La Contraloría General de la República intensificó su fiscalización sobre el gobierno de José Antonio Kast y se trasladó hasta el Palacio de La Moneda en medio de la creciente polémica por los gastos asociados al cambio de mando presidencial y los pagos a integrantes de la denominada Oficina del Presidente Electo (OPE).
Contraloría fiscaliza al gobierno de Kast tras oficios de pagos en la OPE y gastos del cambio de mando
Contraloría arribó al palacio tras los oficios presentados por supuesto uso de recursos públicos en gastos como funcionaros OPE y lo ocurrido el 11 de marzo.
El movimiento del ente contralor se da en paralelo a las revelaciones sobre desembolsos realizados desde Presidencia a colaboradores que participaron en la etapa previa a la asunción del mandatario, lo que está generando cuestionamientos políticos y abrió un nuevo flanco para el Gobierno.
Contraloría revisa gastos del cambio de mando y pagos de la OPE
Según antecedentes conocidos durante esta jornada, la Contraloría inició diligencias para revisar en detalle los gastos vinculados a la ceremonia de cambio de mando y eventuales pagos a miembros de la OPE, instancia clave en la transición presidencial.
Esto ocurre luego de que saliera a la luz que al menos 11 personas ligadas a dicha oficina recibieron pagos por trabajos realizados antes del 11 de marzo, incluyendo labores de coordinación, comunicaciones y apoyo directo al entonces presidente electo.
Los montos, que fluctúan entre los $333 mil y $1,5 millones, fueron registrados en documentos de Transparencia y han sido objeto de críticas desde la oposición, que exige aclarar si estos recursos provinieron de fondos públicos.
La revisión del organismo fiscalizador también apunta a esclarecer el uso de recursos en actividades relacionadas con el cambio de mando, un proceso que históricamente contempla gastos logísticos, ceremoniales y administrativos financiados por el Estado.
Gobierno niega uso de recursos públicos
Frente a la controversia, desde el Ejecutivo han descartado irregularidades y niegan que se hayan utilizado recursos fiscales para financiar el funcionamiento de la OPE o actividades cuestionadas.
Autoridades han insistido en que los gastos asociados a instancias privadas han sido cubiertos con recursos personales y que toda la información requerida será entregada a la Contraloría por los canales institucionales correspondientes
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