El 28° Juzgado Civil de Santiago responsabilizó a un edificio por la caída de una rama y ordenó pagar $10,7 millones por los daños.
Juzgados civiles de Santiago / Poder Judicial
Una rama de grandes dimensiones de un ombú cayó durante un sistema frontal en Las Condes, destruyó un automóvil, dañó otros dos vehículos y alcanzó una propiedad vecina. El 28° Juzgado Civil de Santiago responsabilizó a la comunidad del edificio donde estaba el árbol y la condenó a pagar $10.779.197 por los perjuicios ocasionados.
Según se puede apreciar en el fallo judicial, el hecho ocurrió cerca de las 23:00 horas del 1 de agosto de 2024. La rama se desprendió de un ejemplar ubicado en los estacionamientos del edificio, cayó hacia ambos lados del muro perimetral y provocó un fuerte estruendo.
Los afectados sostuvieron que la administración había sido advertida sobre la necesidad de podar el árbol. La comunidad, en cambio, atribuyó lo ocurrido al sistema frontal que afectó a Santiago con fuertes vientos y precipitaciones y argumentó que se trataba de un hecho imposible de prever y resistir.
Durante el juicio se presentó un informe de liquidación del seguro que vinculó el desprendimiento con la falta de mantenimiento preventivo.
Una ingeniera forestal también declaró que antiguas podas habían generado un desbalance en la copa, dejando grandes ramas expuestas hacia el interior.
La jueza Claudia Veloso Burgos descartó el caso fortuito. El tribunal consideró que las lluvias y vientos habían sido anunciados y que durante el invierno era previsible que este tipo de fenómenos pudiera provocar la caída de árboles o ramas.
El fallo concluyó que “tanto la falta de mantenimiento preventivo, como el no mitigar los riesgos de eventos climáticos de común ocurrencia en época invernal” generaron responsabilidad para la comunidad.
Por ello, el 28° Juzgado Civil de Santiago acogió parcialmente la demanda y ordenó pagar $4.413.333 por la pérdida del automóvil, $4.017.642 por los daños ocasionados a la propiedad colindante y $2.348.222 por los desperfectos sufridos por otros dos vehículos.
Las tres indemnizaciones suman $10.779.197 y deberán pagarse reajustadas según el IPC, además de intereses corrientes desde que la sentencia quede firme.
El tribunal rechazó las indemnizaciones solicitadas por daño moral al considerar que no existían pruebas suficientes para acreditarlo.
