La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó las condenadas en contra de Krassnoff y Espinoza, exagentes de la DINA que ya suman años de privación de libertad por delitos de lesa humanidad.
Una nueva condena para Miguel Krassnoff y Pedro Espinoza fue ratificada por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, esta vez por el caso de secuestro y tortura contra dos miembros del Comité Central del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), entre diciembre de 1974 y septiembre de 1975.
Se trata de una condena por 12 años que se suman a los más de mil años de cárcel decretados contra Krassnoff y a los más de 100 años dictados contra Espinoza. ambos exagentes de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) cometiron múltiples delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.
A su vez, el exsargento segundo de Carabineros, José Aravena Ruiz, fue condenado a 7 años cárcel como autor del secuestro calificado de una de las víctimas.
La abogada querellante, Carolina Vega, valoró la condena confirmada por los ministros Hérnan Alejandro Crisosto y Mauricio Rettig (s): “después de décadas de impunidad, por fin se ratifica la condena contra los responsables de torturas brutales. Los familiares han cargado durante años con el dolor y las secuelas de estos crímenes”, expresó.
Agregó que “el Estado y el Poder Judicial tienen una deuda con ellos que se ha ido pagando poco a poco. Este fallo no borra el sufrimiento, pero marca un punto de quiebre frente a una deuda histórica que aún sigue pendiente”.
En el marco del montaje "Conferencia de prensa" orquestado por la DINA en 1975, los miristas Cristian Mallol Comandari y Héctor González Osorio, fueron detenidos y trasladados a Villa Grimaldi, para luego ser torturados y obligados a dar un falso punto de prensa en el que daban a conocer una lista de supuestos dirigentes y militantes del MIR que se encontraban muertos, detenidos o exiliados.
El objetivo era hacerle creer a la opinión pública que habían sido derrotados, instando a los adherentes a bajar las armas y rendirse. La operación fue planificada por Pedro Espinoza.
El Informe Rettig señaló que "la DINA logró difundir datos falsos sobre los detenidos por boca de las propias víctimas y con esto, se les hacía partícipes forzados en el engranaje represivo".
