, le habría entregado información reservada en causas de narcotráfico.
Lo llamativo sería que todo quede en nada. El objetivo de una investigación penal es esclarecer toda la verdad: quiénes integraban la red, quiénes se beneficiaban y qué favores se pagaban recíprocamente. Eso no ocurrió en el caso SQM, donde en una operación liderada por Jorge Abbott, entonces fiscal nacional, se truncaron las investigaciones.
-Existe un manto de duda sobre la capacidad de la justicia de llegar a buen puerto, como se ha visto en diversos casos previos ¿Es fundado este cuestionamiento?
Históricamente en Chile ha existido una cultura institucional de impunidad respecto de los delitos graves de corrupción cometidos por altas autoridades y grandes empresarios.
En el caso Longueira, las juezas María Teresa Barrientos y Claudia Santos dictaron una sentencia absolutoria con argumentos realmente absurdos. Se sostuvo que no era funcionario público porque se comunicó con SQM a través de un correo Hotmail y no del institucional del Senado. Bastaría entonces con que cualquier funcionario acuerde su soborno por un correo no institucional para quedar impune.
Otro argumento fue el tiempo transcurrido, pero gran parte de esa dilación derivó de la propia defensa, donde estaba Samuel Donoso. ¿Cuál es el mensaje? Dilate lo máximo posible, porque lo van a absolver por el solo paso del tiempo. Esto, sumado a lo del caso Penta con las clases de ética, da pie para pensar que en el caso Hermosilla también puede haber una operación de impunidad.
-Ante todo lo que se ha conocido cabe preguntarse si están todos los que participaron en esta red de corrupción en el estrado de los inculpados, o si algunos aún están del otro lado, aún en el Poder Judicial
Es un problema grave. Lorena Parra, la fiscal que lleva el caso Factop, tiene chats donde le solicitó a Hermosilla que gestionara su nominación como fiscal regional metropolitana oriente, el cargo que hoy desempeña. La persona que impulsará la acusación en el juicio oral tuvo un nexo, a mi juicio indebido, con el propio Hermosilla.
El fiscal nacional, Ángel Valencia, era cercano a lo menos a Andrés Chadwick. Él mismo reconoce que, ya nombrado, se reunió con Hermosilla y Chadwick en un café para limar asperezas. ¿Pero uno lima asperezas con quién? Con personas con las que tiene algún vínculo, algún deber de lealtad. Es una reunión absolutamente impropia.
-En esa línea, ¿le parece adecuada la petición de 17 años de cárcel para Hermosilla?
Es absolutamente baja para lo que debiese ser una sanción ejemplar respecto de alguien que cometió múltiples delitos en forma reiterada. Cualquiera que sea la sanción de Hermosilla, la va a sacar barata.
Pero lo que me llama la atención es la arista de Manuel Guerra, donde soy querellante junto con María Inés Horvitz. Es el mayor hecho de corrupción conocido en el Ministerio Público desde su fundación. En la formalización, el fiscal Mario Carrera nos dijo que pediría arresto domiciliario. Pedimos la prisión preventiva y, en plena discusión, la Fiscalía cambió de opinión. Después, sin ningún antecedente nuevo que lo beneficiara, la defensa, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado llegaron de acuerdo a pedir que le quitaran la prisión preventiva. Ese no es el estándar que se le aplica a Juan Pérez o a la señora Juanita. Y ahora le van a ofrecer un juicio abreviado para que salga con una pena remitida.
Como he dicho muchas veces, el problema no es tanto la corrupción sino la impunidad. Todas las democracias tienen niveles de corrupción; el tema es cómo reaccionan las instituciones cuando la descubren.
-Ante todos estos cuestionamientos al Poder Judicial, ¿cree que pueden funcionar los contrapesos democráticos para fiscalizar adecuadamente?
No estamos pidiendo nada extraordinario, sino que cumplan con su deber legal. No creo sinceramente que gran parte del Ministerio Público o del Poder Judicial sean personas corruptas. Hermosilla no tenía a todos los jueces, pero sí a los precisos, en posiciones estratégicas. Tenía hackeado el sistema de una manera selectiva y precisa, quirúrgica si se quiere. Aquí se juega la credibilidad de nuestro sistema de justicia, que está en el piso.
-Recientemente se separó la investigación contra Andrés Chadwick. ¿Qué implica?
Es un paso positivo: se dividió para que la investigación siga respecto de Chadwick, porque si no habría quedado afuera. Ahora, no encuentro ninguna justificación racional para que no esté a lo menos formalizado en la arista de Manuel Guerra. Hay chats que dan cuenta de sus gestiones en el contexto del nexo ilícito de Guerra con Hermosilla. El que tenía el poder de hacer los favores era Chadwick, el que pregunta cuánto nos va a costar.
Lo mismo respecto de Gabriel Zaliasnik. Junto con Hermosilla y Samuel Donoso habrían formado una tripleta para colocar a determinadas personas en cargos relevantes y después cobrar ese favor. Donoso fue querellado por el Consejo de Defensa del Estado, pero a Zaliasnik se le premia con la embajada en Israel. ¿Por qué son intocables en Chile Andrés Chadwick y Gabriel Zaliasnik? Esa es una enorme pregunta que el Ministerio Público no es capaz de responder.
-Usted es querellante en representación de Greenpeace en el caso Dominga. ¿Qué novedad hay en este aspecto?
Presentamos una querella por tráfico de influencias, revelación de secretos y cohecho, a partir de las declaraciones de Eduardo Lagos. Se reveló que su estudio, Lagos, Vargas y Silber, recibió más de 200 millones de pesos de Andes Iron para gestiones a favor de Dominga. Según ellos eran informes, pero eso es inverosímil: copiaban información pública y ninguno tiene expertise ambiental.
El ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus tiene un nexo de amistad con Lagos, Vargas y Silber, y los declaró entre sus inhabilidades. Pero como formalmente no aparecían en el caso Dominga, no se inhabilitó. Siempre falló a favor de Andes Iron e incluso redactó uno de los fallos. Su señora, María Cecilia Ramírez, trabajaba para ese estudio. Queremos que se establezca o se descarte si existió una actuación indebida.
*Pueden ver la entrevista completa en esta nota o en nuestro canal de Youtube, donde además nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias.
