El Gobierno de Chile busca reformular el Mineduc con un plan que prioriza la seguridad en colegios y la supresión del sistema de 'Tómbola'.
Gobierno y nuevos lineamientos para el Mineduc.
El gobierno dará un nuevo rumbo al Ministerio de Educación con el reordenamiento de prioridades que desplazarán el sello del exministro Cataldo, enfocado en el fortalecimiento de la educación pública, para centrarse en el reforzamiento de la seguridad en los colegios y el fin de la llamada "Tómbola".
Su nuevo ordenamiento responde a la narrativa que, desde la campaña presidencial, ha difundido el presidente José Antonio Kast, en búsqueda de un giro que rompa la "continuidad" del gobierno anterior, incluyendo el fin a propuestas ya implementadas. Sin embargo, el principal desafío del mandatario será concretar avances de su agenda con menos recursos, debido a los recortes instruidos por Hacienda, que afectan a todos los ministerios.
Estas directrices 2026-2030 fueron publicadas en la Dirección de Presupuestos (Dipres) —con acceso restringido—, según información de La Tercera.
El polémico sistema de selección aleatoria implementado en colegios, conocido como "tómbola", fue instaurado en 2017 en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, con el fin de acabar con selecciones arbitrarias, en el marco de la Ley de Inclusión y bajo la consigna de que la educación es un derecho.
La medida generó una serie de críticas de padres y madres que alegaban que el mérito quedaba desplazado en favor del azar, limitando el "derecho" de los apoderados a escoger el colegio de sus hijos.
Sin embargo, el presidente Kast buscará darle término a este sistema con el propósito de "garantizar el derecho de las familias a elegir el proyecto educativo que mejor responda a sus valores y necesidades". Para cumplir este objetivo, deberá modificar el el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
Desde su campaña, el mandatario hablaba de "recuperar" la educación pública a través del combate de la violencia escolar. En ese sentido, la consigna es "Tolerancia Cero" con episodios que pongan en peligro a la comunidad educativa y, por el contrario, "garantizar entornos escolares seguros y libres de violencia".
Para cumplir esta meta, el gobierno trabajará por aplicar "estándares de convivencia claros y mecanismos efectivos de sanción". De hecho, los primeros dos proyectos presentados ya apuntan en esa dirección: Escuelas Protegidas, que permite la revisión de mochilas a estudiantes y profesores, sanciones a la interrupción de clases y negación de la gratuidad a quienes tienen condenas; y el proyecto de ley que endurece penas a menores de edad que comentan actos de violencia.
A ello, se suman iniciativas como la instalación de detectores de metales en establecimientos educacionales, que si bien ya esta publicada en el Diario Oficial, su materialización se realizará luego de que el Mineduc y Seguridad Pública definan un reglamento que establezca los criterios técnicos para ser adoptados por colegios.
Las metas en materia de seguridad y combate a la violencia escolar deberán concretarse con menos recursos, debido a los recortes que el mismo gobierno instruyó a todos sus ministerios —en la mayoría aplica un 3%—. En ese sentido, se configura como un desafío tanto para Arzola como para el propio mandatario.
Por ejemplo, una de las críticas de la oposición frente a la instalación de detectores de metales fue quien asume los gastos. Esta misma discusión se dio el año pasado, siendo el mismo exministro Cataldo quien explicaba acerca de las "grande magnitudes" de desembolso fiscal para su implementación.
"Según lo que señalábamos de estudios comparados en Estados Unidos que hablaban de US$5.000 por pórtico, más la mantención posterior de guardias de seguridad para operar. Todo lo anterior sin la certeza además de que efectivamente esto funcione", expresó en ese periodo la exautoridad.
