La emergencia provocada por el último sistema frontal y el avance legislativo del proyecto conocido como Ley Bruma volvieron a instalar el debate sobre la falta de una plataforma social para la pesca artesanal en Chile. Organizaciones del sector sostienen que las pérdidas ocasionadas por el temporal y la precariedad en la que trabajan miles de pescadores evidencian la ausencia de un sistema permanente de protección frente a crisis climáticas y accidentes.
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal llamó al Ejecutivo a reactivar en el Congreso la discusión de una propuesta que contemple seguros de operación, fondos de emergencia y cobertura en salud-previsión para quienes desarrollan esta actividad y sus familias.
El temporal dejó caletas paralizadas y millonarias pérdidas
Durante esta semana, las comisiones de Pesca del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados modificaron sus agendas para abordar las consecuencias del sistema frontal sobre la pesca artesanal.
Entre los casos más graves figura Caleta Portales, en la Región de Valparaíso, donde el temporal destruyó la grúa hidráulica utilizada para embarcar y desembarcar naves. La infraestructura, operativa desde 2021, dejó sin actividad a cerca de 170 pescadores y afectó directamente a unas 500 personas vinculadas al rubro. El costo de reparación fue estimado en alrededor de $50 millones, sin que se informaran plazos para su reposición.
A ello se suman diez caletas aisladas en la Región de Coquimbo y daños en infraestructura, embarcaciones y artes de pesca desde Atacama hasta Valparaíso, según expusieron las organizaciones del sector.
La aprobación de la Ley Bruma reabre el debate
En paralelo, la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de seguridad marítima impulsado tras la tragedia del Bruma, embarcación cuyo hundimiento provocó la muerte de siete tripulantes de la pesca artesanal del Biobío.
La iniciativa ingresó a su período de indicaciones hasta el 3 de agosto, mientras su autor reconoció la necesidad de contar con patrocinio del Ejecutivo para otorgarle atribuciones fiscalizadoras efectivas.
Gremios advierten precariedad estructural
Las organizaciones sostienen que la aprobación del proyecto confirma una realidad que el Estado ha enfrentado principalmente tras tragedias. Según los antecedentes entregados, la pesca artesanal genera más de 100.000 empleos directos y un número considerablemente mayor de puestos de trabajo indirectos, pero sus trabajadores carecen de seguros de operación, fondos de emergencia y mecanismos de cobertura que respondan con rapidez ante contingencias.
El presidente de Fetramar Elqui y vocero de la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal, Pascual Aguilera, afirmó que "cada temporada de mal tiempo, cada naufragio y cada crisis de precios nos demuestra que los pescadores artesanales enfrentan solos los riesgos de una actividad que es estratégica para el país. No hay un sistema que nos respalde cuando lo perdemos todo. Eso no es una falla administrativa: es una deuda del Estado".
Por su parte, Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, señaló que cuando una caleta pierde infraestructura crítica "hay una familia que no recibe ingresos" y enfatizó que las mujeres suelen absorber primero el impacto económico de estas emergencias. Agregó que el sector necesita "una política pública que no espere la catástrofe para hacerse presente".
Las demandas al Ejecutivo
La Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal solicitó al Gobierno reinstalar la discusión de una plataforma social sectorial que considere seguros de operación, fondos de emergencia de activación inmediata y una cobertura de salud y previsión acorde con las características del trabajo en el mar.
Asimismo, pidió presentar indicaciones al proyecto correspondiente al Boletín 18.198 antes del 3 de agosto, con atribuciones fiscalizadoras efectivas y financiamiento suficiente, además de elaborar un catastro nacional de los daños ocasionados por las recientes emergencias climáticas, acompañado por un plan de reposición con plazos definidos.
El presidente de Condepp, Hernán Cortés Bernal, sostuvo que "la pesca artesanal no puede seguir siendo el sector que el Estado recuerda solo cuando hay un naufragio o una catástrofe" y afirmó que la deuda con quienes abastecen de alimentos al país debe abordarse mediante políticas públicas permanentes y con financiamiento.
