Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, participa en el proyecto Alto Santorini, aprobado el 8 de julio pese a un reparo vigente del Sernageomin sobre riesgo de remociones en masa en el sector, según reveló una investigación de CIPER.
El proyecto Alto Santorini, ubicado en las cercanías de las dunas de Concón y con una inversión estimada de US$43,6 millones, obtuvo su aprobación ambiental el pasado 8 de julio. Entre sus propietarios figura Víctor Quiroz, hermano del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.
El conflicto radica en que la iniciativa fue tramitada mientras la cartera implementaba un mecanismo destinado a acelerar proyectos de inversión detenidos en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), según una investigación de CIPER.
El proyecto inmobiliario Alto Santorini contempla una inversión cercana a los $40 mil millones y se emplazaría en un sector aledaño a las dunas de Concón. Víctor Quiroz participa en la propiedad de la iniciativa, además de ser uno de los arquitectos a cargo de su diseño a través del estudio Quiroz y Puelma Arquitectos.
De acuerdo con los antecedentes revisados por el citado medio, la sociedad Inmobiliaria Lote 21 SpA es la titular del proyecto. Su propiedad se distribuye entre Inmobiliaria Vimac Limitada, con un 38%; Inmobiliaria VMC Limitada, también con un 38%; e Inversiones M y E Limitada, con el 24% restante.
Esta última sociedad pertenece en partes iguales a PW Inversiones Limitada y Almar Inversiones Limitada. Esta última, según los registros citados por CIPER, es controlada en un 70% por Víctor Quiroz, mientras que el 30% restante se distribuye entre su esposa y dos hijos. De esta forma, la familia del arquitecto mantiene indirectamente un 12% de participación en Alto Santorini.
El proyecto comenzó su evaluación ambiental antes del actual gobierno. En 2023, su tramitación fue suspendida luego del socavón que afectó a un edificio ubicado en el sector de las dunas de Reñaca. Posteriormente, el proceso se retomó en julio de 2024, cuando la empresa presentó nuevos antecedentes al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Valparaíso.
En total, 11 organismos públicos formularon observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. El plazo para responder a esos reparos fue ampliado en dos oportunidades y terminó el 31 de marzo de 2026, 20 días después de que Jorge Quiroz asumiera como ministro de Hacienda.
Uno de los reparos que permaneció vigente correspondió al emitido por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). En 2024, el organismo había advertido que el terreno presentaba peligro de remociones en masa, incluyendo posibles deslizamientos, derrumbes y desprendimientos, y solicitó un estudio específico sobre estos riesgos.
Tras analizar los nuevos antecedentes entregados por la inmobiliaria, el 28 de abril de este año el Sernageomin sostuvo que todavía no era posible descartar la generación de impactos significativos ni riesgos para la seguridad de la población asociados a procesos de remoción en masa.
Pese a ello, el SEA de Valparaíso resolvió posteriormente no incorporar ese pronunciamiento dentro de los elementos considerados para determinar la aprobación ambiental. El organismo argumentó que la geomorfología no constituye un objeto de protección contemplado en el artículo 11 de la Ley 19.300 ni en los artículos 5 al 10 del Reglamento del SEIA.
El reparo del Sernageomin, sin embargo, fue incorporado como una condición para la operación del proyecto mediante un Plan de Prevención de Contingencias y Emergencias por remoción en masa. Según CIPER, esto significa que la iniciativa fue aprobada sin que se haya descartado previamente el riesgo señalado por el organismo técnico.
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La aprobación de Alto Santorini ocurrió en paralelo a la implementación, desde Hacienda, de un mecanismo impulsado por Jorge Quiroz para acelerar la tramitación de proyectos de inversión.
El sistema contempla un monitoreo de las distintas etapas del SEIA y un Comité de Proyectos en el SEIA, integrado permanentemente por las subsecretarías de Hacienda, Economía, Interior y Medio Ambiente. Hacienda lidera la instancia y define los proyectos y materias que se analizan.
Según explicó el Ministerio de Hacienda a CIPER, se trata de un sistema interno que reúne información pública disponible en el SEIA y cuyo objetivo es monitorear los plazos y etapas administrativas de los proyectos. Economía, por su parte, afirmó que el mecanismo no es un órgano creado por ley y que carece de competencias ambientales.
No existen, según el reportaje, actas públicas de las reuniones del comité ni informes que permitan conocer qué criterios se utilizan para priorizar determinados proyectos. El director de Chile Transparente, Michel Figueroa, advirtió que esa falta de información dificulta conocer los criterios empleados y puede abrir espacio a riesgos de influencias indebidas o conflictos de interés.
Víctor Quiroz, quien además de participar en la propiedad de Alto Santorini realizó gestiones ante autoridades regionales relacionadas con el proyecto, no respondió las consultas de CIPER antes del cierre de esa investigación. Entre sus reuniones figura una audiencia del 8 de junio con Manuel Millones, delegado presidencial de Valparaíso y presidente de la Comisión de Evaluación que posteriormente aprobó la iniciativa.
La aprobación de Alto Santorini se produjo finalmente el 8 de julio, mientras el reparo técnico del Sernageomin sobre las remociones en masa permanecía vigente.
