Académicos piden al gobierno priorizar el diálogo y advierten que el “registro de vándalos” agrava el conflicto social y castiga desproporcionadamente.
Represión a movilizaciones estudiantiles el 3 de junio de 2026, tras política del gobierno y anuncio de Registro de Vándalos e Incivilidades. Créditos: Agencia Uno.
Más de 150 académicas y académicos de la Universidad de Chile —entre ellos decanos, Premios Nacionales y exministros— difundieron una declaración pública en la que expresan su preocupación por el tratamiento que han recibido las movilizaciones estudiantiles en el país y la línea política que ha seguido el gobierno en materia de educación.
En el documento, el grupo cuestiona el uso de medidas represivas frente a las demandas sociales y advierte sobre sus posibles consecuencias.
"Manifestamos nuestra más profunda preocupación y categórica condena ante los recientes actos de represión dirigidos hacia las y los estudiantes de nuestro país. El derecho a la manifestación y a la protesta social es un pilar inalienable de cualquier sociedad democrática y un ejercicio ciudadano fundamental", se lee en el documento.
A su juicio, este tipo de respuestas no solo profundiza el conflicto, sino que también afecta principalmente a los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto marcado por iniciativas legislativas que podrían impactar las condiciones de vida de la población, como la Ley Miscelánea o megareforma.
Asimismo, las y los académicos cuestionaron el anuncio del Registro de Vándalos e Incivilidades, que "terminan castigando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad", proyectando que la medida solo lograría "sembrar más descontento y desesperanza".
Los firmantes sostienen que las actuales movilizaciones no son aisladas, sino que responden a problemáticas estructurales. En ese sentido, apuntan a la falta de un Estado de Bienestar como uno de los factores que explican el malestar social y la búsqueda de cambios por parte de las nuevas generaciones.
"Nuestros estudiantes no se movilizan en el vacío. Salen a las calles impulsados por la legítima necesidad de forjar un horizonte viable para ellos, sus familias y la sociedad en su conjunto. Les ha tocado habitar un mundo que hoy ofrece escasas oportunidades, y sus demandas apuntan a una carencia estructural de nuestro país: la ausencia histórica de un verdadero Estado de Bienestar", sostienen.
Por lo tanto, expresan un "llamado de atención a las autoridades de gobierno: una democracia solo se engrandece y se legitima cuando garantiza el ejercicio pleno de la libertad de expresión. Advertimos con gravedad que responder a las demandas sociales con represión y amenazas de restricción de derechos fundamentales es un profundo error histórico".
Finalmente, "instamos al gobierno a deponer las medidas represivas y a abrir canales reales de diálogo. A las autoridades que miran con admiración los sistemas de desarrollo europeos, les recordamos un principio básico de dichos modelos: no existe crecimiento, estabilidad económica ni paz posible sin un tejido social cohesionado y protegido".
