La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene una investigación contra la senadora Camila Flores (RN) por presuntos delitos funcionarios de corrupción, entre ellos fraude al Fisco reiterado.
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La investigación por corrupción contra la senadora Camila Flores (RN) tuvo novedades esta semana al conocerse $200 millones que no cuadran y gestiones por su madre.
Senadora Camila Flores sigue bajo investigación - Agencia Uno
La Fiscalía Regional de Valparaíso mantiene una investigación contra la senadora Camila Flores (RN) por presuntos delitos funcionarios de corrupción, entre ellos fraude al Fisco reiterado.
La causa se inició tras una denuncia anónima recibida en octubre de 2025, cuando Flores ejercía como diputada, y posteriormente se conocieron antecedentes vinculados a las remuneraciones de sus colaboradores, la tramitación de la Ley de Notarios y otras gestiones realizadas durante su período parlamentario.
El caso es conocido públicamente como “Cuota Flores”, denominación utilizada para referirse a la denuncia sobre una eventual devolución de parte de los sueldos de trabajadores de su equipo parlamentario.
Según declaró ante la Fiscalía uno de sus excolaboradores, se les habría exigido entregar parte de sus remuneraciones en efectivo. Se trata de antecedentes que forman parte de una investigación aún en desarrollo.
La investigación comenzó luego que el Ministerio Público recibiera, en octubre de 2025, una denuncia anónima contra la entonces diputada por presuntos delitos funcionarios, entre ellos fraude al Fisco en carácter reiterado. La Fiscalía informó posteriormente que los antecedentes fueron puestos en conocimiento del Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Uno de los principales antecedentes corresponde a la denominada “Cuota Flores”. Un excolaborador declaró que a trabajadores contratados con cargo al equipo parlamentario se les habría exigido entregar a Flores una parte significativa de sus sueldos en efectivo. Además, el exasesor Julio Lillo presentó una querella relacionada con esos hechos y declaró ante la Fiscalía sobre supuestas entregas de dinero.
Durante las diligencias también fueron revisadas comunicaciones entre Flores y personas de su equipo. Entre los antecedentes dados a conocer recientemente aparece un intercambio relacionado con rendiciones de campaña, en el que la entonces diputada señaló: “Si tenemos 160, estoy perdiendo como $80 millones”. El contenido forma parte de los antecedentes que el Ministerio Público analiza en la investigación.
Una de las nuevas aristas conocidas esta semana corresponde a información tributaria correspondiente a 2025.
Según T13, en la información revisada por la Fiscalía aparece un monto de $228.319.963 por facturas recibidas o facturas de compra emitidas durante 2025, cifra que el documento señala como superior a los ingresos informados para ese período. El antecedente fue remitido al Servicio de Impuestos Internos (SII).
El monto, por sí solo, no establece la existencia de un delito. La Fiscalía busca determinar a qué corresponden esas operaciones y cómo se relacionan con los demás antecedentes incorporados a la causa.
Otra línea de investigación surgió a partir de un oficio enviado por Flores en agosto de 2025, cuando todavía era diputada, a la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos.
El documento consultaba por la demora en la inscripción de un terreno perteneciente a Verónica Oporto González, madre de la parlamentaria. En el oficio, Flores solicitaba aclarar cuál era el trámite pendiente para concretar la inscripción y señalaba que el tiempo transcurrido había generado incertidumbre para su madre.
El funcionario de la Seremi que recibió el documento declaró ante la Fiscalía que las consultas provenientes de la Cámara habitualmente eran generales y no correspondían a trámites específicos, por lo que esta solicitud le llamó la atención.
La Fiscalía también tomó declaración a Luis Rojas, prosecretario de la Cámara de Diputadas y Diputados. Según su testimonio, si hubiera sabido que la persona relacionada con la gestión era la madre de Flores, le habría advertido sobre el eventual inconveniente que podía generar una consulta de ese tipo.
También declaró Benjamín Rodríguez, exasesor legislativo de la bancada de diputados de RN y encargado de redactar el oficio. Rodríguez señaló que sabía que la consulta correspondía a un inmueble de la madre de Flores y sostuvo ante la Fiscalía que él no habría realizado una gestión de ese tipo si hubiera sido parlamentario.
La investigación también incorporó antecedentes relacionados con la participación de Flores en la Comisión Mixta que revisó la Ley de Notarios, durante su período como diputada.
Jorge Mera, asesor jurídico de la Cámara, declaró ante la Fiscalía que observó un cambio en la participación de Flores durante esa instancia. Según su testimonio, pasó de una actitud que describió como pasiva o desinteresada a intervenir de manera continua, participar en las votaciones, formular reservas de constitucionalidad y presentar propuestas sometidas a votación.
El Ministerio Público busca establecer qué explica ese cambio y si existe alguna relación con otros antecedentes incorporados a la investigación. La declaración de Mera, por sí sola, no acredita que haya existido un vínculo entre la actuación parlamentaria de Flores y algún pago o beneficio ilícito.
En esta misma arista aparece un episodio relacionado con Carlos Swett, entonces presidente de la Asociación de Notarios y Conservadores. El exasesor Julio Lillo declaró haberlo visto entregar un sobre a Flores durante 2025. Swett reconoció la entrega, pero sostuvo que el sobre contenía documentos y no dinero. La defensa de la senadora también ha descartado que ese episodio correspondiera a una entrega de dinero.
A septiembre de 2026, la investigación de la Fiscalía Regional de Valparaíso continúa abierta. Las diligencias abarcan distintas líneas: la denuncia por la denominada “Cuota Flores”, los antecedentes sobre rendiciones de campaña, la información tributaria correspondiente a 2025, la gestión realizada ante Bienes Nacionales por el terreno de su madre y la participación de Flores en la tramitación de la Ley de Notarios.
Flores ha negado las acusaciones vinculadas a la investigación y ha cuestionado públicamente la denuncia que dio origen a la causa. La investigación, hasta ahora, corresponde a una indagatoria en curso y los antecedentes conocidos forman parte de diligencias destinadas a establecer eventuales responsabilidades.
