La Contraloría inició un sumario para determinar responsabilidades por demoras en investigaciones administrativas.
Contraloría General de la República. Créditos: Agencia Uno.
Un total de 485 funcionarios públicos seguían recibiendo remuneración mientras se encontraban suspendidos preventivamente en el marco de sumarios administrativos por periodos que, en algunos casos, se extendieron por más de 3 años, según reveló este lunes la Contraloría General de la República (CGR).
Se trata de funcionarios suspendidos durante investigaciones administrativas entre 2020 y 2026, de acuerdo con el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°25 de la Contraloría.
De hecho, en al menos 10 casos en donde más se extendió la suspensión de los funcionarios, el Estado gastó $671 millones.
Cabe destacar que los antecedentes de la Contraloría no incluyen a los municipios, solo a las instituciones de la Administración Central.
Entre los casos detectados por la Contraloría, 13 funcionarios se encontraban suspendidos desde hace más 4 años, mientras que 17 acumulaban entre 3 y 4 años.
En total, son 30 los casos en que los trabajadores se mantenían suspendidos por más de 3 años, recibiendo remuneración.
Entre las instituciones donde se registraron estos periodos extensos se encuentra el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez), con un funcionario suspendido por 4 años y 7 meses. Le siguen los casos de los SLEP de Santiago Centro (4 años y 6 meses) y SLEP Atacama (4 años y 2 meses).
En la misma línea, otros 22 funcionarios suspendidos percibían remuneración en el marco de otras actividades mientras eran investigados por sus respectivas instituciones, según indicó el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Además, del total de 485 funcionarios, 2 se encontraban cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que otros 20 casos quedaron en manos de un fiscal que ya no trabaja en el servicio. Asimismo, la Contraloría detectó decena de casos de trabajadores suspendidos que viajaron al extranjero o asistieron a casinos bajo esta condición.
Desde Contraloría indican que los procesos de investigación disciplinaria no deberían exceder los 60 días hábiles previstos en la normativa, según el Instructivo N°29, del 16 de septiembre de 2026. Sin embargo, la medida no debe ser levantada si aún existe "riesgo para la investigación".
Respecto a la remuneración, los funcionarios suspendidos pueden seguir recibiendo sus ingresos, pero "debe mantenerse solo mientras resulte necesaria para asegurar el éxito de la indagación".
Sobre el monitoreo de la investigación, cuando los procesos disciplinarios se extienden, la autoridad que instruyó el proceso debe "revisar su estado, adoptar medidas para acelerar su tramitación y evaluar eventuales responsabilidades por las demoras".
En ese sentido, los 30 casos que superaron los 3 años de suspensión fueron trasladados a Contraloría para "continuar su tramitación". Por lo tanto, se investigará si quienes instruyeron los sumarios son responsables de la extensión de dicho proceso y no efectuaron un control oportuno.
En el caso de las suspensiones que acumulan más de un año, la Contraloría instruyó a las instituciones informar en un plazo de 15 días hábiles el avance de la investigación, su justificación y reportar acciones para agilizar el término. Asimismo, deberán comenzar procedimientos disciplinarios con el fin de determinar posibles responsabilidades por las demoras.
Las medidas de la Contraloría también aplicarán a otros servicios específicos con el fin de fiscalizar la veracidad de los antecedentes recibidos, con principal foco en casos donde no se entregó el total de la información solicitada o donde no resulte convincente los datos reportados. Lo anterior también incluirá a los municipios.
