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En conversación con El Desconcierto, el investigador Benjamín Sáez sostuvo que la caída de 10,4% del fondo más conservador no es un accidente aislado, sino la consecuencia de un sistema que, ante rentabilidades cada vez menores, ha optado por exponer los ahorros de los trabajadores a más riesgo. La entrevista partió con otra alarma: siete muertes laborales en la minería en un solo mes.
Imagen referencial de pérdida de dinero / Crédito: El Desconcierto
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Los afiliados más cercanos a jubilar recibieron un golpe que pocos esperaban. El Fondo E, presentado durante años como la opción segura para quienes ya no quieren riesgo, perdió un 10,4% de su valor. Las cifras que circulan sobre el monto total van desde los 7.700 hasta los 10.000 millones de dólares, considerando también las caídas de los fondos D y C.
Ese fue el eje de la entrevista en vivo que El Desconcierto realiza cada dos jueves con Fundación SOL. Esta vez, El Desconcierto conversó con Benjamín Sáez, investigador de la fundación, durante cerca de una hora. El diagnóstico del académico fue tajante: el sistema de capitalización individual transformó la seguridad social en una “economía de casino” y en “una incertidumbre individual completa”.
Antes de entrar en las pensiones, la conversación se detuvo en un dato que el conductor calificó de casi inédito. Solo en octubre, siete trabajadores murieron en faenas mineras. En lo que va de 2026, la cifra llega a 13.
Sáez recordó que la minería y otros sectores extractivos conviven con lo que se reconoce como trabajo pesado. Es decir, labores que por sí mismas dañan la salud y acortan la esperanza de vida, ya sea por accidentes fatales, lesiones graves o enfermedades laborales.
El investigador apuntó a la subcontratación como un factor clave. Según las cifras que maneja la fundación, cerca de siete de cada diez trabajadores del sector están subcontratados. Y no solo en aseo o vigilancia, sino también en labores propias de la faena. A su juicio, la relación triangular entre el trabajador, la empresa mandante y la contratista compromete la seguridad.
Sobre la respuesta institucional, destacó que Sernageomin activó una especie de plan de emergencia para reforzar su presencia en las faenas. Pero puso el acento en los sindicatos. Los de empresas contratistas, explicó, se han organizado para firmar acuerdos marco que les den las mismas condiciones que a los trabajadores de planta. Eso va desde pelear por un vestuario adecuado hasta discutir si una tarea es temeraria, sin dejar esa evaluación solo en manos de cada trabajador.
La caída no se limitó al Fondo E. Según Sáez, el Fondo D perdió 6,38% y el C también retrocedió. En la conversación se atribuyó la pérdida a una apuesta de las administradoras vinculada a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, cuyas tasas se dispararon.
La pregunta central fue dónde queda la responsabilidad. El investigador apuntó a cómo funciona la regulación. Para que la Superintendencia determine que una AFP invirtió mal, su fondo debe rendir significativamente peor que los fondos equivalentes de las demás. Como las administradoras siguen estrategias de inversión muy parecidas, ninguna se despega y, cuando hay pérdidas, ninguna tiene que asumir el costo.
Eso, dijo, desmiente la promesa de que la competencia privada traería eficiencia. “Uno se cuestiona hasta qué punto las AFP compiten o en realidad acuerdan cómo operar”, señaló. El conductor recordó, sin hacer acusaciones, los casos de colusión de los pollos y del papel tisú.
Sáez sumó otro elemento: para las administradoras, su función es recibir el ahorro, invertirlo y devolver lo que resulte. Al no existir un beneficio definido, si el monto final es bajo, “no es un problema de la AFP”. Agregó que quienes ocupan el cargo de superintendente muchas veces vienen de las administradoras o terminan en ellas.
Para Sáez, el episodio se explica por un problema estructural: los fondos rinden cada vez menos. Según los datos que expuso, la rentabilidad promedio fue de 12% en los años 80, cuando nació el sistema. Bajó a 9,9% en los 90, a 5,7% en los 2000 y a 4,8% en la década de 2010. Desde 2020 en adelante, el promedio ronda el 0,05%.
