Un reportaje expone las conexiones entre el jefe de medicamentos del ISP, su participación en Codebreaker y una farmacéutica fiscalizada, caso que ya revisa Contraloría.
El Desconcierto fue invitado al programa La Fuente, de U de Chile TV, para conversar sobre esta investigación y sus principales hallazgos. A continuación, un resumen de los puntos clave del reportaje que vincula al ISP, una startup y laboratorios Abbott.
Es el jefe de la Agencia Nacional de Medicamentos (ANAMED), organismo dependiente del Instituto de Salud Pública (ISP) que fiscaliza los productos farmacéuticos y cosméticos que se fabrican, comercializan e importan en Chile. Asumió el cargo en abril de 2025 tras un concurso de Alta Dirección Pública, respaldado por su trayectoria en Sanderson, Pfizer y Johnson & Johnson.
A través de la sociedad Inversiones y Asesorías Numenor SpA, Canales participa en Codebreaker Bioscience SpA, startup de biotecnología orientada a las industrias alimentaria y acuícola. Además, se desempeñó como gerente de operaciones y calidad de esa empresa hasta fines de 2024. En febrero de 2026, ya en ANAMED, compareció en representación de Numenor en una junta de accionistas de la startup. También controla, a través de otras sociedades, participación en HMS Beagle SpA, compartida con el CEO de Codebreaker.
La farmacéutica Abbott figura entre las empresas vinculadas a Codebreaker. Según el ISP, esa relación se originó en el rubro salmonero en 2023, antes de que Canales llegara al cargo; sin embargo, la propia Codebreaker señaló que el vínculo comercial con Abbott sigue vigente. La conexión es relevante porque Abbott es una compañía cuyos productos son regulados por la misma ANAMED que dirige Canales.
La Ley de Lobby registra una reunión en enero de 2026 entre Canales y representantes de Abbott, solicitada por la farmacéutica para plantear demoras en la aprobación de un cambio de fabricante del principio activo de un medicamento hormonal. Abbott también propuso avanzar hacia un modelo de "confianza regulatoria" para agilizar autorizaciones.
El organismo sostuvo que la normativa de probidad obliga a los funcionarios a abstenerse cuando su imparcialidad pueda verse afectada, pero que esa evaluación se hace caso a caso. Precisó además que el rol de Canales en los procesos de evaluación de fármacos se limita a la firma final de las resoluciones, sin intervenir en las etapas previas.
Sí. El propio ISP confirmó que los antecedentes se encuentran en revisión de la Contraloría General de la República, que emitirá un pronunciamiento previo informe del Servicio Civil.