Durante 2024, una funcionaria municipal denunció episodios de acoso laboral dentro de su lugar de trabajo. El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena analizó los antecedentes y concluyó que existieron vulneraciones a sus derechos tras el término de su vínculo con la Municipalidad de La Higuera.
Concejala gritó, golpeó escritorio y amenazó a funcionaria municipal: Municipio deberá pagarle más de $29 millones a afectada
El Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena condenó a municipio por acoso laboral y no renovar contrata tras denuncia de funcionaria.
En el juicio se acreditó que una concejala acudió a la oficina de la trabajadora, gritó, golpeó un escritorio y la amenazó con perjudicarla en el concejo municipal, generando un ambiente hostil. Estos hechos ocurrieron en diciembre de 2024, pocos días después de asumir el cargo.
La funcionaria denunció lo ocurrido mediante un correo electrónico dirigido a la alcaldesa, solicitando intervención.
Sin embargo, el tribunal estableció que no hubo acciones concretas por parte de la autoridad comunal y que, por el contrario, el 31 de diciembre de ese mismo año se le informó que no se renovaría su contrata ni su contrato de prestación de servicios.
¿Qué decidió el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena?
La jueza Karen Alfaro López determinó que la cercanía temporal entre la denuncia y el término del vínculo laboral constituye un indicio de represalia.
En el fallo se señala que “se vulneró el derecho a la integridad psíquica de la demandante con ocasión del término de la contrata”, reconociendo también la afectación a la garantía de indemnidad.
Por estos hechos, se condenó a la Municipalidad de La Higuera al pago de diversas indemnizaciones, entre ellas $10.909.542 por tutela de derechos fundamentales, $1.558.506 por aviso previo, $12.468.048 por años de servicio y un recargo de $6.234.024, además de feriados y cotizaciones previsionales.
Como medida adicional, el tribunal ordenó realizar capacitaciones obligatorias dirigidas a jefaturas y al concejo municipal sobre derechos fundamentales en la administración pública, las que deberán ejecutarse dentro de un plazo de cuatro meses.
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