Las consecuencias, explicó, ya se ven en quienes se jubilan hoy, que ahorraron en décadas de alta rentabilidad. La mitad de las mujeres que cotizaron entre 30 y 35 años obtiene una pensión autofinanciada de unos 283 mil pesos o menos. Quienes empezaron a cotizar en los 2000 partieron con rentabilidades mucho más bajas, por lo que probablemente recibirán pensiones aún menores.
Frente a eso, sostuvo, la única respuesta del sistema ha sido aumentar la exposición al riesgo, con apoyo de distintos sectores políticos. Repasó la trayectoria:
A eso se suma la apertura de 2017 a los llamados activos alternativos. Entre ellos están los swaps, instrumentos que antes estaban vedados para los fondos de pensiones por su mayor riesgo. “La apuesta no sólo de las AFP, sino también del sistema político chileno, ha sido aumentar la exposición al riesgo de los fondos”, afirmó. “Y eso es lo que nos tiene hoy discutiendo de que cayeron los ahorros de los trabajadores en un swap”.
El investigador advirtió que el escenario seguirá moviéndose. Vienen los fondos generacionales, que asignarán el nivel de riesgo según la edad del afiliado, y nuevos regímenes de inversión. El sistema pasará a tener diez fondos, y se ha conversado incluso sobre invertir en leasing habitacional. “Si es que ahora los swap no están funcionando, probablemente va a ser otro instrumento financiero”, anticipó.
También matizó que la pérdida, en estricto rigor, se materializa cuando la persona se pensiona. Las administradoras apuestan a que los fondos se recuperen en el largo plazo. Para quienes están a punto de jubilar, sin embargo, ese margen de espera es mínimo.
Una pregunta de la audiencia llevó la conversación al plano internacional. Sáez explicó que el modelo chileno es excepcional. Muchos países con sistemas de reparto han incorporado una parte de capitalización individual, pero sin reemplazar todo su esquema.
La presión común, dijo, es demográfica: el envejecimiento de la población. La respuesta de los sistemas basados en la seguridad social ha sido crear fondos de reserva técnicos, de capitalización colectiva, para enfrentar crisis y ciclos económicos. Puso como ejemplo a Japón, con un gran fondo de reserva de pensiones. Es, agregó, el tipo de modelo que propone la coordinadora No+AFP: reparto con un fondo de reserva técnico.
Entre las economías con sistemas parecidos al chileno, el investigador nombró a Reino Unido, Malawi, República Dominicana, México, Kosovo, Hong Kong, Nigeria, Maldivas, Australia, Dinamarca, Países Bajos e Israel. Pero subrayó diferencias importantes:
Igualmente las pérdidas caen sobre un mercado laboral ya precario, en que la mitad de los trabajadores en Chile gana unos 680 mil pesos o menos, y que muchos de ellos tienen más de 40 o 50 años. Con esos sueldos, dijo, lo que se puede cotizar es muy poco, aunque se trabaje 30 o 40 años.
Consultado sobre si es posible revertir la pérdida o exigir responsabilidades, Sáez fue directo al problema de fondo, el mismo que, dijo, movió las masivas marchas de No+AFP hace una década. “Por qué los ahorros de los trabajadores tienen que estar alimentando las rentabilidades de un sistema financiero que está haciendo agua”, planteó.
Criticó que hoy el estándar para evaluar las pensiones sea la pobreza. A su juicio, cualquier solución dentro del esquema actual será parcial: aunque los fondos se recuperen en los próximos meses, el sistema seguirá buscando nuevos instrumentos riesgosos.
El investigador recordó que los fondos de pensiones equivalen al 65% del PIB y que ya recuperaron el nivel previo a la pandemia y los retiros. “Los recursos están ahí”, dijo, pero la capitalización individual impide usarlos para la solidaridad entre generaciones. En cambio, esa liquidez beneficia a grandes empresas en Chile y el mundo, incluidos conglomerados como BlackRock.
Sáez cerró con un llamado a un debate democrático e informado. “Acá en Chile, a ningún trabajador se le preguntó si quería tener AFP. Fue una imposición en dictadura”, afirmó. La pregunta de fondo, sostuvo, no es cómo invertir con menos riesgo, sino si ese 65% del PIB se usará o no para pagar pensiones.
Antes de despedirse, dejó una advertencia: el aumento de la edad de jubilación, que se discute en otros países de la región, es otra propuesta impulsada desde el mundo financiero que no debe darse por descartada en Chile.
