El ministro Fernando Rabat anunció la suspensión de los decretos mientras el Ejecutivo prepara reformas legales, en medio de la polémica por 56 rebajas de condena.
El ministro de justicia Fernando Rabat en los pasillos de la Cámara de Diputados y Diputadas.
Agencia UnoEl Ministerio de Justicia y Derechos Humanos suspendió la tramitación de los decretos de rebaja de condena en medio de la controversia por los beneficios otorgados a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
El ministro Fernando Rabat anunció la medida este viernes y adelantó cambios legislativos para abordar las restricciones de acceso a estas reducciones de pena.
La decisión se conoce después que parlamentarios de oposición plantearan la posibilidad de impulsar una acusación constitucional contra el secretario de Estado por las 56 rebajas concedidas durante la actual administración.
Luego de firmar las rebajas de condenas y provocar una polémica en la política nacional, el gobierno de Kast dijo que impulsará proyectos de ley con discusión inmediata para impedir que personas condenadas antes de 2022 continúen accediendo a estos beneficios.
El ministro indicó que el Ejecutivo promoverá modificaciones legislativas para abordar las restricciones aplicables a las personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
La cartera también anunció que dará discusión inmediata a las iniciativas legislativas relacionadas con esta materia. Sin embargo, el anuncio no implica por sí mismo la anulación de las rebajas de condena ya concedidas.
En su declaración, Rabat sostuvo que la suspensión se mantendrá mientras avanzan las iniciativas legales. "Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos", afirmó.
El comunicado ministerial aludió a un vacío legal relacionado con las restricciones aplicables a condenas anteriores a 2022. La publicación también advirtió que el documento no precisó el fundamento jurídico de la suspensión ni anunció que los beneficios ya otorgados quedarían sin efecto.
La controversia también abrió un frente político para el ministro. Parlamentarios opositores plantearon evaluar una acusación constitucional, aunque las gestiones informadas públicamente correspondían a conversaciones y análisis previos a una eventual presentación formal.
La Democracia Cristiana abrió la posibilidad de estudiar esa alternativa y conversar con otros sectores políticos, mientras representantes de la oposición también anunciaron gestiones para analizar los antecedentes.
Consultado sobre la posibilidad de enfrentar una acusación constitucional, Rabat respondió que una acción de ese tipo por cumplir la Constitución y la ley "me parece que no tiene asidero".
