Fiscalización detectó 762.326 dosis vencidas, casi 2,9 millones sin destino acreditado y 208 registros de vacunación posteriores a fallecimientos.
Vacunas contra la Influenza - Agencia Uno
La Contraloría General de la República detectó una serie de irregularidades en la campaña de vacunación contra la influenza de 2024 del Ministerio de Salud (Minsal), entre ellas el vencimiento de 762.326 dosis que permanecieron almacenadas sin ser distribuidas, problemas para establecer el destino de otras 2.906.653 vacunas y 208 registros de inoculación asociados a personas fallecidas.
La fiscalización también determinó un perjuicio fiscal de $3.640.544.800 por las dosis que vencieron sin ser utilizadas. El informe apunta a deficiencias en la gestión de la entonces administración del Ministerio de Salud, encabezada por la exministra Ximena Aguilera y la exsubsecretaria de Salud Pública Andrea Albagli.
Según el reportaje de Mega, para la campaña de inmunización contra la influenza de 2024, el Ministerio de Salud adquirió aproximadamente 9,6 millones de dosis. De ese universo, 762.326 vacunas compradas a Sinovac Biotech y Sanofi Pasteur vencieron mientras permanecían en dependencias del operador logístico contratado por la Subsecretaría de Salud Pública.
Según la fiscalización, estas dosis representaron un costo de $3.640.544.800 para el Estado. La Contraloría estableció, además, que la Subsecretaría no acreditó haber agotado todas las alternativas disponibles para gestionar o redistribuir oportunamente las vacunas antes de su vencimiento.
El organismo fiscalizador formuló un reparo por ese monto, procedimiento destinado a perseguir eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas del perjuicio al patrimonio público.
En sus descargos ante Contraloría, la Subsecretaría de Salud Pública explicó que el vencimiento de las dosis estuvo relacionado con una disminución de la demanda y con la necesidad de utilizar vacunas actualizadas para las cepas de influenza correspondientes a cada temporada.
La actual ministra de Salud, May Chomalí, abordó el informe y explicó que las vacunas contra la influenza no pueden utilizarse simplemente en la temporada siguiente, debido a que su composición cambia de acuerdo con las cepas que circularán durante cada invierno.
“Las vacunas contra la influenza no se pueden usar de un año a otro”, señaló Chomalí a Emol, agregando que incluso una dosis que todavía no haya vencido no necesariamente puede utilizarse en la temporada siguiente por la actualización de su composición.
Otro de los hallazgos de la investigación corresponde a 2.906.653 vacunas cuyo destino no pudo ser determinado a partir de los registros revisados.
Las dosis no aparecen como administradas ni figuran registradas como vencidas dentro de los antecedentes considerados por la fiscalización. Esto impidió establecer con certeza qué ocurrió con ese universo de vacunas.
El problema fue vinculado a deficiencias de trazabilidad y coordinación entre los sistemas utilizados para registrar las inmunizaciones y controlar el stock.
La ministra Chomalí reconoció esta dificultad y señaló que uno de los proyectos priorizados por su cartera consiste en avanzar hacia una mayor integración de los sistemas. En particular, planteó la necesidad de conectar el registro nominal de inmunizaciones con el control de existencias.
La fiscalización también encontró 208 registros de vacunación cuya fecha es posterior al fallecimiento de la persona asociada al RUN registrado.
El hallazgo no significa, por sí solo, que 208 personas fallecidas hayan recibido físicamente una vacuna. Lo constatado por Contraloría corresponde a registros informáticos que presentan una fecha de inoculación posterior a la fecha de defunción.
En 58 casos coincidieron el nombre y el RUN con los antecedentes del Registro de Defunción. En los otros 150, solo coincidió el RUN, situación que puede estar relacionada con errores en el ingreso de información y que debe ser aclarada.
Algunos de los registros presentan diferencias de hasta 61 años entre la fecha de fallecimiento y la supuesta fecha de vacunación, según los antecedentes difundidos a partir del informe.
Chomalí sostuvo que quiere creer que estos casos corresponden a un problema de calidad del registro y explicó que el actual sistema puede permitir inconsistencias de este tipo.
