Una querella de la Municipalidad de San Felipe contra el concejal Ronald Olivares desató una historia con varias versiones y una acusación de falso secuestro.
Concejal de San Felipe dijo que lo obligaron a consumir "falopa" - Captura de pantalla Canal 13
El concejal de San Felipe, Ronald Olivares, insistió públicamente en que fue víctima de un secuestro, pese a que la municipalidad presentó una querella en su contra por una presunta denuncia falsa. Los hechos ocurrieron hace poco más de un año, y la municipalidad actúa legalmente por el posible uso de recursos públicos para la compra y consumo de drogas ilícitas.
Si bien los hechos ocurrieron hace poco más de un año, en enero 2025, durante estos últimos días se conocieron más detalles, lo que motivó la acción legal de la casa edilicia por el uso de recursos públicos para la compra y consumo de drogas ilícitas.
En entrevista con el matinal “Tu Día” de Canal 13, Olivares afirmó que fue interceptado por desconocidos armados, quienes lo habrían obligado a comprar y consumir drogas bajo amenazas.
“Tuve que acceder a todo lo que ellos me pedían”, aseguró, agregando que actuó como un “cajero automático” para sus captores. El concejal también reconoció el consumo de cocaína, pero sostuvo que ocurrió bajo presión, insistiendo en que su versión inicial fue mal interpretada en el documento policial.
Sin embargo, la declaración que Olivares entregó anteriormente a Carabineros indica que salió voluntariamente a comprar drogas, utilizando incluso dinero correspondiente a viáticos municipales.
En ese testimonio, el edil habría señalado que acompañó por decisión propia a sujetos para adquirir droga, consumiendo alcohol y estupefacientes, lo que contradice directamente su actual relato de secuestro.
Estas inconsistencias han sido clave en el cuestionamiento público y mediático del caso, incluso durante entrevistas en vivo donde se le han leído sus propias declaraciones previas.
Frente a estos antecedentes, la Municipalidad de San Felipe, encabezada por la alcaldesa Carmen Castillo, interpuso una querella por un eventual falso secuestro, apuntando a “posibles irregularidades” en la denuncia realizada por el concejal.
Desde el municipio sostienen que corresponde a la justicia determinar la veracidad de los hechos, considerando además el eventual uso indebido de recursos públicos en la compra de drogas.
