El nuevo jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, representó a seis empresas con graves expedientes sancionatorios antes de asumir su cargo.
Emanuel Ibarra, jefe de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) desde agosto de 2026.
Seis compañías con expedientes sancionatorios abiertos por graves vulneraciones a la normativa ambiental —como faenas mineras en reservas protegidas o la operación de planteles avícolas sin permisos— contaron con gestiones directas de lobby ante el Estado por parte del abogado que hoy lidera la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Así lo reveló una investigación de Ciper, la cual da cuenta de la trayectoria de Emanuel Ibarra, nombrado el pasado 13 de agosto como jefe del organismo fiscalizador, quien en 2023 migró al sector privado para sumarse al bufete ambientalista Moreno, Sáez y Avilés (MSyA).
Entre ese año y 2026, el jurista representó corporativamente a Andex Minerals SpA, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, Tulsa S.A., Interchile S.A., Agrícola Tarapacá S.A. y Cal Austral S.A., realizando al menos ocho audiencias de lobby ante diversas reparticiones estatales.
El cruce de roles resulta especialmente complejo en casos donde el propio Ibarra conoció los expedientes como fiscalizador antes de defender a las empresas, creando una "puerta giratoria" de idas y vueltas.
Minera Collahuasi: Enfrenta un procedimiento desde 2017 por severos daños hídricos en el Salar de Coposa. Ibarra, en su anterior paso por la SMA, evaluó e hizo observaciones a los Planes de Cumplimiento (PDC) presentados por la minera. Posteriormente, en mayo de 2026, acudió como lobbista de la compañía ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) tras la anulación judicial de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de su planta desaladora. La eventual reapertura del caso sancionatorio recaerá en la administración que hoy encabeza.
Interchile S.A.: La eléctrica acumula investigaciones por afectación de 120 hectáreas de bosque nativo en el trazado Cardones–Polpaico. Ibarra aprobó formulaciones de cargos en su época pública y, en octubre de 2025, intervino en audiencias de lobby representando a la misma firma.
Andex Minerals SpA: Sancionada por efectuar perforaciones mineras sin RCA en la Reserva Nacional Las Vicuñas.
Agrícola Tarapacá S.A.: Procesada por el funcionamiento irrestricto de instalaciones para 145 mil aves en el Valle de Lluta, generando focos insalubres para la población.
Tulsa S.A.: Sancionada por omitir durante tres años consecutivos los reportes obligatorios de monitoreo de emisiones contaminantes. Ibarra ejerció la representación de la forestal ante la Subsecretaría del Medio Ambiente en el marco de esta causa.
Cal Austral S.A.: Reincidente en faltas gravísimas por acumular conchas marinas con materia orgánica, generando elevadas concentraciones de amoniaco y vectores. El actual superintendente la representó ante la Subsecretaría del Medio Ambiente en gestiones ligadas al caso abierto en la SMA.
Ante este panorama, surgen cuestionamientos sobre cómo los funcionarios subalternos resolverán los casos de firmas que fueron representadas por su jefe actual. Al ser consultado sobre el resguardo de la imparcialidad, Ibarra aseveró que notificó a los privados y que no intervendrá en las causas.
Respecto al mecanismo legal para abordar este escenario, el superintendente afirmó: “Operará la subrogancia, que es la forma que determina la ley”.
En relación con el canal oficial mediante el cual se formalizará su alejamiento de las causas, sostuvo: “Se ejercerá el deber de abstención en cada caso. Para dar trazabilidad a estas abstenciones, ya informé formalmente al área jurídica de las empresas involucradas”.
Frente al procedimiento en particular que involucra la paralización de la desaladora de Collahuasi, la autoridad remarcó que “este caso está en la División de Sanción y Cumplimiento, por lo que en virtud del deber de abstención y la separación de funciones no me puedo pronunciar”.
Finalmente, sobre el debate en torno a los profesionales que ingresan a la alta dirección pública provenientes del ámbito privado o de asesorías corporativas, el titular de la SMA argumentó: “Suele ocurrir que a estos cargos llegan personas que trabajamos con grupos de interés (comunidades, titulares, ONG). Aquello no es un problema porque no hay una inhabilidad, pero sí existe el deber de abstención que debe ejercerse siempre”.
Los procesos infraccionales contra las seis corporaciones se mantienen vigentes dentro del órgano fiscalizador y deberán cursar su tramitación administrativa bajo el periodo institucional que lidera Ibarra.
